El exdirector de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, Ricardo Soiza, quedó imputado como jefe de una asociación ilícita que se dedicó a estafar a la administración pública en por lo menos 63 millones de pesos, y al menos entre enero y julio de este año. Lo hizo, entre otros métodos, mediante 4.335 extracciones con tarjetas de débito de cuentas con dinero que les correspondía a desocupados que recibían un subsidio.
Como uno de sus colaboradores directos quedó imputado el ex jefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Osuna, en cuyas cuentas bancarias, los últimos dos años depositaron 25 millones y 21 millones de pesos respectivamente sin que se conozca el origen. Sus ingresos anuales por el sueldo superan apenas el millón de pesos, y ejerce además como gasista.
Con igual nivel de responsabilidad quedó involucrado en la causa Néstor Sanz, ex director de Fiscalización del Ministerio. Otras 17 personas, muchas de ellas exempleadas de ese organismo, también fueron imputadas como parte de la asociación ilícita. Además, como anticipó Río Negro, se les atribuyó fraude a la administración pública y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito «obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño».
La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, el asistente letrado Juan Manuel Narváez Barraza (reciente ganador de un concurso para fiscal); el fiscal del caso Marcelo Silva, y contó con la adhesión de Gustavo Kohon en representación de la fiscalía de Estado.
La jueza Estefanía Saulí tuvo por formulados los cargos, y también aceptó la inhibición y embargo de bienes y cuentas bancarias que propuso la fiscalía, salvo las cuentas sueldo. Nadie quedó detenido.
El defensor particular Alfredo Cury, quien asiste a la mayoría de los acusados, afirmó por su parte que Soiza «no tenía facultades para designar beneficiarios de planes sociales ni distribuir dinero; eso lo hacía el ministro. Es una cuestión normativa, además de que la fiscalía no tiene ninguna prueba».
Durante la audiencia, que se extendió desde las 9 hasta las 16, el fiscal Vignaroli invocó la resolución 29/18 del 19 de febrero del 2018 que creó el subsidio provincial para la desocupación laboral y delegó en la dirección de Planes Sociales la facultad de gestionar y controlar los pagos.
La banda, según la acusación, tenía diferenciados sus roles: los reclutadores eran referentes barriales que detectaban personas vulnerables que podían calificar para un subsidio; los ejecutores aprobaban los listados y emitían las órdenes para que les acrediten los fondos, y los extractores iban a los cajeros automáticos del Banco de la Provincia de Neuquén con las tarjetas de débito de los beneficiarios y hacían los retiros.
A los titulares de las cuentas les depositaban 49.000 pesos, pero los extractores les entregaban entre 3.000 y 10.000. Qué hacían con el resto aún se ignora, aunque la sospecha es que lo aportaban para financiar campañas políticas.
Había otra forma de defraudación, según Vignaroli. Puso como ejemplo que el 28 de enero del 2022 se aprobó el pago de subsidios a 3.681 beneficiarios; y Soiza firmó la autorización recién el 25 de febrero siguiente, y para 4.863 personas.
«Queda claro: se enviaba un correo a Tesorería con el verdadero monto a acreditar, y Soiza hacía figurar a más beneficiarios con menores montos», indicó el acusador. «A través de esta maniobra, y las extracciones con tarjetas ajenas, entre enero y febrero la asociación ilícita se quedó con 63.445.200 pesos».
Acusó a Soiza, Osuna y Sanz de 4.335 estafas cometidas mediante extracciones ráfaga. Llaman así a las extracciones por cajero con varias tarjetas ajenas, que quedaron registradas en las cámaras de vigilancia. (RN)
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