En nombre de la batalla contra la inflación se libra una guerra de clases. Demasiados presidentes de los bancos centrales están subiendo los tipos de interés a expensas de las familias de los trabajadores, supuestamente para controlar el aumento de los precios.
Obligados a hacer frente a los crecientes costes del crédito, los ciudadanos gastan menos, lo que frena la economía. Pero no tiene por qué ser así. Hay enfoques alternativos mucho menos onerosos para abordar la inflación y otros males económicos contemporáneos.
Los banqueros de las entidades centrales están de acuerdo en que la inflación es ahora su mayor reto, pero también admiten no tener ningún control sobre los factores que subyacen a la actual oleada inflacionaria. Muchos están cada vez más alarmados por un posible «doble golpe» de inflación y recesión.
Sin embargo, defienden la estrategia del incremento de las tasas de interés como un «ataque preventivo» necesario. Supuestamente, esto evita los «efectos secundarios» de los trabajadores que exigen myores salarios para hacer frente al aumento del coste de la vida, lo que desencadena las llamadas «espirales de salarios y precios».
En la jerga de los bancos centrales, estas medidas «orientadas al futuro» transmiten un claro mensaje de «anclaje de las expectativas inflacionarias», mejorando así la «credibilidad» de esas instituciones en la lucha contra la inflación.
Insisten en que las pérdidas de empleo y de producción resultantes son solo sacrificios temporales de corto plazo para la prosperidad a largo plazo. Recuerden: los ejecutivos de los bancos centrales nunca son castigados por causar recesiones, no importa cuán profundas, prolongadas o dolorosas sean.
Pero el aumento de las tasas de interés solo empeora las recesiones, sobre todo cuando no está causado por el aumento de la demanda. El último repunte inflacionario se debe claramente a las interrupciones de la oferta a causa de la pandemia, la guerra y las sanciones.
El incremento de esos tipos de interés solo reduce el gasto y la actividad económica sin mitigar la inflación «importada», por ejemplo, el aumento de los precios de los alimentos y del combustible.
Las recesiones interrumpirán aún más los suministros, agravando la inflación y empeorando la estanflación.
Algunos banqueros centrales afirman que los recientes aumentos salariales indican expectativas inflacionarias «desancladas» de otras variables, que amenazan con «espirales salariales». Pero esta paranoia ignora el cambio en las relaciones industriales y los efectos de la pandemia de covid-19 sobre los trabajadores.
Con los salarios reales estancados durante décadas, la amenaza de una «espiral salarial» es muy exagerada.
En las últimas décadas, la mayoría de los trabajadores han perdido poder de negociación con la desregulación, la externalización, la globalización y las tecnologías que ahorran puestos de trabajo. De ahí que la participación del trabajo en la renta nacional haya disminuido en la mayoría de los países desde la década de los años 80.
La recuperación del mercado laboral, incluso el endurecimiento en algunos sectores, oculta los efectos adversos generales de la pandemia sobre los trabajadores. Mientras tanto, millones de trabajadores han pasado a trabajar por cuenta propia de manera informal, lo que ahora se conoce como «trabajo en serie», aumentando su vulnerabilidad.
Los contagios de la pandemia, las muertes, la salud mental, la educación y otros impactos, incluyendo las restricciones a los trabajadores migrantes, han perjudicado a muchos. Los contagios de covid han perjudicado especialmente a los trabajadores vulnerables, incluidos los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres.
Se presume que las políticas económicas de tecnócratas supuestamente independientes y con amplios conocimientos son mejores. Pero esta fe ingenua no tiene en cuenta las creencias ideológicas ostensiblemente académicas de los que están al frente de los bancos centrales.
Las decisiones políticas, que suelen ser tendenciosas, aunque no lo digan, apoyan inevitablemente algunos intereses en lugar de otros. Así, por ejemplo, una política antiinflacionaria favorece a los propietarios de activos financieros.
A los políticos les gusta la noción de independencia de los bancos centrales. Les permite culpar cómodamente a los bancos centrales de la inflación y otros males, incluso de «dormirse al volante», y de las respuestas políticas impopulares.
Por supuesto, los banqueros centrales niegan su propio papel y responsabilidad, culpando en cambio a otras políticas económicas, especialmente a las medidas fiscales. Pero que los políticos culpen a los banqueros centrales después de darles poder es simplemente eludir la responsabilidad.
En el Occidente rico, los gobiernos, empeñados desde hace tiempo en la austeridad fiscal, dejaron el trabajo pesado de la recuperación tras la crisis financiera mundial de 2008-2009 en manos de los banqueros centrales. Sus «políticas monetarias no convencionales» consistieron en mantener los tipos de interés oficiales muy bajos, lo que permitió los chanchullos de las empresas y la longevidad de las mismas.
