El Estado venezolano “utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, afirmó la jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación de la ONU.

“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», agregó Valiñas.

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (MIIV) fue establecida en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en esta ciudad suiza, con un mandato renovado hasta septiembre de 2022.

La integran también los juristas Patricia Tappatá Valdez, de Argentina, y Francisco Cox, de Chile.

En informes de 2020 y 2021 la MIIV ya dio cuenta de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.

Ahora ha presentado dos informes, uno que detalla las funciones y los aportes en diferentes niveles de las cadenas de mando de los organismos responsables, y otro sobre violaciones y crímenes cometidos por actores estatales y no estatales en zonas extractoras de oro en el sudoriental estado de Bolívar, fronterizo con Brasil.

La MIIV basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia, realizadas tanto en persona como a distancia, “mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras”.

Además, analizó los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes, y visitó áreas cercanas a las fronteras con el país, “debido a que desde su establecimiento en 2019 continúa sin poder acceder al territorio venezolano”.

La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar “en su sede en Caracas y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.

La policía política (Sebin) “ha torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos” en su centro de detención El Helicoide, en Caracas, dice el informe.

Al respecto, la MIIV “ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014”, y en su informe detalla “cómo las órdenes fueron impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango”.

Tanto el Sebin como el organismo de Inteligencia Militar “hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, asentó el informe, y agregó que “esas violaciones y crímenes continúan hasta hoy”.

Las autoridades venezolanas “no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia”.

El análisis de la Misión “en definitiva detalla cómo esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente (Nicolás) Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del gobierno para reprimir la crítica y la oposición”.

Cox dijo que “los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad”.

En el caso de la zona minera sudoriental o Arco Minero del Orinoco, el informe de la MIIV documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local –en parte indígena- en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras.

“Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género”, según el informe.

Las autoridades “no solo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar”.

“La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación”, agregó Cox.

“Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos”, concluyó Valiñas. (IPS)