Cristina Kirchner divide su atención entre su escenario político y judicial. Es que, precisamente, por estas horas, en los tribunales de Comodoro Py 2002 se están “cocinando” las decisiones que definirán el rumbo de varias de las causa que la tienen como protagonista. La mayoría como acusada. Y también las que ella impulsa como querellante para esclarecer qué hay detrás del intento de homicidio en su contra.

Un rato después de que la selección Argentina ponga primera este martes en el mundial de Qatar, la Sala 1 de Cámara Federal de Casación Penal llevará adelante la segunda audiencia para escuchar a las partes para opinar sobre el pedido de reapertura en la causa Hotesur-Los Sauces, el expediente unificado por asociación ilícita y lavado de dinero que tiene como protagonista a la Vicepresidenta, pero también a sus hijos y a empresarios que hacían negocios con el Estado y con el entonces matrimonio presidencial.

El año pasado, en medio de pericias solicitadas, el Tribunal Oral Federal 5 había decidido que no había existido delito. Fue en una decisión dos a uno y cuando uno de los jueces subrogantes estaba por abandonar el tribunal. La fiscalía, a cargo de Diego Velasco, apeló. Quiere debatir el caso en juicio oral con las pruebas que hay. Las defensas se oponen.

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Eso es lo que escucharán mañana los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Lo harán en una audiencia fijada para las 12.30. Inicialmente, estaba prevista para más temprano. Los mal pensados creyeron que era por el Mundial. En realidad, es porque Barroeteveña es uno de los que se suman a integrar el nuevo Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema lo citó a jurar a las 10 junto a otros diez consejeros designados.

Los mismos jueces tienen en agenda otra audiencia, para el jueves, y también para analizar otro cierre de un expediente que lleva el nombre de Cristina Kirchner. Esta vez es la causa del Memorándum, la denuncia que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el presunto encubrimiento a Irán a través de la firma del acuerdo de entendimiento entre el gobierno argentino y ese país. Allí también el tribunal que debía llevar adelante el juicio dijo cuando el proceso ya estaba en marcha que no había habido delito.

Las querellas reclamaron que la ex presidenta vaya a juicio. A diferencia del caso Los Sauces-Hotesur, aquí la Fiscalía no acompaña el pedido. El fiscal Javier de Luca comparte el cierre del expediente. Eso es lo que le dirá este jueves al tribunal. También se pronunciarán las defensas que faltan oralmente o por escrito. Entre las que lo hará por escrito estará la propia Cristina Kirchner.

Aunque no siempre se cumplan los plazos, una vez realizadas estas audiencias, el máximo tribunal penal federal tiene 20 días hábiles para tomar una decisión sobre el caso Hotesur-Los Sauces y Memorándum. En tribunales se especula con que habrá definiciones en las dos causas antes de que termine el año y hasta vaticinan resultados. “Si convocaron a audiencias sobre el final de año es porque quieren sacarlas pronto y las dos juntas”, dicen en los pasillos. Sin embargo, todo dependerá de que los jueces se pongan de acuerdo y que se respeten los tiempos previstos.

En donde también sí se espera un veredicto para diciembre es en la causa conocida como “Vialidad” u “obra pública”, en donde se analizan las 51 obras viales que estuvieron en manos del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante la gestión 2003-2015.

Después de tres años de un debate que comenzó en 2019, justo cuando CFK anunció a su candidato Alberto Fernández para acompañarla en la formula presidencial, el fiscal Diego Luciani pidió para ella doce años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado. También acusó a la otra docena de imputados, entre los cuales está el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Pública José López, el primo de Néstor Kirchner y también Lázaro Báez. Las defensas, en tanto, pidieron sus respectivas absoluciones con duras críticas al Ministerio Público.

