El último corte de ruta en Añelo, el pueblo ubicado en el corazón de la explotación de petróleo y gas de Neuquén, reaviva un viejo debate por la legitimidad de los reclamos de las comunidades mapuches, que plantean sus derechos ancestrales sobre las tierras de la provincia. Sus demandas por el respeto a la multiculturalidad y el equilibrio del ecosistema se mezclan con intereses nacionales y una puja por los recursos del subsuelo en Vaca Muerta, que podrían transformar el futuro económico de la Argentina.
A diferencia de lo que ocurre en otras provincias patagónicas, Neuquén logró sostener hasta el momento una convivencia más pacífica con las comunidades mapuches. Por eso, el fiscal general de la provincia, José Gerez, no tardó en atribuir el ataque incendiario del mes pasado a máquinas viales en Villa La Angostura a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y asegurar que se trata de un grupo de resistencia foráneo que no tiene representación en tierras neuquinas.
“La RAM es una expresión minoritaria. El pueblo mapuche es pacífico y está en armonía en nuestra provincia”, dijo y agregó: “En Neuquén hay armonía con las comunidades mapuches. No vamos a dejar que estas expresiones violentas entren en nuestra provincia así que vamos a trabajar fuertemente para esclarecer el hecho”.
Sin embargo, el ataque no tardó en ser relacionado con las situaciones más violentas que se viven fuera del territorio provincial, con el desalojo de Villa Mascardi, en Río Negro, como la expresión más elocuente del conflicto. Así, no tardaron en llegar las críticas que acusan a aquellos calificados como “pseudomapuches”; es decir, grupos que se escudan en el reclamo de interculturalidad para defender intereses económicos en una provincia donde los recursos abundan.
Miguel Ángel Pichetto, el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y uno de los exponentes más críticos frente a los reclamos mapuches, calificó de “lamentable” la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo el mes pasado en San Martín de los Andes con los referentes de algunas comunidades tras la inauguración del nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en esa ciudad cordillerana.
Pronto, el diputado nacional por el Frente de Todos por la provincia de Neuquén, Guillermo Carnaghi, salió a responderle a Pichetto. “Las comunidades con las que se reunió Alberto Fernández son mapuches, no ‘pseudo mapuches’, y su preexistencia está documentada, se comprobó científicamente y fue reconocida por el Estado nacional. Le corresponden todas las garantías que establece la Constitución Nacional”, publicó en su cuenta de Twitter.
Encapsular el conflicto mapuche en los movimientos de la RAM deja flancos abiertos. Este lunes, la Confederación Mapuche inició un corte de dos rutas provinciales al amanecer y bloqueó el acceso de los yacimientos de Vaca Muerta. Su principal reclamo se basa en la falta de avances en el relevamiento territorial mapuche, una política que les permite a las comunidades acceder a las personerías jurídicas e identificar a cada agrupación con una ubicación concreta en el mapa. Aunque el gobernador Omar Gutiérrez se comprometió a concluirlo antes del fin de su gestión, las comunidades piden más celeridad en el proceso.
En Neuquén, la personería jurídica de las comunidades funciona como un reconocimiento legal que otorga legitimidad para llevar adelante ciertos reclamos territoriales. Aunque en las últimas décadas varias decenas de grupos obtuvieron esta documentación, muchas de las comunidades que más conflictos han ocasionado no tienen este respaldo legal.
En la actualidad, en Neuquén hay 63 comunidades reconocidas con personería jurídica. En algunos casos, este reconocimiento fue otorgado por la Nación y, en otros casos, por autoridades provinciales. Sin embargo, hay otras que no tienen ningún respaldo legal, como Futa Xayen, que reclama tierras alrededor de Vaca Muerta, donde pasará la traza del gasoducto Néstor Kirchner, desde Tratayén hasta Salliqueló (Buenos Aires).
Pese a ello, el gobierno neuquino sostiene una posición de negociación constante para sostener la convivencia entre las comunidades y evitar los conflictos o las protestas por territorios que, en muchos casos, suspenden las operaciones de las grandes compañías multinacionales en Vaca Muerta, lo que se traduce en pérdidas millonarias para la industria. En ese escenario, el secretario de Estado de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia, Jorge Lara, es el encargado de mantener a raya la conflictividad para generar las garantías jurídicas que permitan la operación en la actividad hidrocarburífera.
