“La gente ve una plaza llena, llega a su casa y tiene la heladera vacía”, chicaneba Alberto Fernández a Mauricio Macri en octubre de 2019. Más de dos años después, Máximo Kirchner dice sobre el elegido de su madre para gobernar el país: “Durante 2022, la pérdida del poder adquisitivo por la aumento desmedido de precios evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes”. La relación cada vez más desigual entre ingresos e inflación –a favor de esta última– quebró al Frente de Todos por el impacto que el bolsillo tendrá en el voto.

El oficialismo (el “albertismo”) avanza a cuentagotas sin resignar la bandera del aumento del salario real, pero con el corset –margen fiscal– que significa el acuerdo con el FMI, el plan que defiende a capa y espada Martín Guzmán y con el que promete llevar adelante una desaceleración sustentable de la inflación. Es su creencia (ordenamiento de las cuentas, menor emisión y más reservas), pero además asegura dólares que le dan aire a la economía (importaciones) y estabilidad (control sobre el tipo de cambio) frente a un mercado desconfiado. A esto, dice el ministro, le falta generar la creencia de que el curso se mantendrá. Traducción: de que el ministro seguirá siendo Guzmán.

Para la novedosa oposición dentro del oficialismo (el “cristinismo”) no existe sustentabilidad posible sin ganar 2023. Lo dijo Cristina Kichner en Chaco: la emisión no genera inflación. No hay obstáculos para llenar las heladeras; no importa cuántas reservas haya en el Banco Central. Ese camino, cree Guzmán, lleva a una mayor aceleración inflacionaria porque esos billetes –sin demanda– terminan poniendo presión sobre el tipo de cambio. El plan de Cristina Kirchner llevaría así a un fogonazo.

La vice tiene argumentos, pero políticos; no extraña el intento de pasarse a la oposición. Una encuesta de D’Alessio Irol y Berensztein de las últimas horas afirma que el balance positivo de la situación económica dentro de un año entre quienes votaron al Frente de Todos cayó doce puntos entre abril de 2020 y el mes pasado. El principal miedo es la inflación.

En Economía se negaban a reconocer que el adelanto del Salario Mínimo –que tendrá un costo financiero no fiscal– fuera una respuesta al proyecto de Máximo Kirchner en el Senado. “Era algo acordado. Máximo lo sabía y se adelantó”, contaron. Una reacción Sergio Massa style.

En el Gobierno se apuraron la última semana en publicitar los acuerdos paritarios que se estaban cerrando. Fue el miércoles pasado luego de que Cristina Kirchner celebrara el alza del 60% de Sergio Palazzo para los bancarios. Tras la nueva moratoria jubilatoria, ayer se anunció el alza de 15% a jubilados.

Tras el pedido de retenciones móviles, Guzmán anunció una “hoja de ruta” para un impuesto a la renta inesperada sin detalles y bonos que, según la Fundación Capital, tuvieron un costo de $330.000 millones (sumando Potenciar Trabajo, tarjeta Alimentar y pago a jubilados).

A Guzmán ya le habían preguntado en televisión por un Salario Universal. Cauteloso respondió con bonos, una medida puntual, no permanente. Hoy, diputados cristinistas presentaron el proyecto de Salario Básico Universal. Su monto sería de $12.108 y alcanzaría prácticamente el mismo universo que el Ingreso Familiar de Emergencia (9 millones).

Las chicanas siguen con otros actores. Cristina corre el arco y Alberto ataja penales para no “desunir”. Guzmán hace cuentas para tener dólares de un Fondo que mira como los precios hacen caja para el Estado y queman los bolsillos de los argentinos. (La Nación por Francisco Jueguen