Los países miembros de la Unión Europea negocian el séptimo paquete de sanciones contra Rusia por su decisión de invadir Ucrania, y tras vetar la adquisición de carbón y petróleo procedente de este país, el debate se centra ahora en un posible embargo al gas. Sin embargo, el Gobierno de España ha reconocido recientemente en una respuesta parlamentaria que no puede vetar las importaciones de gas ruso, al ser "actividades liberalizadas que desarrollan las empresas privadas en régimen de libre competencia". 

Lo ha hecho a instancias de Vox, que preguntó los motivos que hicieron que abril fuera el mes con mayor importación de gas ruso desde enero de 2008. En su respuesta, el Gobierno afirma que "no interviene en la selección de las fuentes de aprovisionamiento y únicamente establece los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de suministro en los términos establecidos en la normativa vigente", a la espera de que sea un órgano europeo quien establezca este embargo, si así lo acuerdan. La dependencia energética de Europa ha obligado a la Comisión Europea a formular el programa RepowerEU, con el que pretende reducir drásticamente la dependencia energética del Kremlin mediante la búsqueda de nuevos suministradores y una reconversión hacia las renovables que permita alcanzar la independencia energética.

España no es ajena a esta situación, pese a que su situación geográfica y su condición de 'isla energética' respecto al continente proporciona una mayor diversidad de fuentes y una menor exposición al gas ruso. Sin embargo, las importaciones de gas natural del mes de abril fueron las mayores desde enero de 2008, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). En abril se importaron un total de 40.759 GWh de gas procedente de Rusia, un 18,4% más que el mismo mes de 2021, lo que convierte al Kremlin en el tercer suministrador con un 8% del total de importaciones tras Argelia (23,4%) y Nigeria (16,9%). 

Respecto a este incremento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido dejar claro que la situación es circunstancial y aporta datos que certifican que España ha ido descendiendo su dependencia del gas ruso. Durante los cuatro primeros meses, el peso de las importaciones rusas fue del 7,07% sobre el total, valores inferiores a los de 2021, cuando Rusia aportaba el 8,91% del gas, y todavía menor al 10,43% que suponía en 2020.

El Gobierno ha fijado el incremento de la demanda de gas natural en un 3,7% respecto a 2021, pero asegura que no habrá cortes de suministro

En respuesta a otra consulta del Partido Popular, el Gobierno ha fijado el incremento de la demanda de gas natural en un 3,7% respecto al año pasado. A juicio del Gobierno, no existen motivos para creer que este aumento del consumo suponga un peligro para el suministro de gas procedente de Francia o las existencias del país, "dada la limitada capacidad de interconexión", y por el hecho de que la caída de demanda de gas para su uso industrial "está compensando la subida para la generación eléctrica". 

El suministro y las existencias de gas natural están reguladas por la Ley de Hidrocarburos, que fija un máximo de dependencia de los suministros aportados por un mismo país, actualmente fijado en un 50%; y la obligación de mantener un volumen mínimo de existencias de seguridad, que se han elevado de 20 a 27,5 días tras la aprobación del Real Decreto para hacer frente a las consecuencias de la invasión de Ucrania.

SÁNCHEZ IMPONE UN CHEQUE DE AYUDA A HOGARES CON RENTAS BAJAS Y CONFIRMA EL IMPUESTO A ENERGÉTICAS Y PETROLERAS

El jefe del Ejecutivo defiende su plan anticrisis frente a los "poderes económicos del Estado" que, esgrime, tienen unos "intereses" que "no nos van a quebrar".

La negociación se llevó hasta el último minuto. Incluso en el seno del Consejo de Ministro extraordinario que se ha celebrado este sábado. Hubo tensión entre los socios de coalición, el PSOE y Unidas Podemos. El bloqueo llegó a tal punto que la decisión quedó en manos del presidente del Gobierno. Finalmente el plan anticrisis del Ejecutivo, que se extenderá hasta fin de año, contempla un ayuda directa de 200 euros a trabajadores y desempleados, en definitiva a los hogares, con un renta inferior a los 14.000 euros. Una medida y un plan anticrisis que Pedro Sánchez ha defendido frente a "los poderes económicos" que, consideran, "golpean" al Gobierno por sus decisiones.

No se llega a los umbrales que exigía Unidas Podemos, pero el PSOE sí ha aceptado articular esta ayuda directa pese a que los departamentos económicos socialistas eran reacios, aunque dejando el montante en 200 euros y no los 300 como quería Unidas Podemos. El umbral de la renta para percibir la ayuda se fija en 14.000 euros; los morados habían presionado para elevarlo para que alcanzara a las clases medias, situándose en el entorno de los 30-35.000 euros.

El presidente del Gobierno, ante una negociación que se prolongó hasta la misma reunión del Consejo de Ministros, hasta último momento, optó por una decisión salomónica: daba su plácet a la propuesta de Unidas Podemos, pero bajo sus parámetros: menos cantidad y bajo el umbral preferido por el PSOE.

