Los días en Saravena transcurren con una aparente calma, como una fachada que oculta el miedo de la gente a un nuevo atentado o a que haya más muertos. Sus habitantes salen a hacer lo estrictamente necesario -ir a trabajar o a hacer algún encargo-, por lo demás permanecen encerrados en sus casas, aún más desde el paro armado que decretó el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en todo el país. Arauca ha sido históricamente una zona dominada por esta guerrilla, por eso la población ya sabe que no puede haber un alma en las calles.

Desde el 23 de febrero, cuando empezó el paro armado, en Saravena ha habido una parálisis total del comercio y del transporte público y privado. No hay ningún negocio abierto, y quien tenga que salir a trabajar le toca desplazarse a pie. Ese mismo día la guerrilla quemó una moto en los barrios de la parte alta del municipio, y a 30 minutos, en Fortul, algunos guerrilleros hicieron patrullajes para instalar banderas del Eln. Ni siquiera la Policía sale a recorrer los barrios.

Este paro se sumó al toque de queda que el Gobierno estableció desde el 20 de enero, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m., a raíz de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc, el Ejército y el Eln, los cuales dejaron 86 muertos solo en enero y 1.200 personas desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.

Saravena vive en silencio bajo el control de los grupos armados ilegales y a la vez está militarizada. En las paredes de las casas hay grafitis de las Farc-Ep o del Eln, mientras al lado se ve una garita de la Policía con un muchacho uniformado en su interior sin hacer nada. El parque principal está acordonado y solo se ve a unas cuantas personas dándoles de comer a las palomas. Quienes caminan por allí son soldados que sostienen con ambas manos sus grandes fusiles, requisan a quienes van en moto, miran dentro de los carros y siguen caminando.

En las vías de acceso a este municipio hay al menos tres retenes militares, con tanquetas gigantes, trincheras hechas con bultos de arena y hombres serios y armados que ordenan de forma tosca abrir baúles y maletas.

En el centro de Saravena, a unas cuadras del parque principal y de la estación de Policía, hay barricadas hechas de tanques de metal y piedras que encierran dos calles para evitar el paso de los carros. Es la única medida de seguridad que tienen los trabajadores de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (Ecaaas) y quienes forman parte de las organizaciones sociales que se reúnen en el edificio Héctor Alirio Martínez. Sobre ambas instalaciones hubo atentados por parte de las disidencias de las Farc a mediados de enero.

El primero fue una granada que lanzaron contra el Ecaaas el 9 de enero. Esta empresa nació por iniciativa de campesinos a mediados de los años setenta y hoy es un proyecto comunitario manejado por 100 representantes de organizaciones sociales de Arauca, sin injerencia de empresas privadas ni de las autoridades departamentales, y que le surte de agua potable y gas a esa zona de Arauca.

Quienes administran esta empresa sostienen que no es la primera vez que son atacados. Desde su creación, los grupos armados les han asesinado a cuatro compañeros y el Estado colombiano a judicializado a sus dirigentes y miembros tras acusarlos de colaboradores de la guerrilla.

“Nos han acusado de ser la caja menor del Eln”, asegura Eduardo Sogamoso, encargado del área de responsabilidad de control interno. A su lado está Bernardo Argüello, presidente actual de esta empresa, quien agrega que la estigmatización no es nueva, pero que las agresiones contra el movimiento social, de los que ellos son parte, sí son cada vez más fuertes.

 “Somos la piedra en el zapato para el Estado, para este es como si nos interpusiéramos al desarrollo del país” porque, explica, se oponen a la explotación petrolera en Arauca, ya que afecta las cuencas hídricas y no trae inversión social a la región.

El atentado contra sus instalaciones afectó el servicio de agua en Saravena durante algunas horas. Argüello dice con indignación que buscaron ayuda del Estado para reparar el servicio, pero la respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos fue que tenían que reparar los daños por su cuenta e indemnizar a la gente, si no los sancionaban.

Reclama que así de nula es la respuesta y la presencia del Estado en Arauca, y que la desconfianza en la Fuerza Pública radica en gran parte en que protege los pozos petroleros y no la infraestructura que garantiza necesidades básicas para toda la población.

