Una página del sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Acnudh) alberga las cartas (conocidas oficialmente como «comunicaciones») de los y las especialistas en derechos humanos, conocidos como  los relatores especiales, a los presuntos autores de los abusos, generalmente los gobiernos.

En la mayoría de los casos, la página también alberga la respuesta, pero en algunos casos recientes ha aparecido un documento que dice: «La respuesta del gobierno no se hace pública debido a su carácter confidencial».

Ese mensaje aparece al menos en el caso de cuatro gobiernos -Ecuador, Guatemala, India y Nepal- y de una entidad no gubernamental, la empresa tabacalera británica Imperial Brands PLC.

Esa retención de información, dicen los defensores, es inaceptable porque la persona que envió la denuncia de una violación de los derechos humanos, a veces con riesgo de sufrir daños personales, merece saber cómo está respondiendo el gobierno.

“Hay un gran esfuerzo por parte de quienes envían información sobre incidentes de violaciones de derechos humanos que les ocurren, y los envían a los relatores aun sabiendo que puede haber riesgo para sus vidas», dijo a IPS Victoria Tauli-Corpuz, directora ejecutiva de la organización filipina Tebtebba, que promueve los derechos indígenas.

La especialista filipina fue relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas entre 2014 y 202o.

“Parte del proceso de resolución de los asuntos presentados ante los relatores especiales es que las víctimas lean la respuesta del Estado, que será la base para los siguientes pasos que puedan dar. Retener la publicación de las respuestas es un callejón sin salida para la posible resolución de los problemas», añadió Tauli-Corpuz en una entrevista desde Manila.

La Acnudh, con sede en la ciudad suiza de Ginebra, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el aparente cambio en el proceso.

Las comunicaciones también pueden incluir objeciones a leyes o prácticas que contravengan las normas de derechos humanos. En 2021, los expertos enviaron un total de 1002 comunicaciones a 149 países y 257 «actores no estatales», entre los que se incluyen empresas y organismos y agencias internacionales, según un informe de la Acnudh.

De esas comunicaciones, 651 recibieron respuesta.

En las 1002 comunicaciones se hizo referencia a 2256 presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos. No se dispone de estadísticas sobre el número de solicitudes de confidencialidad de las comunicaciones, añade el informe.

Una defensora de Derechos Humanos con sede en Nepal dijo a IPS que no le sorprende que los Estados hayan solicitado la confidencialidad, pero sí lo hizo el saber que se había concedido la solicitud.

“Las personas y las organizaciones piden ayuda a la ONU porque sus gobiernos no responden a estas cuestiones; deberían recibir información actualizada», afirmó Mandira Sharma, abogada de derechos humanos con experiencia en los organismos de la ONU. “De lo contrario, ¿por qué se comprometería alguien?”, se preguntó.

Para Sharma, “a menos que haya información muy crítica que ponga en peligro la vida de alguien, deberían poder hacer pública la información».

No es raro que la respuesta de un gobierno incluya partes de la información ocultada con tachaduras.

Debería existir un espacio para que los expertos en derechos humanos y los países puedan mantener conversaciones privadas sobre las denuncias, afirma Sarah M. Brooks, directora de programas del no gubernamental Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

“Pero el proceso de comunicación se basa en la información procedente del terreno, de las víctimas y los defensores, que a menudo corren grandes riesgos al compartirla con la ONU”, afirmó en una entrevista en línea desde Ginebra, la sede de la organización.

A juicio de la especialista, “mantener la confidencialidad de las respuestas de los Estados no concuerda con el propósito del procedimiento de comunicación ni con el principio de respetar y empoderar a las víctimas en su desarrollo».

“Ceder a las peticiones de los Estados de mantener la confidencialidad de cierta información, es decir, no compartir información que podría salvar vidas con las víctimas, los familiares y los abogados, sería un grave error por parte de cualquier agente de la ONU», añadió Brooks. (IPS - T: MF / ED: EG)