Nuevo desencuentro en el Gobierno de coalición. La solución planteada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y aprobada por el Consejo de Ministros este martes para proteger a hipotecados vulnerables, no ha contado con el beneplácito de los socios de coalición. Unidas Podemos ha mostrado un rechazo rotundo ante unas medidas que consideran que se quedan cortas y que no ayudan a repartir las cargas de la crisis. Calviño ha defendido los esfuerzos realizados por tener un acuerdo con la banca —que en la práctica no está cerrado— y crear un marco de medidas voluntarias para el sector. “Vamos a conseguir aliviar la carga hipotecaria de los clientes más afectados. Es una medida que puede proteger a un millón de hogares”, ha defendido la vicepresidenta económica.

En la otra ala del Ejecutivo califican la medida de insuficiente. Estaban al tanto de que desde Asuntos Económicos negociaban con los bancos un paquete de medidas, aunque fuentes del espacio confederal aseguran que no les fueron trasladados los detalles de una propuesta final que conocieron por la prensa. Desde la vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz ya se había remitido al departamento de Nadia Calviño un documento con un conjunto de medidas que implicaban una congelación de las hipotecas hasta que los tipos de interés volvieran a estabilizarse. Es decir, que la situación de crisis fuera amortiguada en base a la cuenta de resultados de los bancos y no al bolsillo de los clientes. 

En cualquier caso, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al marco de ayudas a los hipotecarios vulnerables. Calviño había urgido al sector a buscar una vía para proteger a este colectivo, afectado por la subida de los tipos de interés. Finalmente, no puede hablarse de acuerdo, aunque distintas fuentes del sector dan por hecho que las grandes entidades acabarán adhiriéndose. El anuncio se hizo el lunes, a última hora de la noche, y se avanzaba que quedaban algunos flecos por cerrarse. Estos flecos no se han solucionado este martes y en el sector no se sabe cuándo podrá concretarse. En cualquier caso, se espera su publicación este miércoles en el BOE.

Calviño ha reivindicado este paquete de medidas aprobado por el Gobierno, al enfatizar que el colectivo afectado no se queda únicamente entre los más vulnerables. “Mejoramos con este texto el tratamiento de las familias vulnerables, acordamos un nuevo marco para las clases medias y planteamos medidas generales para todas las hipotecas”, ha expresado la vicepresidenta primera en defensa del código de buenas prácticas presentado.

“¿Las medidas que se adoptan sirven para que se repartan las cargas de la crisis? Creo que no”, lamentó, por su parte, Yolanda Díaz, que añadió: “Son en todo caso un alargamiento del tiempo de la hipoteca con distintas duraciones pero con los mismos tipos de interés que se han incrementado. Es un pequeño paso pero no lo que defendemos en Unidas Podemos, el acuerdo es sustancialmente mejorable. ¿La banca se compromete con su país y hace un pequeño sacrificio? No”, explicó Díaz. 

La vicepresidenta segunda insistió en que “se está produciendo la mayor transferencia de rentas de la ciudadanía a las entidades financieras. Desde la subida del euríbor al día de hoy, los beneficios estimados de las entidades financieras por el incremento del euríbor ascienden a 8.000 millones de euros. Las entidades financieras se están beneficiando como nunca de la subida de los tipos de interés”, criticó.

Desde Podemos, que ya había registrado una iniciativa parlamentaria para paliar los efectos de la subida de los tipos de interés, también creen que el paso dado por Calviño se queda corto. “Desde Podemos vamos a seguir proponiendo medidas más ambiciosas y obligatorias para la banca que nos permitan apoyar a todas las familias. En materia de vivienda queda mucho por hacer”, planteó la secretaria general, Ione Belarra, en sus redes sociales. Aún más crítico se mostró el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, que también en sus redes sociales aseguró que “las medidas que ha filtrado la vicepresidenta Calviño son voluntarias, apenas van a reducir la cuota de la hipoteca, dejan a muchas familias fuera y casi no tocan los beneficios obscenos de la banca. Nosotros vamos a seguir trabajando para limitar las subidas abusivas de verdad”.

Tras el arranque de las subidas de tipos de interés por parte del BCE, Unidas Podemos registró en septiembre una iniciativa para ponerle un tope a las hipotecas de tipo variable. En concreto, los socios de coalición de Pedro Sánchez plantearon que los bancos tengan que ofrecer obligatoriamente a sus clientes la posibilidad de acogerse a una reducción, durante un año, del tipo variable a un 0,10%. Una medida que, según sus propios cálculos, se traduciría en una reducción de la cuota mensual de las hipotecas de entre 100 y 150 euros para familias con problemas económicos evitando además situaciones de morosidad o impago a los propios bancos. 

