Ya pasaron dos meses desde que Alberto Fernández firmó el decreto que crea el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. Esta herramienta, que fue la elegida por el gobierno para desacoplar los precios internacionales de los internos al calor de la suba dada por la guerra entre Rusia y Ucrania, aún no pudo implementarse. Los precios de la harina, el pan y las galletitas siguen subiendo y en el gobierno aseguran que podrían empezar los primeros giros este viernes, aunque resaltan la limitación de la herramienta. Cuáles son las dificultades de implementación.
Derechos de exportación, cupo para exportaciones o fideicomisos eran las herramientas con las que contaba el ejecutivo para evitar que los aumentos exponenciales en las cotizaciones de la tonelada de soja, el maíz y el trigo en los mercados del mundo impacten sobre los precios de los alimentos que consumen los y las argentinas. Tras discusiones dentro de la coalición gobernante, la decisión fue ir por la de menor costo político - y también menor eficacia-: el fideicomiso del trigo.
Es un fondo que apunta a subsidiar el precio de la bolsa de harina de 25 kilos que elaboran los molinos y le venden a panaderías e industrias alimenticias para elaborar pan y otros productos derivados como galletitas o pastas secas. Para financiar este fondo el gobierno utiliza el monto recaudado por el aumento de dos puntos de las retenciones a las exportaciones de derivados de la soja - harina y aceite de soja- en marzo, que calculan que puede aportar entre 370 y 400 millones de dólares.
El Estado recauda el dinero y lo transfiere a una cuenta administrada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que es quien le gira el dinero a los molinos interesados en recibir el subsidio. Para recibirlo, las empresas deben anotarse y luego aceptar que las bolsas de harina que vendan tengan la inscripción "Harina Subsidiada por el Estado Nacional" a fin de que el Estado pueda realizar un seguimiento.
El precio de venta de la bolsa es una referencia fijada por el Estado. De acuerdo al decreto la bolsa tenía que volver a valores previos a la guerra, a 1.150 pesos - hoy la pagan más de 2.000-, sin considerar el costo de la entrega, que varía del 3,5 por ciento en CABA y provincia de Buenos Aires al 8 por ciento en la Patagonia.
Las dificultades que está encontrando la Secretaría de Comercio para lograr implementar la medida se pueden resumir en dos: la voluntariedad de la medida y la burocracia para aplicarla.
Para recibir el subsidio, los molinos – que son alrededor de 154 en todo el país– deben inscribirse en un legajo y contar con la documentación de todas sus ventas. Esta inscripción es voluntaria y una de las dificultades con las que se encontró Comercio es que - a pesar de que sí hay algunas anotadas- muchas de las empresas no pueden o no quieren hacerlo.
Las pymes muestran complicaciones por no cumplir con los requerimientos del Estado. Lo cierto es que hay muchísima informalidad en la cadena molinera y el Estado pide algunos requisitos básicos como estar al día con los impuestos para ser beneficiario. Mientras que a muchos de los molinos grandes, agrupados en la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), no les hace gracia que el Estado haga la trazabilidad de las bolsas. La narrativa formal es que no tienen espalda para vender a ese precio con las condiciones de financiamiento que les da el Estado, pero quienes conocen el sector también se lo atribuyen a la informalidad en la cadena.
La segunda - pero no menos importante - dificultad de implementar la medida tiene que ver con la cantidad de pasos que debe realizar primero la Secretaría y luego el BICE para autorizar el giro del dinero a cada empresa. La implementación no termina de ser directa.
A pesar de las dificultades mencionadas, desde Comercio Interior aseguran que parte del dinero se encuentra disponible y podrían comenzar los giros este próximo viernes para ver el impacto en precios en las próximas semanas. Hay tres empresas que ya realizaron los trámites y podrían recibir los giros este viernes: Molino Cañuelas, Molisur y Molinos Florencia. Además, existen diez que se encuentran con el trámite avanzado y estarían en condiciones de recibir el subsidio la próxima semana.
Lo admiten desde el propio gobierno: se necesita una medida más audaz para lograr que los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que aún no terminó y sigue teniendo efectos sobre los precios internacionales, no impacte en los bolsillos de los y las argentinas. Con la retirada de India, uno de los diez principales exportadores de trigo a nivel mundial y proveedor de Europa, el precio de la tonelada de trigo llegó a los 260 dólares esta semana, duplicando el valor que contaba antes de iniciada la guerra.
El gobierno podría aumentar las retenciones por decreto basándose en el Código Aduanero, pero no hay consenso sobre el punto: públicamente, Martín Guzmán asegura que no van a aumentarlas y el ministro de Agricultura Julián Domínguez acompaña. En tanto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, asegura que esa es una de las herramientas más eficientes para lograr el desacople. (Página 12)
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