La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) emitió este viernes seis observaciones preliminares sobre, lo que consideró, los aspectos “que tienen un efecto” en el debido proceso contra la exmandataria Jeanine Áñez. La entidad apuntó, en primer lugar, que el tipo penal de incumplimiento de deberes, uno de los delitos por los que fue sentenciada, es “incompatible con el principio de legalidad”.
“Es incompatible con el principio de legalidad recogidos en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, consideró la entidad internacional a dos días de haberse leído en su integridad la sentencia a 10 años de cárcel contra la expresidenta por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Representantes de la OACNUDH-Bolivia hicieron un seguimiento al proceso relacionado a la forma cómo Áñez tomó la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse de la Presidencia del Estado, en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no está contemplado en el Reglamento de Debates.
También observó “el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar”. La expresidenta fue aprehendida y enviada a la cárcel en marzo de 2021, desde entonces permaneció en la cárcel.
Según la Misión, el “formato virtual e híbrido de las audiencias” tuvo un impacto en los principios de publicidad e inmediación, “respecto al acceso físico del público en general y de los medios de comunicación” y del juez con todas las actuaciones y los sujetos del proceso.
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Germán Ramos, decidió que el juicio oral se realice de forma virtual y presencia. Áñez y los coacusados siguieron el juicio de forma virtual, desde la cárcel donde están recluidos, mientras que sus abogados estuvieron presentes en la audiencia de forma presencial. Los jueces solo se vieron físicamente con los ahora sentencia cuando escucharon sus versiones antes de la sentencia.
“Sobre todo, afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles las declaraciones inicial y final”, observó el organismo internacional.
Otras observaciones apuntan a la realización de juicios en “rebeldía”. La Misión consideró que éstos deben evitarse “por el impacto que ello puede tener en el derecho a la defensa de las personas acusadas”.
Entre los sentenciados en ausencia están los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón fueron procesados en ausencia y condenados a 10 años de cárcel. Están prófugos.
“El acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida. La decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales”, señaló la entidad.
También observó que la numerosa participación de partes acusadoras (Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Gobierno y hasta un senador) afectó el “equilibrio procesal” en la posibilidad de presentación de pruebas, en la confrontación de testigos y en la presentación de alegatos.
“Las presentes observaciones, que no afectan la independencia judicial, reflejan en gran medida los desafíos estructurales del sistema de justicia que requieren una respuesta integral basada en el enfoque de derechos humanos”, aclaró el organismo.
El 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
GARCÍA, VICEPRESIDENTE DEL MAS CONFIRMÓ: ARCE, CHOQUEHUANCA Y MORALES SE REÚNEN PARA VER ‘CUÁL EL JUICIO’ CONTRA ÁÑEZ POR MASACRES
El vicepresidente del MAS, Gerardo García, informó que la reunión, donde también participarán dirigentes departamentales, se realizará este sábado en Cochabamba
El vicepresidente del MAS, Gerardo García, informó que la reunión, donde también participarán dirigentes departamentales, se realizará este sábado en Cochabamba
El presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, el expresidente Evo Morales y la dirigencia departamental del MAS se reunirán este sábado en Cochabamba para analizar si debe encararse un juicio penal o de privilegio contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019.
La información la dio el vicepresidente del MAS, Gerardo García. Se “va a retomar nuevamente esa reunión (en la que se habló del tema) para poder tomar una decisión, cuál va a ser el juicio que se va a hacer, juicio de responsabilidades o juicio ordinario”, reveló en una entrevista con la red Gigavisión.
“Ahí se va a analizar y se va a definir cuál va a ser el juicio que se va a llevar a los que todavía no están siendo procesados y también a Jeanine Áñez, ahorita se la ha sentenciado a 10 años por el golpe de Estado II”, insistió y explicó que se trata de las masacres de Sacaba y Senkata, donde más de una veintena de personas murió por impactos de bala.
Ese noviembre de 2019, pocos días después de que Áñez tomara el poder y en el marco de un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares por restablecer el orden, fuerzas de la Policía y de las Fuerzas Armadas intervinieron protestas de gente afín al MAS con el saldo de muertos y decenas de heridos de bala.
