Desde nuestro espacio siempre lo dijimos, adelantándonos a los resultados de ese tipo de actos de negociación simulada que hacen los gremios oficialistas y el gobierno provincial. No existe ninguna libertad en la decisión de las organizaciones gremiales mencionadas, para rechazar y/o discutir un acuerdo salarial. Las reuniones paritarias en la provincia son meros actos protocolares, donde se firma un Acta con la “conformidad” de todos los actores, pero la decisión de uno solo: el Ejecutivo.

Todo ello queda especialmente demostrado en tramos fundamentales del Acta Nº 15 firmadas por las partes, donde se puede ver explícitamente cómo el gobierno cada vez que habla, les impone las condiciones a los representantes de la mesa.

En la transcripción que haremos de algunos pasajes del “Acta” veremos cómo el Ejecutivo establece los argumentos, las condiciones y los somete a su decisión unilateral, a la vez que los sindicatos expresan algunos “cuestionamientos autorizados” que imponen en el documento, como forma de plantear una excusa light la cual, obviamente, en el gobierno nadie escucha ni tiene en cuenta, pues al final la orden ya está dada y es eso (y no otra cosa) lo que se va a hacer.

En la primera intervención de los paritarios del gobierno, expresan:

“Hoy nos volvemos a reunir para la hacer la revisión del acuerdo salarial teniendo en consideración las cuestiones económicas tanto en lo macro como en lo micro, y así evaluar los Indices de inflación para poder evaluar la continuidad de la pauta salarial. Queremos señalar que la inflación durante los últimos meses ha variado entre el 6% y 7%, quedando el acumulado en un 88% anual. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la última negociación se acordó la inclusión del Código de Pertenencia, código 17 ha alcanzado un aumento del 110.8%”.

Lo que les dice “en criollo” el gobierno a los gremios es: No pretendan pedir aumento cuando por el Código de Pertenencia tuvieron más aumento que la inflación anual.

En la segunda intervención, señala:

“La decisión política de nuestra Gobernadora, Dra. Alicia Kirchner de haber incluido el Adicional de Pertenencia, tiene su objeto en incorporar para los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Central un adicional particular que marque la diferencia en lo salarial y poder ir nivelando respecto a otros escalafones. El adicional tiene movilidad, lo que significa que ante cada incremento salarial se va a ver modificado en su monto. Asimismo, se encuentra pendiente la percepción del 13% pautado para el mes de noviembre, que se cobrará el primer día hábil de diciembre”. 

La traducción sería: la gobernadora ya les dio un aumento muy significativo a través de la incorporación del referido Código y como si fuera poco, todavía el gobierno les va a pagar lo pendiente que es un 13% más sobre sus salarios, a partir del 1º de diciembre.

Luego del posicionamiento de los gremios que dieron su acotado punto de vista, al tomar la palabra el Ejecutivo, reafirmó:

“… por eso se tomó la decisión de incorporar al salario este Adicional de Pertenencia que contribuye a que su salario se vea incrementado. “Debemos discutir lo que queda. En años anteriores durante marzo y abril se discutían los primeros meses del año. El escenario económico a nivel nacional nos hace rever estas cuestiones”.

Lo que les dice el Ejecutivo es: la decisión  del adicional fue nuestra, hay que discutir solo lo que resta (y no es salarial). Antes esas discusiones se hacían a principio de año y ahora por culpa de la economía nacional (lo cual no es nuestra culpa) estamos en un escenario distinto y complicado, deben adecuarse.

Y finalmente, casi como impulsando una obviedad, ATE, le pidió al Ejecutivo que los acuerdos que surgieran de allí, se trasladaran en forma automática a las Comisiones de Fomentos. Un pedido que ronda lo infantil y lo ridículo, dado que desde el año 2014, las Comisiones de Fomentos tienen un régimen similar al de los municipios y eso se lo hace saber el Ejecutivo en su última intervención, de esta manera:

“A las Comisiones de fomento por Ley en el año 2014 se les otorgó la posibilidad de elegir a su presidente o presidenta, teniendo las mismas particularidades que los Municipios. Hasta ese momento dependían del Poder Ejecutivo que era el encargado de nombrar un responsable, y el personal dependía directamente del mismo. Luego de sancionada la Ley en el año 2014. las Comisiones de Fomento tienen la misma figura que los Municipios tal cual lo establece la Ley 55 son autónomas. Los trabajadores y trabajadoras dependen de la Comisiones de Fomento, no del Poder Ejecutivo. 

Algunos municipios cuando hay un acuerdo paritario adhieren. pero es potestad de ellos. Respecto al Adicional por Pertenencia, acordamos que era para la Administración Pública Central, razón por la cual las Comisiones de Fomento deberán adherir a la homologación del acuerdo”. 

Deberíamos preguntarnos para qué ATE hizo un planteo de este tipo, cuando hace 12 años que esa automaticidad de beneficios ya no existe. Queda la sospecha de que incluye la discusión solo para alargar el Acta y dar la imagen (hacia sus afiliados) que pide los “todos los trabajadores”, cuando en realidad los empleados municipales no son de su competencia gremial, sino del Sindicato de Empleados Municipales (SOEM); pero por otra parte, habla muy mal de la conducción provincial de ATE y sus paritarios, no saber que hace 12 años, la automaticidad de beneficios caducó. (Agencia OPI Santa Cruz)