Serán los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso los que definan la sentencia. Ya comenzaron a correr rumores de cómo saldría el resultado, pero todas por afuera de tribunales. Son run-run de la política. Por lo pronto, la definición está cerca. Este viernes, cinco de los 13 acusados tendrán la posibilidad de hablar ante el tribunal antes de la sentencia. Entre ellos están Baez y De Vido. La atención, sin embargo, está puesta en la siguiente audiencia fijada para el 29: ese día le tocaría a Cristina Kirchner.

La tercera audiencia para completar la lista de acusados con intenciones a hablar no está fijada. ¿Por qué? Porque todo indica que ese mismo día será el día del veredicto, que aún es una incógnita. El misterio carcome a los periodistas, que ya juegan apuestas a ver si aciertan con el día, pero también preocupa a los funcionarios judiciales y policiales que quieren saber cuándo será la sentencia para poder organizarse. Como el juicio es por zoom, no será necesario que los acusados se hagan presentes en el edificio de Retiro, como sucedía antes de la pandemia.

Las causas en las que CFK es acusada no son las únicas que se ventilan en tribunales. Y de hecho el próximo miércoles los abogados de la Vicepresidenta buscarán convencer a la Cámara Federal de que la jueza María Eugenia Capuchetti debe ser apartada de la investigación que intenta esclarecer el intento de homicidio que la titular del Senado sufrió en la puerta de su casa, en Recoleta, en la noche del jueves del 1 de septiembre.

Para la querella, Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo, los procesados en la causa por el intento de homicidio. La decisión está en manos del Leopoldo Bruglia.

Las críticas de CFK contra la jueza quedaron expuestas en los videos que la propia ex mandataria subió a sus redes sociales y que generó el repudio de la Asociación de Magistrados. “Una vez más hay un intento de un miembro del Poder Ejecutivo de interferir en el trabajo del Poder Judicial”, dijo la entidad en un comunicado en donde entendió que las críticas deben canalizarse dentro del expediente. La jueza, por su parte, rechazó los argumentos de la querella para pedir su apartamiento y defendió su investigación.

Bruglia, junto a sus colegas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, también deberá responder en los próximos días a otro planteo de la querella: el avance sobre la llamada pista Casablanca que involucra al diputado del PRO Gerardo Milman. Un asesor legislativo, Jorge Abello, aseguró que lo escuchó decir en un bar 48 horas antes del atentado: “Cuando esté muerta yo voy a estar camino a la costa”. A Milman lo acompañaban dos colaboradoras que cuando fueron a declarar dijeron no haber escuchado a su jefe decir eso. En esa audiencia, la querella pidió el secuestro de los teléfonos de las mujeres. La jueza entendió que no estuvo fundado el pedido.

Eso es lo que la querella apeló en una audiencia en donde el abogado Marcos Aldazabal se encargó de la parte técnica y su colega José Manuel Ubeira de disparar contra la jueza y los propios camaristas que tenía enfrente. “Querer pensar que esto no es un crimen político es restarle entidad”, dijeron. Mientras Aldazabal insistía en analizar los celulares, Ubeira decía que era un “esfuerzo vano” porque las pruebas ya se debían haber perdido.

Los jueces Brugia, Bertuzzi y Llorens también tienen en sus manos el análisis de los procesamientos sin prisión preventiva dictados en la causa Revolución Federal, en donde la vicepresidenta también se presentó como querellante por entender que la agrupación podría estar detrás de su atentado.

El juez Marcelo Martínez De Giorgi no estableció esa línea, pero afirmó que Jonatan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile “conformaron una organización” difundiendo “masivamente propaganda de odio y realizando actos violentos, con abierta intención de incitar a la persecución, hostilidad y violencia colectiva contra determinados sujetos -autoridades y simpatizantes- pertenecientes a un determinado espacio político -Frente de Todos”. Provocaron un “clima social” que derivó en el intento de homicidio de la vicepresidenta. En Casación, Cristina Kirchner reclamó que Morel vuelva a ir preso, mientras en la instrucción espera que avancen sobre la firma de los hermanos de Luis Caputo, el ex ministro de Mauricio Macri. (Infobae)