El segundo atentado fue el 19 de enero. Lo realizó el frente 28 de las disidencias, al mando de Antonio Medina. A la mañana siguiente en todos los noticieros se habló del carro bomba que explotó alrededor de las 10:34 p.m., a unos metros del edificio Héctor Alirio Martínez, donde estaban durmiendo más de 50 integrantes de organizaciones sociales.

Este edificio de cuatro pisos es la sede de al menos ocho organizaciones campesinas, de jóvenes y mujeres de Saravena. Hacia ellos y ellas iba dirigido el ataque, pues llevaban más de diez días en el edificio haciendo talleres de derechos humanos y de medidas de autoprotección. Entre el grupo de gente había alrededor de 20 mujeres, personas mayores y diez niños, los cuales fueron evacuados apenas llegó el primer rumor de un atentado.

Isaías Orozco, dirigente campesino de 71 años y miembro de la Asociación Nacional José Antonio Galán Zorro, estuvo en el momento de la explosión. “Estaba acostado en el piso, en una colchoneta, cuando fue que sentí el guamazo de la explosión que me levantó del piso. Todos corrían de un lado a otro, luego me sacaron en una camilla con solo algunos cortes en la cara, a Dios gracias que no hubo más personas graves”, relata.

En total hubo cuatro heridos y un muerto: Simeón Delgado, el vigilante del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), edificio que quedó destruido luego de la explosión. Los daños no fueron más graves porque el carro no alcanzó a pasar por las barricadas, pero la onda explosiva también destruyó la sede de transportes Cootransarare y afectó las instalaciones del Sena, el Instituto de Bienestar Familiar, la emisora comunitaria Sarare Estéreo, la sede de Educadores de Arauca, la Registraduría Civil, la sede de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Coopetrán y varios locales comerciales.

Caminar por esta cuadra es ver un escenario de guerra: las paredes destruidas, vidrios rotos y estructuras eléctricas al descubierto, los árboles completamente quemados, las ruinas del edificio del ICA y pedazos de metal regados.

“El edificio Héctor Alirio Martínez es la casa de nosotros”, señala Isaías. Lo empezaron a construir los integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en 1987. “No entiendo por qué si las Farc se identifican como el Ejército del Pueblo, nos tienen amenazados a todos lo que somos parte del movimiento social. Ahora somos objetivo militar”, añade.

Lo mismo sostiene Sonia López, presidenta de la Fundación Joel Sierra, que ha sido una de las organizaciones que más han denunciado la violencia en Arauca. Es contundente al decir que nunca, ni siquiera durante los años más duros del paramilitarismo en este departamento, se había atacado de esa manera al movimiento social. “El accionar de estas disidencias de las Farc no dista mucho del actuar paramilitar: hicieron una declaratoria de guerra contra el movimiento, nos estigmatizan y sus comunicados pareciera que fueran escritos por las Águilas Negras, solo que le cambian los logos”.

Señalan que la violencia en Arauca no es solo por enfrentamientos entre dos bandos, sino que es un conflicto histórico que tiene que ver con su ubicación fronteriza con Venezuela y con el interés del Gobierno de extraer de allí de recursos naturales, como el petróleo.

El miedo que sienten las y los integrantes de estas organizaciones no solo es latente por los dos atentados, sino también por las amenazas con nombres propios que salen en los comunicados, o por las fotografías y mensajes que rotan a través de cadenas de Whatsapp en los que las disidencias amenazan a líderes y lideresas sociales.

De acuerdo con Somos Defensores, desde la firma del Acuerdo de Paz a septiembre de 2021 iban 109 agresiones y 20 asesinatos de liderazgos sociales en Arauca.

La Personería de Saravena reporta 30 homicidios en este municipio en lo que va de 2022 y hasta el 17 de febrero llevaba 159 declaraciones por desplazamiento forzado, que involucran a 324 adultos y 230 menores de edad.

“Cada día tomamos al menos ocho declaraciones de víctimas. Lo que recepcionábamos en un año, lo recepcionamos en un mes. He oído y visto el temor de la gente, y es difícil. He sacado a casi una docena de familias en mi vehículo personal”, dice entre lágrimas el personero José Luis Lasso. “Falta presencia estatal, empezando por la atención psicológica de la población afectada y hasta con nosotros, que somos funcionarios del Estado”.