Esto permitió un aumento sin precedentes de la mayor parte de la deuda, incluido el crédito privado para la especulación y el mantenimiento de las empresas «zombi». Por lo tanto, el reciente endurecimiento monetario -incluyendo el aumento de las tasas de interés- desencadenará más insolvencias y recesiones.
La inflación y las respuestas políticas implican inevitablemente conflictos sociales sobre la distribución económica. En la «negociación colectiva libre» de Alemania, los sindicatos y las asociaciones empresariales negocian colectivamente sin interferencia del Estado, fomentando las relaciones de cooperación entre trabajadores y empresarios.
La Ley de Negociación Colectiva alemana no obliga a los «interlocutores sociales» a entablar negociaciones. El momento y la frecuencia de dichas negociaciones también se dejan a su elección. Se dice que estas disposiciones flexibles han ayudado a las pequeñas y medianas empresas, las pyme.
Aunque la «economía social de mercado» alemana no cuenta con una institución nacional de diálogo social tripartito, los sindicatos, las asociaciones empresariales y el gobierno no dudaron en debatir democráticamente las medidas de crisis y las respuestas políticas para estabilizar la economía y salvaguardar el empleo, por ejemplo, durante la crisis financiera global de 2008.
El entonces nuevo primer ministro australiano, Bob Hawke, desarrolló un enfoque similar de «diálogo social» a partir de 1983. Este enfoque contrasta con los enfoques de mayor confrontación aplicados en Reino Unido por Margaret Thatcher (1979-1990) y en Estados Unidos por Ronald Reagan (1981-1989), en los que las tasas de interés punitivas provocaron largas recesiones.
Aunque Hawke (1983-1991) había sido un exitoso líder sindical, al llegar al gobierno comenzó por convocar una cumbre nacional de trabajadores, empresas y otras partes interesadas. El Acuerdo de Precios e Ingresos resultante entre el gobierno y los sindicatos moderó las demandas salariales a cambio de mejoras en el «salario social».
Este acuerdo incluía una mejor prestación de la sanidad pública, mejoras en las pensiones y en las prestaciones de desempleo, recortes fiscales y una «jubilación» que incluía la exigencia de una participación de los trabajadores en los ingresos y la equiparación de las contribuciones de los empresarios a un fondo de jubilación.
Aunque los grupos empresariales no formaban parte formalmente del Acuerdo, Hawke incorporó a las grandes empresas a otras iniciativas nuevas, como el Consejo Asesor de Planificación Económica. Este enfoque consensuado contribuyó a contener tanto el desempleo como la inflación.
Estas consultas también permitieron realizar reformas difíciles, como la flotación de los tipos de cambio y la reducción de los aranceles de importación. También contribuyeron a la racha de crecimiento económico ininterrumpido más larga del mundo desarrollado, sin una recesión durante casi tres décadas, que terminó en 2020 con la pandemia.
Existen varios enfoques de este tipo. Por ejemplo, el consenso salarial de Noruega de 1976 no solo incluía los salarios industriales, sino también los impuestos, los salarios, las pensiones, los precios de los alimentos, los pagos de manutención de los hijos, los precios de apoyo a las explotaciones agrícolas y otros.
Las asociaciones sociales de ese tipo también han sido importantes en Austria y Suecia. Una serie de acuerdos políticos entre los sucesivos gobiernos y los principales grupos de interés permitieron acuerdos salariales nacionales desde 1952 hasta mediados de la década de los años 70.
Los enfoques consensuados apuntalaron, sin duda, la reconstrucción y el progreso posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de la llamada «edad de oro» keynesiana. Pero también se afirma que han creado rigideces contrarias a un mayor progreso, especialmente con el rápido cambio tecnológico.
La liberalización económica, en respuesta, ha implicado la desregulación para lograr una mayor flexibilidad del mercado. Pero este enfoque también ha producido más inseguridad económica, desigualdades y crisis, además de estancar la productividad.
Estos cambios también han socavado los estados democráticos y han permitido la existencia de regímenes más autoritarios, incluso etnopopulistas. Entretanto, el aumento de las desigualdades y la mayor frecuencia de las recesiones han tensado la confianza social, poniendo en peligro la seguridad y el progreso.
Los responsables políticos deberían consultar a todas las partes interesadas para desarrollar políticas adecuadas que impliquen un reparto justo de las cargas. La verdadera necesidad es, pues, diseñar herramientas políticas alternativas a través del diálogo social y de acuerdos complementarios para abordar los retos económicos de forma más equitativa y cooperativa. (IPS - T: MF / ED: EG)
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