Sólo así se explica, por ejemplo, que la portada del diario oficialista Página 12 fuera ayer el meme de un sonriente Julio Iglesias con el 7,4% de inflación del mes pasado, pese a ser la más alta en 20 años y que a nivel interanual ubica a la Argentina disputando con Turquía el segundo escalón del podio mundial detrás de Venezuela.

Sergio Massa está aplicando ese manual al pie de la letra desde que asumió como virtual ministro de Emergencia Económica. Con diagnósticos más realistas eclipsó la diluida figura presidencial de Alberto Fernández y la vertiginosa sucesión de anuncios por comunicados oficiales y tuits hacen parecer que sus 10 días en el cargo fueran muchos más, aunque resulte una minucia frente a los 12 meses que faltan hasta las PASO.

Sin embargo, este activismo no ha logrado disimular sus tropiezos durante ese corto lapso y que tampoco pueden ser resueltos sólo con marketing político.

El principal problema de Massa es que sin un plan macroeconómico medianamente consistente, todas las medidas –ortodoxas y heterodoxas, parciales o sectoriales– anunciadas y/o adoptadas hasta ahora, carecen de un marco de referencia explícito y de proyección a futuro. No sólo eso: todavía no cuenta con quien pueda elaborarlo con una visión de equilibrio general de las variables macro, cuyo desbarajuste debido a presiones políticas fue causa y consecuencia de la renuncia de Martín Guzmán.

El veto de Cristina Kirchner a la designación de Gabriel Rubinstein como secretario de Política Económica, marca ahora otro precedente preocupante ante la necesidad del ministro político de tener una mano derecha con capacidad técnica. Rubinstein no fue rechazado por su trayectoria profesional, seriedad y conocimientos, sino por haber criticado en el pasado las políticas de CFK vía Twitter. Este criterio de militancia y adhesión política hace suponer que varias decenas de economistas quedarán descartados, sin contar a aquellos que no querrán asumir riesgos similares.

Con esta vara más baja, tal vez un perfil más apto sea el de Ariel Sujarchuk, con formación en periodismo y comunicación, cuyo currículum muestra que en menos de un año pasó de ser intendente de Escobar, pedir licencia para presidir el ente de control de la Hidrovía y ahora fue designado secretario de Economía del Conocimiento.

En cambio, es diferente el caso de la nueva secretaria de Energía, Flavia Royon, la ingeniera industrial que hasta ahora era ministra de Energía y Minería de Salta, única provincia con gobernador massista (Gustavo Sáez) y durante 15 años fue ejecutiva de un frigorífico perteneciente a la familia Brito (Banco Macro), uno de los grupos considerados “padrinos empresarios” de Massa, al igual que el conformado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, propietarios de Edenor desde diciembre de 2020. Al frente del área donde La Cámpora y el Instituto Patria mantienen el manejo de Enarsa, YPF, Cammesa, la subsecretaría de Hidrocarburos y los entes reguladores intervenidos, quizás estas diferencias internas expliquen por qué se postergó hasta el próximo martes –por segunda vez consecutiva– el anuncio del ajuste de tarifas por encima del tope subsidiado de consumo eléctrico residencial de 400 kwh por mes (aún no definido para el gas). Hasta ahora, la única precisión oficial es que los 4 millones de hogares que no completaron el formulario RASE, tendrán una reducción progresiva de subsidios hasta fin de año para pagar una tarifa plena a partir de 2023, con aumentos que oscilarán entre 100 y 200%.

La ausencia de plan económico también relativiza el principal acierto de la flamante gestión de Massa. El canje de títulos de deuda en pesos equivalentes a $2 billones con vencimiento a corto plazo por el Bono Dual ajustable alternativamente por tipo de cambio oficial o inflación (CER +2%) a un año, significa un evidente alivio transitorio para el Tesoro y la “maquinita” del BCRA. Pero no sólo oculta que casi 60% de esos títulos estaban en manos de organismos públicos como la Anses, el propio BCRA (tras la masiva recompra realizada durante la corrida de junio para sostener los precios) y alrededor de 25% corresponde a inversores privados, tentados por el ajuste de dos variables que se realimentan mutuamente. También que podría incubar otro “plan bomba” (similar al de 2015) en agosto de 2023, dos meses antes de la elección presidencial, si el Gobierno aumenta aún más el gasto público y la emisión durante la campaña electoral, como ocurrió en 2021. En otras palabras, con otro “plan platita” explotaría la economía.

Por ahora y aún sin plan, Massa enfrenta dos problemas inmediatos y urgentes. Uno es la alarmante pérdida de reservas del BCRA provocada por la venta de US$1220 millones en 12 ruedas consecutivas, entre fin de julio y comienzos de agosto. La mayor demanda que oferta de dólares refleja la expectativa de un salto devaluatorio que el Gobierno se empeña en evitar, aun cuando el tipo de cambio oficial registró en los últimos 12 meses un ajuste (34,4%) equivalente a la mitad de la inflación (71%). Pese al atraso cambiario y a que todavía no fueron instrumentados los anunciados incentivos oficiales para la liquidación anticipada de exportaciones y ventas de soja, el economista Miguel Ángel Broda sostiene que, si hubiera una devaluación sin plan, el remedio sería peor que la enfermedad. Según sus cálculos, las reservas netas alcanzan a US$695 millones y las líquidas son negativas en US$6511 millones.

Otro es la necesidad de negociar con el FMI el desembolso del 10 de septiembre (US$4200 millones), correspondiente a las metas del segundo trimestre que, si bien habían sido “recalibradas” con Guzmán, registran un desvío en las reservas netas. Para Massa, que viajará dentro de dos semanas a Estados Unidos, el desafío será doble, porque debería re-recalibrar las metas del tercer trimestre para recibir el desembolso de diciembre (US$6200 millones) y a la vez explicar cómo reducirá el déficit fiscal primario a 2,5% del PBI pactado para fin de año. Si el gasto público del primer semestre se mantuviera constante, el desequilibrio orillaría 3,7%, según la Fundación Mediterránea, ya que todos sus componentes registraron subas superiores a la inflación. Para bajarlo, se requeriría un ajuste de las transferencias a provincias, planes sociales y obras públicas en el resto del año con aumentos de 34% frente a una inflación de 80%, si se busca mantener subas de 73% en jubilaciones y de 83% en personal, ya que la reducción de subsidios energéticos (que subieron 87% en la primera mitad del año) impactará en los últimos cuatro meses. Serían los “desafíos económicos apremiantes” a los que aludió Kristalina Georgieva en su mensaje de felicitación a Massa.

Mientras tanto, el Gobierno se defiende con los bonos extra para las jubilaciones mínimas; la suba de casi 10 puntos en las tasas de interés para restar presión al dólar y un incierto acuerdo de precios, y salarios por 60 días para frenar la inercia inflacionaria, aunque prevé lanzar el Previaje 3. Poco que ver con la “sensación de estabilización” mencionada por la vocera presidencial porque la brecha cambiaria se redujo de 150% a 115%. (La Nación por Néstor O. Scibona - nestorscibona@gmail.com)