SENTENCIA ESTABLECE QUE ÁÑEZ ‘NO SE ENCONTRABA EN LA LÍNEA DE SUCESIÓN CONSTITUCIONAL’
La expresidenta Jeanine Áñez tomaba decisiones como presidenta del Senado antes de hacerse de ese cargo. También instruía a las FFAA, sin contar con esas prerrogativas
La expresidenta Jeanine Áñez “no se encontraba en la línea de sucesión constitucional” y tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores la mañana del 12 de noviembre de 2019, cuando no se había declarado presidenta de esa instancia legislativa, establece el fallo que la condenó a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II.
Justamente se la enjuició y sentenció por la forma cómo se hizo de la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse del poder, en ese noviembre de 2019, dos días después de la dimisión del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas alentadas por denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.
“Se ha llegado a establecer que la acusada no se encontraba en la línea de sucesión constitucional de reemplazo del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, se lee en la sentencia conocida en su integridad el miércoles, donde también se sostiene que se “auto-designó” como presidenta del Senado.
De acuerdo a las pesquisas, Áñez se hizo de la Presidencia del Senado en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no está contemplado en el Reglamento de Debates, que reserva ese derecho solo a la mayoría, en ese caso el MAS. Tampoco, según el documento, verificó la dimisión de la entonces presidenta de los senadores Adriana Salvatierra o la situación en Diputados, donde estaba en ejercicio de la presidencia Susana Rivero.
“Sin encontrarse legalmente habilitada como Presidenta de la Cámara de Senadores, en fecha 12 de noviembre de 2019, a horas 08.30 AM tomó posesión de la oficina de la Presidencia de la Cámara de Senadores” e identificó a quienes deberían recibir la correspondencia.
Aunque ya un día antes, la noche del 11, hacía declaraciones como Presidenta del Senado. “En un medio televisivo Unitel emite una convocatoria a las FFAA, responsabilizando a ese institución de lo que suceda en el país, y la realiza en su calidad de Presidenta del Senado”, incumpliendo, según la sentencia, preceptos constitucionales que solo asignan al Presidente del Estado dar órdenes a la institución armada.
También ya firmaba documentos. A través de una nota dirigida al excomandante de las FFAA Williams Kaliman “instruyó de forma ilegal al general Williams Kaliman Romero el resguardo de los alrededores de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
Áñez fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al igual que la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre ellos Kaliman y de la Policía Yuri Calderón.
Una reunión de cívicos y políticos de oposición en la Universidad Católica Boliviana (UCB) determinó el curso de la sucesión. De hecho desde la sala de esa reunión se habría llamado a Áñez para ofreceré la Presidencia de Bolivia.
La defensa de la sentencia anunció apelaciones e incluso acudir a instancias internacionales.
“Aquí terminó (el debate sobre) si hubo golpe o fraude, está definido (con la sentencia contra Áñez. Ahora) viene el próximo paso: qué va a ser del genocidio, qué va a ser de los delitos de lesa humanidad; solo quiero comentarles, en una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, (donde estaban también) el vicepresidente David Choquehuanca, Iván Lima, la ministra de la Presidencia (María Nela Prada), el Pacto de Unidad, (aunque) no todos, jefes de bancada de senadores y diputados, y presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades”, explicó sobre esa reunión.
A raíz de esa declaración y antes de conocerse la sentencia completa contra Áñez, el relator de la ONU Diego García-Sayan expresó “preocupación” por declaraciones de Morales sobre una reunión en la que se habría definió un juicio ordinario contra Áñez y afirmó que la expresidenta tiene “derecho a juicio de responsabilidades” independientemente de cómo haya llegado al poder.
García negó que sea una injerencia en el Justicia hablar del juicio contra la expresidenta y consideró que “no es correcto que, realmente, sigan campeando aquellos autores que han cometido estos crímenes”.
Morales afirmó que “manipulan” sus declaraciones y que “en un Estado democrático y soberano, la justicia es la única instancia encargada de tomar decisiones sobre temas de su jurisdicción”.
Arce también tiene una reunión con Morales y el resto de la dirigencia cocalera del Chapare el lunes en la Casa Grande del Pueblo, mientras que el MAS se reunirá el 22 de emergencia para hacer una evaluación de la gestión de gobierno. García acusó a Choquehuanca de estar en la formación de una “estructura política”. (La Razón-Bolivia)