Gerhard Schröder, excanciller alemán y conocido lobista a favor de los intereses de Rusia en Europa, se encuentra a un milímetro escaso de convertirse en un verdadero paria internacional por su proximidad a Moscú. El Parlamento Europeo ha pedido este jueves que se incluya su nombre en la lista negra de sancionados de la UE. La resolución de la Eurocámara, aprobada con el apoyo de los grandes grupos políticos, “reclama con fuerza” al expolítico socialista que abandone sus puestos de responsabilidad en empresas estatales rusas, una decisión que han tomado otros en los últimos tiempos, como los ex primeros ministros Esko Aho (Finlandia) y el francés François Fillon.

El texto de la resolución, centrada en las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa de Ucrania, exhorta al Consejo (el órgano que representa a los Veintisiete) a que “amplíe la lista de personas objeto de las sanciones de la UE a los miembros europeos de los consejos de administración de las principales empresas rusas y a los políticos que siguen recibiendo dinero ruso”, lo que incluiría al exmandatario alemán, a quien el texto señala de forma expresa, si no abandona sus puestos.

Schröder, de 78 años, ostenta en la actualidad el cargo de presidente del consejo de vigilancia en el gigante del petróleo Rosneft y ha sido nominado para entrar en el consejo de administración del emporio gasista Gazprom; también preside el consejo de administración de Nord Stream, el consorcio empresarial en el que participa Gazprom junto a empresas de la UE, dedicado a la importación por tubería de gas de Rusia a Alemania.

La Eurocámara reclama en los mismos términos a Karin Kneissl, exministra austriaca de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de Sebastian Kurz y amiga personal de Vladímir Putin (el ruso bailó con ella el día de la boda de esta), que emprenda idéntico camino y abandone su puesto de responsabilidad en Rosneft. La propuesta del hemiciclo comunitario no es obligatoria ni vinculante, pero sí indica la creciente presión para que antiguos gerifaltes de la política europea dejen de prestar apoyo al régimen de Putin.

El aislamiento del socialdemócrata Schröder, que ejerció como canciller alemán entre 1998 y 2005, es cada vez mayor en Alemania y el resto de la UE. Su cercanía a Putin y su negativa a condenar la invasión de Ucrania lanzada por el Kremlin lo han ido dejando arrinconado y fuera de juego: una persona non grata.

Durante su mandato sentó las bases para construir el gasoducto Nord Stream 1 y poco después de abandonar la cancillería dio el salto a la compañía que lo gestiona. Su proximidad a los postulados del Kremlin es conocida: en entrevistas públicas ha llegado a poner en duda la autoría de la matanza perpetrada en Bucha. Nada fuera del guion para una persona que en 2014 celebró su 70 cumpleaños en compañía del presidente ruso en San Petersburgo. Sucedió unas semanas después de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia.

Pero la presión resulta cada vez mayor en su contra. El Ejecutivo de Berlín, liderado por el también socialdemócrata Olaf Scholz, ha decidido dejar de sufragar con erario público los 400.000 euros anuales que cuestan la oficina y el personal que el excanciller mantiene como antiguo jefe de Gobierno. La decisión, consensuada ya por los partidos de la coalición de gobierno el miércoles, se vota este jueves.

“El auge y caída de Schröder es un espejo del modelo industrial alemán”, ha escrito este jueves Wolfgang Münchau, analista y fundador de Eurointelligence, al hilo de la resolución de la Eurocámara. “La acción política de Schröder y el modelo industrial que defendió tienen en común la absoluta falta de sostenibilidad. Y aquello que no es sostenible termina en algún momento”.

Acuerdo sobre las reservas de gas

En su resolución, la Eurocámara también reclama al Consejo que amplíe la lista de sancionados por la UE teniendo como modelo una propuesta de 6.000 personas presentada por la Fundación Navalni, del disidente ruso encarcelado Alexéi Navalni. La extensa libreta negra actual, que ha superado el millar de personas, incluye a destacados oligarcas rusos, además del presidente Putin y a su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. La inclusión en la lista implica la prohibición de entrada en territorio comunitario y la congelación de bienes en la UE (aunque a Putin y Lavrov no se les ha prohibido la entrada, para dejar abierta una posible vía diplomática).

El texto también demanda la creación de un nuevo fondo europeo inspirado en el de recuperación (pactado en 2020 para superar el bache de la pandemia), sumándose a las voces crecientes que reclaman una financiación comunitaria para reanimar la economía. Este nuevo “fondo de autonomía estratégica” serviría “para financiar las infraestructuras energéticas transfronterizas, evitando los efectos de cautividad de los combustibles fósiles, y la producción y eficiencia de las energías renovables, reforzando el camino hacia el pacto verde europeo”, sostiene la resolución.

El Parlamento Europeo ha logrado sellar también este jueves, tras intensísimas negociaciones, un acuerdo político con el Consejo para obligar a los Estados miembros a llenar las reservas de gas hasta el 80% de capacidad antes de este invierno, una cifra que se elevará al 90% a partir de 2023. La propuesta fue lanzada por la Comisión Europea en marzo, ante el riesgo de desabastecimiento derivado de la guerra en Ucrania y de las represalias por las sanciones occidentales contra el Kremlin y su aparato económico.

Uno de los puntos más conflictivos de las discusiones ha tenido que ver precisamente con el hidrocarburo importado de Rusia: el Europarlamento pretendía evitar que la obligación del almacenamiento se cumpla con gas ruso, según indica una fuente comunitaria con acceso a la negociación. Finalmente, se ha acordado hacer una mención a la necesidad de asegurar la diversificación energética, pero sin incluir una prohibición del gas ruso.

“Hemos alcanzado un rápido acuerdo político sobre la propuesta de almacenamiento de gas”, ha celebrado la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, en redes sociales. “Esta propuesta es clave para asegurar que estamos preparados el próximo invierno”. Tras el acuerdo político, ambos colegisladores europeos, Eurocámara y Consejo, han de dar el visto bueno formal y definitivo a la medida. (Reuters)