Desde el gobierno neuquino, la tensión se administra con momentos de reconocimiento a la interculturalidad y otros de mayor dureza hacia las comunidades. El propio gobernador Gutiérrez saludó a las comunidades en mapundungún (la lengua mapuche) durante la inauguración del hospital en la que estuvo Fernández, y también propuso avanzar con una consulta a los mapuches para definir la traza del gasoducto Néstor Kirchner, una obra ambiciosa que podría incrementar de manera exponencial el desarrollo de Vaca Muerta, pero que podría verse interrumpida o postergada por estos reclamos territoriales.
Así como el gobierno neuquino avanzó en la construcción de un hospital intercultural en la cuenca del Ruca Choroi, donde se combina la medicina occidental con los saberes populares de la cultura mapuche en torno a la salud, también rechazó con firmeza a las concesiones que se habían hecho desde la Administración de Parques Nacionales para declarar al volcán Lanín como sitio sagrado para los mapuches y permitir así que ellos administren este espacio natural.
Por los reclamos neuquinos, el gobierno nacional decidió dar marcha atrás con esta declaración de sitio sagrado, lo que motivó quejas por parte de la Confederación Mapuche de Neuquén, que es liderada por Jorge Nahuel. Tanto Nahuel como su familia provienen de la militancia en el Partido Justicialista y encontraron representación en algunos referentes del kirchnerismo, quienes interpretan parte de sus demandas.
Sin embargo, sostienen una identidad cultural tan fuerte que muchas veces los despega de las corrientes políticas nacionales y que hace que sus alianzas con partidos o líderes particulares no se sostenga en el tiempo. Así, el gobierno provincial apela a la negociación constante como un modo de evitar que la conflictividad sea un obstáculo para el desarrollo productivo.
Los reclamos mapuches en Neuquén tampoco están ajenos a las disputas internas. Durante la consulta por la traza del gasoducto Néstor Kirchner, los referentes de al menos seis comunidades mapuches tomaron de manera pacífica la Casa de las Leyes, en la capital neuquina, para reclamar que no habían sido convocadas para ser parte del debate. Según señalaron, no se sienten representadas por la Confederación ni por la conducción de Nahuel.
Si bien en la provincia hay muchas tensiones y reclamos territoriales activos, no se han producido ataques con el tenor que se vive, por ejemplo, en Villa Mascardi. Por eso, el gobierno provincial no tardó en identificar a la RAM como un agente externo que no tiene representatividad en Neuquén. Por su parte, la propia Confederación Mapuche de Neuquén se desligó del ataque incendiario en Villa La Angostura y aseguró que se trata de un hecho “repudiable”.
En sus redes sociales, aseguraron que la traza de la ruta de circunvalación fue una decisión que Vialidad Nacional realizó de manera inconsulta con las comunidades. Para ellos, su accionar generó el “escenario para un atentado repudiable como el vivido horas atrás con las maquinarias viales siniestradas que da letra a los promotores del odio para demandar la peor de las soluciones, que es criminalizar o militarizar los territorios comunitarios, profundizando un conflicto que es fácil resolver si se respeta la constitución y las leyes”.
En Neuquén, las comunidades basan su capacidad de ejercer presión en la posibilidad de suspender o demorar las obras y operaciones directamente ligadas al desarrollo del petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. Si bien han cortado rutas en el pasado o han ocupado campos para exigir por su derecho ancestral sobre las tierras, también mantienen la armonía dentro de la provincia a partir de las conquistas de algunas reivindicaciones multiculturales, como la construcción del hospital de Ruca Choroi.
De esta manera, el escenario se diferencia del que se vive, por ejemplo, en Chubut y Río Negro, aunque hay focos de alerta que no se desactivaron a tiempo. A principios de octubre, también en Villa La Angostura, se registró un ataque a dos iglesias, con pintadas que aludían a la resistencia mapuche y con signos de un intento de ataque incendiario. En esa oportunidad, al igual que sucedió con el ataque a las máquinas viales, las comunidades mapuches locales se desligaron de lo sucedido.
“Tuve la oportunidad de dialogar con algunos mapuches, y manifestaron su cercanía con nosotros, con la comunidad, estuvieron prestos al diálogo”, dijo el padre a cargo de la parroquia, Julio César Mora, en una entrevista con LN+. Comentó que los convocó para mantener un diálogo tras el ataque y que le aseguraron que “su manera de operar no es así”.
En el último ataque en La Angostura, la Fiscalía neuquina apuntó directamente a la RAM, pero las comunidades mapuches neuquinas no reconocen a los líderes de esa resistencia, que tienen sus orígenes en Chile. Por eso, el fiscal Gerez considera que la RAM en Neuquén se traduce sólo a expresiones minoritarias que no tienen una representación mayoritaria dentro de los límites de la provincia. (La Nación por Sofía Sandoval)
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