La idea de Cristina Kirchner de sacar a los gendarmes que están afectados al conflicto mapuche en la Patagonia para que custodien el conurbano bonaerense -donde la inseguridad está al tope de las preocupaciones- se choca con los números. El Ministerio de Seguridad, por protocolo, no da a conocer cifras de uniformados que integran los operativos especiales.
Pero según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de Bariloche muy al tanto del operativo, actualmente en el llamado “comando unificado” que se creó para desalojar Villa Mascardi quedan solo “unos diez gendarmes por turno y en apresto” en la Escuela Militar de Montaña. Ese comando también tiene efectivos de la Prefectura, de la PSA y de la Policía Federal.
La Gendarmería tiene unos 38.000 efectivos en todo el país para vigilar las fronteras, y otros puntos estratégicos. En el conurbano, para colaborar con la seguridad ciudadana, entre el Operativo Centinela -lanzado por Cristina Kirchner en 2010- y los nuevos programas llamados Estaciones Seguras (para custodiar las líneas de tren de la zona oeste y sur) y Patrullas Motorizadas (que funciona en las autopistas), hay asignados unos 4.000 gendarmes.
Para tener un parámetro, en Rosario, según informó Aníbal Fernández en una reciente presentación en el Congreso, hay 1.821 gendarmes (de los cuales 750 se sumaron en la gestión del actual ministro). Se sumarían 200 más en el corto plazo. Aunque no hay cifras oficiales, en la villa 1-11-14 de la Ciudad, que recibe cooperación nacional, “en relevamientos típicos que se hacen, en una jornada jamás se observaron más de 50 gendarmes”, según fuentes del gobierno porteño.
Un exfuncionario de Juntos por el Cambio apuntó: “La clave es conocer qué presupuesto del ministerio le destinan a los operativos especiales, ese es un indicativo de la actividad y la presencia de las fuerzas calle”.
El Presidente y su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, producto de un insistente reclamo de los intendentes del Gran Buenos Aires, avanzan con un plan para reforzar la presencia de la Gendarmería en ese territorio. Hace un mes que tienen este tema sobre la mesa: la tarea es delicada porque el recurso humano es finito y en el Ministerio de Seguridad advierten que no se pueden descuidar otras zonas del país. Hay un problema de “manta corta”. Pero la vicepresidenta hizo público el reclamo bonaerense, atenta a la demanda que hay en su principal bastión electoral y el Gobierno acelera una respuesta. “Está avanzado”, aseguró una fuente oficial.
Un intendente del conurbano aseguró a LA NACION que en su municipio “hoy hay menos gendarmes que cuando estaba Patricia Bullrich (en el Ministerio de Seguridad)”. Si bien los gendarmes que están en el Sur no podrían paliar el problema del Gran Buenos Aires, es cierto que la presencia de la Gendarmería en el conurbano osciló en los últimos 12 años. Cuando Cristina Kirchner lanzó el Operativo Centinela a fines de 2010, lo hizo –según anunció- con 6.000 uniformados. Con los años, se fueron organizando escuadrones y unidades en distintos municipios. Para ponderar el número hay que considerar que se dividen en tres turnos y que siempre hay situaciones de licencias y capacitaciones. Hacia 2014, según un funcionario muy al tanto de la organización de las fuerzas de seguridad, cuando se ordenó un despliegue de gendarmes en Rosario para paliar el narcotráfico, parte de los efectivos de la provincia se derivaron hacia esa ciudad.
Un exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri aseguró a LA NACION que durante ese mandato se reforzó la presencia de la Gendarmería en el conurbano y se asignaron “6000 gendarmes a hacer tareas de seguridad ciudadana, además de los que ya cumplían funciones habituales en Campo de Mayo y otros escuadrones”. Desde la gestión de Fernández aseguran que heredaron un número sustantivamente menor.
En abril de 2021, con su primera ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el Presidente lanzó la Agrupación Centinela II que implicaba una colaboración con la provincia con 5000 efectivos de todas las fuerzas federales. Aproximadamente 3.500 eran gendarmes.
Pero la relación de Fernández y Frederic con el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni (que tiene a su cargo a unos 100.000 efectivos de la Policía Bonaerense) con el tiempo se tornó muy agresiva y el Presidente instruyó a su ministra a que tratara la cuestión directamente con los intendentes, sin pasar por su par bonaerense.
Los intendentes del conurbano, primera ventanilla de los votantes del conurbano, hace tiempo que se quejan de que las rencillas políticas internas del área impactan en la prevención del delito y, sobre todo, en la imagen de oficialismo. “La seguridad es sinónimo de presencia del Estado y depende solo de nosotros”, dijo a LA NACION un intendente. Y reforzó, con la mira puesta en 2023: “Tenemos que dar ya un golpe de timón” (La Nación por Maia Jastreblansky)
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