Entre el año próximo y el 2026 vencen los contratos de concesión de 17 centrales hidroeléctricas, otorgadas en la década del 90 por plazos de 30 años. El debate energético ha retomado centralidad en la política energética, pero pese a las muchas críticas al modelo privatizador del menemismo, se escuchan pocas --o ninguna-- opiniones sobre qué hacer para reformular la política energética. ¿Se renovarán las concesiones o el Estado debe retomar el control de la generación eléctrica? ¿Se aplicarán nuevos criterios para que los costos energéticos sean transparentes y así evitar discusiones "en el aire" sobre si las tarifas son caras o baratas? ¿O la referencia para el precio de las tarifas será siempre "el precio internacional", como si los salarios que las pagan también estuvieran sujetas a la misma paridad internacional? Todas estas cuestiones están sobre la mesa pero, a pesar de la inminencia de los vencimientos de los primeros contratos, aún no se discuten.
El congreso de Energía que se realizó el fin de semana pasado (11 y 12 de noviembre) en la Universidad Nacional de La Plata, convocado por el CEPIS y esa casa de estudios, junto a otras organizaciones, intentó poner en escena el debate de las definiciones políticas sectoriales. Ya desde el planteo de los objetivos del congreso, se señaló:
"La cuestión energética argentina padece de una gran dificultad para enfrentar un debate sobre su evolución, como consecuencia de la carencia de un proyecto nacional claro y explícito, especialmente estratégico, que la encuadre y la contenga. El principal efecto de ello es la ausencia de la formulación de una política energética integral y la consecuente planificación, consensuada en lo posible, que sea eje de las decisiones de mediano y largo plazo".
Y sobre el cierre, el presidente de Cepis, Mariano Lovelli, recordó que "El año que viene comienzan a vencer las concesiones de los años 90, las privatizaciones de la década menemista. Entonces cuando decimos que venimos a discutir el futuro es tan real como que el año que viene tendremos que decidir qué hacer, si vamos a seguir manteniendo el esquema neoliberal de los ‘90 o nos vamos a animar a romper ese esquema y llevar adelante nuevos esquemas de gestión del Estado en materia energética, rompiendo ese formato que mercantilizó lo que debería ser un bien social para el desarrollo de nuestra Patria”.
Las actuales concesiones en materia de generación eléctrica provienen de las privatizaciones de la década del 90, que afectaron a los emprendimientos hidroeléctricos desarrollados por el Estado a partir de los 60 y que estaban en manos de la estatales Agua y Energía e Hidronor. Primero se resolvió dividir el sector en tres segmentos: generación, transporte y distribución. Y luego se armaron unidades de negocio con cada central térmica o hidroeléctrica en el segmento de generación, para trasnferirlas como concesión al sector privado.
Se estima que la generación hidroeléctrica representa un 20% del total del Mercado Eléctrico Mayorista. Y una porción significativa está representada en las 17 represas hidroeléctricas cuya concesión vence en los próximos cuatro años. Ellas son:
* Alicurá, El Chocón, Arroyito y Planicie Banderita, el 11 de agosto de 2023;
* Piedra del Aguila, 29 de diciembre de 2023;
* Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, 19/10/2024;
* Río Hondo y Los Quiroga, 29/12/2024;
* Futaleufú, 15/6/2025;
* Cabra Corral y El Tunal, 30/11/2025;
* Ullum, 18/3/2026;
* El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, 30/7/2026.
Entre los concesionarios, aparecen nombre de mucho peso político y económico. AES, en Alicurá, Cabra Corral, El Tunal y Ullum. Central Puerto SA, en Piedra del Aguila, y ENEL, en El Chocón y Arroyito.
AES Corporation es una empresa global (dueña del 100% de la filial local) que se presenta como "integrantes del Forbes 500" de las empresas más grandes del mundo, con presencia local también en centrales térmicas y generación eólica. ENEL, firma de origen italiano, es controlante además de Edesur. Central Puerto SA es fuerte en el rubro termoeléctrico (la mayor generadora del país), propiedad de un holding de capitales locales (Sadesa) cuyos accionistas son Nicolás Caputo (23%), Carlos Miguens Bemberg (33,9%), Guillermo Reca (22,5%), la familia Escasany (13,6%) y los hermanos Ruete Aguirre (7%).
En el actual marco de escasez de divisas e inflación, con precios internacionales en alza y las cuestiones de la energía y los alimentos puestas en primer plano mundial de la geopolítica, definir la estrategia energética y el rol de los actores principales (Estado y sector privado) no es menor. Tampoco, definir para la energía entre ser un modelo mercantilizante o herramienta para el desarrollo nacional. Estas son las cuestiones que atraviesan la decisión sobre qué se va a hacer con las concesiones próximas a vencer. Sobre las que vencen ahora y las que vendrán después. (Página 12)
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