Sánchez ha defendido las medidas impulsadas por su gabinete para hacer frente a la crisis energética y el alza imparable de los precios frente a los "poderes económicos del Estado" que, ha esgrimido, tienen unos "intereses" que "no nos van a quebrar".

Entras las nuevas medidas que entrarán en vigor, el plan también contempla un descuento en los bonos transporte, que alcanzará un 50% en los servicios de transporte prestados por la Administración General, como por ejemplo Renfe en Madrid o Rodalies en Cataluña. Y ayuda directa para una rebaja del 30% en los servicios de transportes prestados por las comunidades y los ayuntamientos, que podrán completar con recursos propios hasta ese 50%.

Esta bonificación en el bono de transportes estará en vigor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

"INCÓMODO PARA LOS PODERES ECONÓMICOS"

Como recuerdan en el seno del Gobierno, este plan anticrisis es la primera respuesta de la coalición de izquierdas al batacazo histórico que sufrió este espacio político en las elecciones en Andalucía. Sánchez ha querido capitalizar las medidas socioeconómicas, pese a que algunas llevan la impronta de Unidas Podemos. Los morados ya habían asumido que en el contexto actual, así sería. Pero Sánchez ha aprovechado la ocasión para tratar de poner en valor su acción de gobierno, cuando se le ha cuestionado si el castigo en las urnas lo era para el Gobierno.

"Este no es un gobierno molesto, es incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales mediáticas y políticas. Es una realidad que venimos viendo desde hace cuatro años con la moción de censura y la formación del gobierno de coalición", ha expuesto el presidente del Gobierno, en un discurso que parece evocar a aquel Pedro Sánchez, militante socialista que perseguía recuperar el liderazgo del PSOE con un discurso claramente de izquierdas frente a los poderes.

Era el Pedro Sánchez de 2016, que denunciaba presiones de los poderes económicos y mediáticos para no intentar formar un gobierno alternativo a Rajoy. Hoy, en 2022, expone que los "intereses" de los "poderes económicos del Estado no nos van a quebrar y vamos a seguir defendiendo a la clase media trabajadora y que, con palabras y hechos, va a hacer un reparto justo de las cargas".

IMPUESTO A LAS GRANDES EMPRESAS

Esta defensa de su presencia en La Moncloa la ha realizado Sánchez después de confirmar que su Ejecutivo va a instaurar un impuesto a las grandes empresas, a las energéticas y las petroleras. Esta semana, se va articular un tipo para gravar los grandes beneficios que presentan estas compañías. Se hará a partir del 1 de enero de 2023, pero la idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio de 2022, constatan fuentes gubernamentales.

Este periódico ha informado de que en ningún caso este impuesto se iba a incluir entre las medidas en el decreto ley aprobado este sábado por el Consejo de Ministros. La razón es que esa opción abriría la puerta a denuncias por parte de las empresas afectadas. Es más, en el Gobierno piensan que las denuncias se producirán casi en cualquier caso, pero que la judicialización parece segura, toda vez el Tribunal Constitucional tumbó en 2020 una modificación sobre el impuesto de Sociedades hecha mediante decreto ley por Montoro.

Este impuesto se articulará mediante una proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos registrarán en el Congreso de los Diputados, el mismo mecanismo con el que los socialistas quieren acometer una reforma legal que les permita lograr la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. "Las cargas de esta crisis deben distribuirse con justicia. Deben aportar más los que están en mejores condiciones. No cabe que unos tengan unos grandes beneficios a costa del perjuicio de la mayoría", ha expuesto Sánchez.

Otras de las medidas contenidas en el plan anticrisis son que se prorroga el límite a la subida del precio del alquiler; se revalorizan un 15% las pensiones e invalidez no contributivas pactada con Bildu; y se mantiene congelado el precio del butano. En total, el Gobierno estima el coste de este segundo plan anticrisis en 9.000 millones: 5.500 millones en gasto directo en ayudas y 3.600 millones respecto a la reducción de ingresos motivada por las rebajas fiscales.

Feijóo: "El Gobierno acierta al copiar las medidas del PP pero se equivoca en no ir más allá"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "copiar" las medidas del PP en el nuevo paquete anticrisis, tras el "varapalo" de las elecciones de Andalucía de este mes.

En cuenta de Twitter, el líder del PP ha destacado que "el Gobierno acierta al copiar las medidas del Partido Popular en el Consejo de Ministros para bajar el IVA de la luz y ayudar a los vulnerables", pero ha lamentado en que "se equivoca en no ir más allá".

Por ello, Feijóo ha pedido al Gobierno ajustar el IRPF a rentas medias y bajas, reducir el gasto del Gobierno "más caro de la historia" y trabajar para suspender el impuesto de hidrocarburos y que "baje así el precio de la gasolina tal y como propusimos". (EUROPA PRESS/EFE)