A lo largo de 2022, varias organizaciones internacionales y de derechos humanos han advertido de la delicada situación humanitaria que atraviesa Colombia. La semana pasada, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) alertó sobre el fortalecimiento de varios grupos armados ilegales; en marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo que el 2021 fue el año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz, y el Instituto Kroc reportó que el 37 % de las disposiciones para la paz tienen avances mínimos.

Además de estos temas alusivos al conflicto armado, investigadores de la Universidad Nacional (UN) han detectado que las muertes violentas se han disparado en las ciudades. La pobreza monetaria en el país alcanza el 40 %, según el DANE. Es decir, son personas que no tienen lo suficiente para suplir sus necesidades básicas. El descontento general de la ciudadanía se evidenció en las protestas masivas del paro nacional en 2021 y, a propósito de ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que hubo un uso desmedido de la fuerza del Estado contra los manifestantes.

De cara a este panorama, en abril del año pasado investigadores del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) se pusieron en la tarea de pensar cuáles son los cambios que necesita el país para superar estos problemas: “Veíamos que el cambio de gobierno era una oportunidad para nuevos aires que pudieran poner en marcha nuevas estrategias. Y nosotros, desde el rigor de la academia, quisimos contribuir a ello”, dijo Carlos Mario Perea, uno de los investigadores del IEPRI que ha liderado este proyecto y habló con Colombia+20 sobre estas propuestas.

Una de sus apuestas será presentarle al presidente Gustavo Petro, tras su posesión el 7 de agosto, una propuesta que titularon Plan de Desarrollo 2022-2026: La paz y el cuidado de la vida. Durante meses, estos cuarenta expertos se han reunido para darle forma a la propuesta que incluye profundas perspectivas regionales, pues de este grupo hacen parte también profesores de las sedes de Presencia Nacional de la UN, que trabajan en regiones como el Caribe, la Orinoquia, la Amazonia y el Pacífico.

Más allá del conflicto armado

Carlos Mario Perea es enfático en decir que abordar estas problemáticas implica entender que en nuestro país hay violencias que van más allá del conflicto armado. Los académicos han llamado a esto el conflicto violento. El conflicto armado hace parte de este conflicto violento que, como explica Perea, “afecta muchas esferas de la sociedad y lo vemos en la violencia dentro de los hogares o en escenarios urbanos donde se hacen exterminios sociales, la mal llamada ‘limpieza social’, por poner algunos ejemplos”.

Así, en la propuesta de Plan de Desarrollo, la paz se refiere a la resolución de todas las violencias de la sociedad, incluidas las causadas por el conflicto armado, pero sin limitarse a ellas.

Los académicos reconocen que el Acuerdo de Paz aborda muchas de las problemáticas subyacentes al conflicto, como la desigualdad, la pobreza, la exclusión histórica de poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y campesinas. Por eso, en las recomendaciones del Plan de Desarrollo la implementación del Acuerdo es esencial.

Pero, además, su propuesta sobrepasa el marco del Acuerdo con dos fines: el primero, abordar algunos temas que este no contempla en profundidad. El segundo, que se “desestatalice la paz”; es decir, que el discurso de la construcción de paz no se limite a las políticas públicas de la implementación del Acuerdo desde las instituciones, sino que sea apropiado por la sociedad como el eje de la nación que se construye en lo cotidiano.

Los seis ejes de trabajo

La propuesta del Plan de Desarrollo para el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez tiene seis ejes principales: la construcción de una agenda de equidad, la reconstrucción de tejidos sociales, la necesidad de hacer reformas institucionales, abordar los problemas de las ciudades, el narcotráfico y los actores en armas y la criminalidad.

La agenda de equidad, un aspecto muy mencionado por Petro y Márquez en sus discursos, responde al hecho de que “Colombia es uno de los países más inequitativos del planeta y si no se superen sus muchas desigualdades y exclusiones, la violencia y la criminalidad seguirán dotadas de la capacidad de incorporar en sus redes a grandes contingentes de población”, se lee en el documento de trabajo. Es decir, la desigualdad es el caldo de cultivo para escenarios de violencia porque agota las oportunidades para sectores vulnerables de la sociedad.

Algunas de las propuestas concretas de este eje tienen que ver con la creación de políticas públicas redistributivas, como la renta básica, la atención diferencial a mujeres cabeza de familia y acciones tributarias que aporten a cerrar las brechas económicas. También proponen que haya un viraje en los modelos económicos que respondan a problemáticas ambientales y potencien el trabajo rural. Todo lo anterior, prestando especial atención a las poblaciones que han sido históricamente excluidas y vulneradas, y a los niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

El segundo eje es la reconstrucción de los tejidos sociales. Este responde, por un lado, a el hecho de que en el país hay nueve millones de personas que han sido víctimas del conflicto armado y deben ser reparadas. Sus comunidades, sus proyectos de vida y las formas de relacionarse con sus territorios sufrieron graves daños y el Estado debe resarcirlos.

Por otro lado, la reconstrucción de estos tejidos también busca resignificar la cultura política que ha convertido a los ciudadanos en adversarios de bandos opuestos: “Como en la época de la Violencia, liberales contra conservadores, hemos migrado a uribistas contra antiuribistas, los del sí contra los del no”, dice Carlos Mario Perea. Una de las soluciones que propone el Plan de Desarrollo es que se trabaje sobre la memoria histórica de la historia política del país, sus sentidas luchas y devastadoras consecuencias de la polarización.

El tercer eje propone hacer reformas institucionales. Algunas de ellas ya están contempladas en el Acuerdo de Paz, pero no han sido implementadas, como la reforma política o la regulación de agencias de seguridad con miras a moderar la respuesta a la protesta pacífica. Otras reformas que consideran necesarias son temas de salud, justicia para solucionar la grave impunidad que aún impera en el país y la educación.

El cuarto eje responde a los problemas de violencia de las ciudades. Según Perea, estos problemas tienen sus raíces en la desigualdad, la dinámica propia de las ciudades, su economía, sus características sociales que, en algunos casos, no tienen redes comunitarias sólidas. Según los académicos, las ciudades son “el espacio ideal para la puesta en marcha de políticas francas de equidad”.

El quinto eje es el narcotráfico, que Perea describe como “la matriz de nuestras ilegalidades”. Para responder a este problema, además de la implementación de lo acordado en el punto 4 del Acuerdo de Paz, se propone que el tema sea objeto de discusión en escenarios internacionales para regular y articular las dinámicas del consumo y los negocios asociados al tráfico de drogas en el mundo.

Finalmente, el sexto eje aborda el problema de los actores armados. Nuevamente, además de la implementación del Acuerdo, los profesores ven necesario que se adopten medidas que respondan de forma integral y por vía negociada a las nuevas configuraciones que adquirieron otras guerrillas como el Eln y grupos herederos del paramilitarismo como las Agc o Clan del Golfo y que han variado desde que las antiguas Farc dejaron las armas. (El Espectador)