El 22 de enero, en uno de los comunicados del frente 28 de las Farc, el grupo armado afirma que el edificio Héctor Alirio es un “escondite del Eln” y amenaza a varias personas, entre ellas a Bernardo Argüello y a Emiro Goyeneche, director de la emisora Sarare Estéreo, acusándolos de ser “comandantes” de esta guerrilla. Además, mencionan a la Asociación de Juvenil Estudiantil Regional (Asojer), que integra a 850 jóvenes en todo Arauca.

Lorena Méndez, de 23 años, nos contó con susto sobre este panfleto. Creció viendo cómo la movilización social es la única forma para obtener derechos en regiones como Arauca, pero dice que ejercer liderazgos es cada día más difícil, sobre todo entre los jóvenes.

“No tienen límites para agredirnos, porque se sabía que en ese edificio había campesinos, mujeres y niños, personas sin armas, y aun así colocaron un carro bomba”. Agrega que por todo el miedo que les genera algunos de sus compañeros y compañeras se han abstenido de participar en los encuentros de Asojer.

Las organizaciones le pidieron una medida cautelar de protección al Comité Interamericano de Derechos Humanos, y además le solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que les mejore los esquemas individuales de protección y les dé medidas colectivas de seguridad. Este diario consultó a la UNP sobre el estado de estas solicitudes, y aunque afirmaron que sí conocían del caso, no dieron más respuestas.

Entre las organizaciones queda una pregunta: ¿cómo entra un carro cargado de explosivos al centro de un municipio tan militarizado?

A partir de la situación de violencia en Arauca, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el 3 de enero que a este territorio llegarían 600 soldados a apoyar las tareas de la Octava División del Ejército.

Arauca entonces es uno de los departamentos más militarizados del país, con cerca de 7.000 soldados. Y en Saravena hay presencia militar 24/7, entonces, ¿cómo es que esa noche cruzó un carro bomba sin que nadie lo notara, en un municipio tan pequeño y con una estación de Policía a solo un par de cuadras? Colombia+20 intentó tener una respuesta por parte de la Octava División del Ejército, pero no contestaron.

En la madrugada del jueves realizaron en Puerto Rondón, a media hora de Saravena, un operativo en el que murieron 21 integrantes de las disidencias de las Farc, entre ellos, Jorge Eliécer Jiménez Martínez o Arturo, jefe del frente décimo de estas estructuras, y Ernesto Devia Mejía Casanova. En el operativo, destacado por el Gobierno Nacional, también fueron capturados cinco miembros más y fusiles, municiones y explosivos.

En todo caso, la comunidad de Saravena no siente que con la militarización haya más seguridad y tranquilidad. Al contrario, ha aumentado la desconfianza y el riesgo de ser catalogados como colaboradores del Ejército o de grupos ilegales.

 “Hace un poco hubo el hurto de unos muebles. Los sacaron en un camión a las 2:30 a.m., y se supone que a esa hora nada más lo que hay afuera es la Fuerza Pública. Y apenas como a una cuadra de una de las garitas de la Policía se presentaron hurtos o le dispararon a un muchacho. Antes recibimos quejas de maltratos hacia la comunidad, como comentarios racistas y golpes”, denuncia el personero.

Mujeres de la Asociación Amanecer por Arauca señalan que les da desconfianza tanta presencia militar por casos de violencia sexual que se han presentado en el pasado, o por el uso de niñas y jóvenes a través de tácticas como el “enamoramiento” para extraerles información.

María Guillón, una de sus integrantes, añade que las jornadas cívico-militares que hacen tanto el Ejército como la Policía terminan involucrando a la población civil en una guerra en la que no quieren estar. “Hemos sabido que involucran a menores de edad en las redes de cooperantes o informantes, y luego al ver los homicidios selectivos muchos de ellos son jóvenes que eran parte de eso”, denuncia.

Saravena permanece bajo el bloqueo del Eln, con las amenazas constantes de las disidencias de las Farc y la desprotección del Gobierno Nacional, que solo llega a estos territorios con más fuerza militar y no con servicios públicos, hospitales de calidad o universidades que les permitan a los jóvenes salir de esta guerra.  (El Espectador)