Una adhesión voluntaria

La vía por la que ha optado Economía es un código de buenas prácticas. O más bien dos. Uno que ya existía, firmado en 2012 y que ahora tendrá su segunda reforma. Incluye una mayor protección para los clientes más vulnerables, aquellos hogares que tienen una renta inferior a 25.200 euros. Medidas como periodos de carencia del principal, ampliación de los plazos o ampliación de la vida del préstamo. Uno segundo, de nueva creación y que tendrá 24 meses de vigencia. Afectará a hogares con ingresos por debajo de 29.400 euros y para quienes haya subido mucho su carga hipotecaria, con medidas de alivio. Por último, a todos los hipotecados se les rebajará los costes de amortización adelantada de la hipoteca o por cambiar a un tipo fijo desde un tipo variable.

Ahora la pelota está en el tejado de los bancos. No están obligados a secundarlo y aplicar estas medidas. Si bien, si deciden adherirse, sí tendrán que cumplir con el texto. Aunque en el sector no se esconde que existe cierto malestar con cómo se ha anunciado, se asume que los bancos acabarán adhiriéndose. Los “flecos técnicos” a los que se alude por parte del Gobierno y del sector se centran en aspectos contables que preocupan a la banca. Temen que a la hora de ampliar la vida de determinados préstamos, tengan que incorporarlos como créditos dudosos, lo que les obligaría a hacer provisiones para cubrirlos, lo que afectaría a resultados.

La voluntariedad de esta norma es uno de los puntos que ha levantado ampollas tanto entre los socios de Gobierno como en los sindicatos. Los códigos de buenas prácticas son la vía utilizada durante el último año por Asuntos Económicos para pactar con la banca medidas de protección a clientes. Es el caso de las propuestas para mejorar la atención a los clientes mayores o con discapacidad, que se aprobó en primavera con un decálogo de ideas genéricas. Tras ello, después del verano, el Ministerio y las patronales del sector acordaron medidas para ampliar la atención bancaria en territorios rurales y despoblados. “La experiencia que tenemos con los códigos es positiva”, defendió Calviño durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros al ser preguntada por las críticas de Podemos. “Están funcionando bien, confío en que se adhieran como han venido haciendo hasta el momento”, enfatizó la vicepresidenta primera del Gobierno. “Todo lo que sea trabajar juntos y colaborar con el sector privado, es positivo. Aporta valor al buen funcionamiento de nuestra economía, es un mensaje de concordia”, zanjó.

Cautela entre la banca

La vicepresidenta ha puesto de ejemplo a CaixaBank como el primer adherido al código. El banco todavía no ha dado por seguro el respaldo, hasta que se decida en el seno de la dirección de la entidad, aunque en el sector se le tiene como el principal apoyo de esta medida. Fuentes del Ministerio señalaron este martes que esperan que “no sea más que la primera pieza” en sumarse.

Este martes ha coincidido el Consejo de Ministros con un foro del sector bancario organizado por la consultora Deloitte. Los consejeros delegados de los grandes bancos han optado por la cautela tras el anuncio, aludiendo a esos aspectos técnicos. Uno de los más claros fue César González Bueno, primer ejecutivo del Sabadell, quien asumió una “adhesión bastante generalizada”. “A ningún banco le interesa quedarse con una casa y a ningún banco le interesa que sus clientes no puedan hacer frente a sus pagos”, aseguró. Otros pusieron el foco en los aspectos técnicos pendientes y evitaron la rotundidad. “No vamos a firmar si vemos que el mercado hipotecario, en el futuro, no es sano y sólido”, señaló José Antonio Álvarez, consejero delegado del Santander.

Respecto a las patronales, Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB —que representa a Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter— solicitó que las medidas se encajen en un marco regulatorio y de supervisión y preserve “las bondades y fortalezas” del mercado hipotecario. Por su parte, la Ceca —CaixaBank y Unicaja, entre otros— señaló en un comunicado que el sector “ha trabajado y colaborado muy intensamente en la definición de un marco de soluciones para las familias en dificultad que sea compatible con la normativa europea en materia de provisiones” y que estas medidas dan un “marco flexible” para atender a todo tipo de clientes.

En los sindicatos han mostrado su disconformidad con la norma. CCOO consideró la medida “insuficiente”, ya que entienden que “palian levemente la subida de tipos y no llegan a toda la población que requiere protección”. UGT coincidió en que el paquete de propuestas se queda “corto”. “Las entidades financieras vuelven a ganar, pues han visto incrementar sus beneficios por la subida del Euríbor y los tipos de interés de forma que no soluciona las dificultades de las familias más vulnerables y no reparte adecuadamente los beneficios”, aseguró el sindicato en un comunicado. (El Diario.es)