Tal vez sin desearlo, Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner, desnudó el principal motivo del evidente fastidio de su clienta con el presidente de la Nación. Dijo que Alberto Fernández les hizo “perder el tiempo” con la proyectada y nunca concretada reforma judicial, al tiempo que se quejó del nulo avance de las sugerencias formuladas por la comisión de juristas que él integró.

Las despechadas palabras del doctor Beraldi se conocieron muy poco tiempo después de que la Corte Suprema de Justicia hiciese público su unánime fallo con el cual desechó los diversos planteos de la vicepresidenta tendientes a obstaculizar la denominada causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que habría direccionado contratos de obra pública en favor de empresas de Lázaro Báez y en perjuicio de los intereses del Estado.

Pero la madre del borrego quedó a la vista cuando el abogado de la vicepresidenta afirmó, en abierta crítica a la gestión de Alberto Fernández, que “se necesita tener una política clara en el Ministerio de Justicia, objetivos concretos, y pensar que ya queda un año y medio de gobierno”.

Las declaraciones de Beraldi denotan frustración y desesperación. Transmiten la misma ansiedad que carcome a Cristina Kirchner, quien advierte el agotamiento de los tiempos en los que ella originalmente imaginó que, con la supuesta habilidad negociadora del presidente de la Nación y con la presión política del Poder Ejecutivo sobre los magistrados, iban a quedar definitivamente sepultadas las causas judiciales en su contra.

Sin embargo, la máxima yabranista según la cual “el poder es impunidad”, y en la que también creía la vicepresidenta de la Nación, no se ha verificado por ahora. En la particular concepción cristinista, solo existe un poder, el Ejecutivo, y la Justicia es, si no un apéndice del poder político, un cuerpo formado por personas carentes de la misma legitimidad de la que, según ella, gozan quienes han sido elegidos por el pueblo en una elección democrática.

El drama de Cristina Kirchner quedó evidenciado en las críticas palabras de Beraldi. No es otro que la desesperación por conseguir impunidad. No concibe que alguien como ella, que a través de funcionarios de su confianza controla alrededor del 70% del presupuesto de la administración nacional, tenga que estar atendiendo los reclamos de la Justicia.

La desilusión que le generó su delfín en la Presidencia como potencial operador de sus causas judiciales se transforma por momentos en ira. Siente que el titular del Poder Ejecutivo la abandonó y la dejó sola ante el “acoso” que dice sufrir por parte de jueces y fiscales.

El Alberto Fernández conciliador y dialoguista al que Cristina Kirchner se refería cuando le ofreció ser candidato presidencial tres años atrás era, en su pacto tácito, aquel que utilizaría su poder –o su lapicera– para operar sobre la Justicia y lograr su sobreseimiento en todas las causas en las que se hallara procesada. Por lo visto, las cosas no fueron tan sencillas: algunas de esas causas judiciales están atiborradas de pruebas en su contra, que tornan impensable que la vicepresidenta pueda zafar de todas ellas sin despeinarse.

El máximo tribunal judicial, al rechazar los recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta, fue contundente frente a la presunta “gravedad institucional” y a las “persecuciones” que alegó la expresidenta. Para la Corte Suprema, “la gravedad institucional no se relaciona con la influencia, popularidad o importancia de las personas que son parte del pleito”. Según los jueces supremos, no hay ninguna clase de “lawfare” o de utilización con fines políticos o impropios de los expedientes.

De ahí que Cristina Kirchner insista en que “no hay un Poder Judicial, sino un partido judicial” o en que la organización institucional que tenemos, basada en la división tripartita de poderes, es muy vieja por cuanto data de la Revolución Francesa de 1789, época en que –según subraya la vicepresidenta– no existía ni la luz eléctrica, ni el auto, ni los teléfonos celulares como el último modelo de Iphone que exhibió durante el reciente acto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en Avellaneda, del que participó el lunes último.

El enojo de la vicepresidenta con el Presidente ni siquiera repara en las veces que la han ayudado en los últimos tiempos organismos del Estado, como la Oficina Anticorrupción, que acaba de apartarse como querellante en la causa Vialidad.

Tampoco ese fastidio se ve morigerado por gestos que ha tenido en su momento Alberto Fernández accediendo a conformar el llamado Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, con el cual el Gobierno apuntó a proyectar una reforma judicial a la medida de las necesidades de la vicepresidenta. Ese cuerpo asesor, más conocido como Comisión Beraldi, en alusión al abogado defensor de Cristina Kirchner, quien fue uno de sus integrantes junto a otros diez juristas, fue presentado en julio de 2020 en la Casa Rosada. El 10 de diciembre de ese año ofreció su informe final, en el que aconsejó disminuir la mayoría parlamentaria necesaria para elegir al procurador general de la Nación y crear otro tribunal como instancia previa a la Corte Suprema.

Esas propuestas fueron elevadas al Congreso, pero carecieron del apoyo requerido para que avanzaran en el terreno legislativo. De ahí que Beraldi, en declaraciones a C5N, haya dicho ayer: “No se puede meter nuestro informe, que tanto nos costó, en un cajón y no verlo nunca más”. O que se lamente de que “no se puede seguir perdiendo tiempo”, en sintonía con una vicepresidenta que, en referencia crítica a Alberto Fernández, señala que “de nada sirve ganar elecciones para no cambiar nada”. (La Nación por Fernando Laborda)