Los últimos hechos de violencia que sufrió el personal del hospital de Roca relacionados con pacientes del área de Salud Mental han puesto en discusión la importancia de la ley 2.440, conocida como de ‘desmanicomialización’. La normativa que se reglamentó en Río Negro en la década del 90 tuvo repercusión nacional e internacional por su carácter innovador y progresista.

Sin embargo, los especialistas señalaron que una cuestión es lo que está escrito y otra es su implementación.

Leonardo Paniagua y Macarena Campora, son psicólogos y están a cargo del departamento de Salud Mental de la Provincia. Actualmente están ejerciendo la jefatura del servicio en el Hospital Francisco López Lima de Roca.

Campora remarcó que las agresiones que se están viviendo no son exclusivamente de personas con sufrimiento mental. “De hecho desde Nación hay capacitaciones del personal de cómo tratar la violencia social que llega todo el tiempo a las guardias, a un sistema de salud que está colapsado, no sólo en nuestra provincia, sino en todo el país”, mencionó.

“Las situaciones de violencia son una problemática que excede a los usuarios de salud mental y que se da en las guardias todo el tiempo. Los sindicatos y los compañeros lo han denunciado hace años”, explicó.

Los profesionales coincidieron que la ley provincial tiene perspectiva de derecho. “Venimos de una ley anterior qué era asilar manicomial, que no contemplaba ciertos derechos qué empezó a contemplar la nueva 2.440 y que se refuerzan con la ley nacional que entra en consonancia con convenciones internacionales”, señaló Paniagua.

Sin embargo “una cuestión es lo que está escrito y otra es cómo se implementa”, remarcó.

Internaciones

Los psicólogos estuvieron de acuerdo con lo que la normativa dispone en cuanto a internaciones aunque también realizaron algunas críticas.

“Hay dos modalidades de tipo de internación con las cuales uno puede trabajar. Una modalidad es la voluntaria. Se pide consentimiento a una persona y se informa lo que se va a realizar”, expusieron.

La otra modalidad de internación es cuando esa persona porque está en una situación de crisis o en riesgo inminente “hay que darle un mayor cuidado y no tiene la posibilidad de dar su consentimiento. Para su resguardo están las internaciones involuntarias”, comentó.

Paniagua remarcó que hay organismos además del área de Salud que están vigilando cómo se realizan estas internaciones, para que sea de manera legal. Se trata de juzgados y de la Defensoría del Pueblo.

“De todas formas de acuerdo con la ley nacional uno de los cambios fundamentales que hace es que el Poder Judicial no debería poder indicar internaciones. Esto se debe hacer a través de la evaluación de un equipo interdisciplinario, probablemente falta avanzar en el intercambio con el poder judicial”, analizó Campora.

En cuanto a los casos de violencia que se han vivido en el hospital de Roca, los especialistas señalaron que cuando hay una situación de seguridad “se gestiona para que el personal policial se pueda acercar y brindar cierta seguridad si es meritorio que eso tenga que suceder”.

Leonardo explicó que el servicio trabaja en función de los recursos que tenemos. “No se puede estar previendo conductas de determinadas personas, no somos un organismo de control somos un organismo de cuidado”, remarcó.

Mucho por mejorar

Campora manifestó que hay muchísimo para hacer en el campo de la Salud Mental. Paniagua por su parte señaló que falta un cambio de paradigma a nivel social. “Si vemos a la persona que tiene sufrimiento mental como alguien peligroso es difícil que se integre. El programa tiene como objetivo la inclusión social de las personas con padecimiento mental, nos falta trabajar en la sociedad más allá de lo que se hace en el servicio salud”, expresó.

Leonardo señaló que los monovalentes se están transformando en hospitales polivalentes, “el horizonte es la inclusión social de las personas no la exclusión. Con el encierro creo que no se cura a nadie, no se le da una mejor calidad de vida y a ese paradigma de derecho va nuestra ley provincial”.

Campora por su parte manifestó que el área de Salud Mental no es ajena a lo que pasa con la realidad de todos los hospitales como la falta de recursos y de la necesidad de contar con recursos formados.

“No dudamos de la calidad del trabajo de los profesionales que tenemos pero hay una cuestión cuantitativa qué no da abasto el sistema, las obras sociales no cubren atención a psiquiatría una consulta vale $5000, la obra social no reconoce ni un porcentaje. Hay un montón de aristas y todo recae sobre salud pública, nosotros somos los únicos que estamos abiertos todos los días del año las 24 horas”, sostuvo.

Un caso que preocupa

La directora del Hospital Francisco López Lima, Ana Senesi, señaló que desde febrero el personal de salud sufrió agresiones de parte de un paciente psiquiátrico. Informó que se trata de un hombre que estuvo vinculado a una causa por homicidio y fue declarado inimputable. Incluso tres enfermeras tuvieron que tomarse licencia luego de ser víctimas de situaciones violentas.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que el hombre ya había sido condenado en 2008 por matar a otro delincuente con un garrote en inmediaciones del zanjón, en la zona norte de la ciudad. La pena fue confirmada en 2010. Tras cumplir 12 años de cárcel, en junio del año pasado fue acusado de matar a puñaladas a otro hombre. Sin embargo, a principios de febrero de este año la Justicia lo declaró inimputable. Desde el hospital pidieron a la Justicia el traslado de este paciente y tras varios reclamos de trabajadores se lo derivó a una casa de Salud Pública. Por otro lado los responsables del área de Salud Mental no realizaron comentarios sobre la situación ya que dijeron que podrían incurrir en una falta grave. (RN)