El entendimiento sirve para refinanciar el pago de un gigantesco préstamo de 45 000 millones de dólares que el FMI (Fondo Monetario Internacional) dio a Argentina en 2018 y se alcanzó a horas de que venciera la primera cuota de 2022, año en el que estaban programados vencimientos por 18 000 millones, que el país no podía afrontar y ahora fueron postergados hasta 2026.

Luego de agotar otras fuentes de financiamiento y recurrir en 2018 al FMI, Argentina vivió un pronunciado deterioro económico y social, que motivó que a fines de 2019 el presidente de centroderecha Mauricio Macri no consiguiera su reelección.

Cuando en 2020 se esperaba la recuperación, llegó la pandemia de covid-19 y un histórico derrumbe de más de 10 % de la economía. Y, si bien en 2021 hubo un rebote, este no benefició a los más vulnerables, debido a que la inflación superó 50 % y fue aún más alta en los alimentos de primera necesidad.

Este país sudamericano de 45 millones de habitantes y la tercera economía latinoamericana tiene, según datos oficiales, más de  40 % de su población sumergida en la pobreza, proporción que alcanza a 54 % entre los niños hasta 14 años, un fenómeno que se explica en parte por la mayor proporción de familias numerosas entre las capas con mayor precariedad socioeconómica.

Sin embargo, se encaminaba a una catástrofe económica y social aún mayor, según el presidente, si no alcanzaba un acuerdo con el FMI.

“Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer”, afirmó Fernández.

Así, el FMI vuelve a prestar dinero a Argentina para pagar su deuda, gracias a un acuerdo sujeto a revisiones trimestrales de las cuentas nacionales que –según el gobierno- no implican un ajuste, como los muchos que el país ha vivido en el contexto de su traumática relación histórica con el organismo financiero multilateral.

“Lo mejor de este acuerdo con el Fondo es lo que se evitó”, dijo a IPS en Buenos Aires el economista Andrés Borenstein, profesor de Finanzas Públicas en la pública Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Sin este entendimiento, el país se quedaba sin financiamiento y las consecuencias las iban a pagar los que menos tienen, porque iba a haber más inflación, mayor deterioro del valor real de los salarios y una devaluación más profunda de la moneda”, explicó.

El gobierno buscó disipar los temores de la población, que, en base a experiencias pasadas, asocia los acuerdos con el FMI con ajustes de las cuentas públicas que provocan una disminución de la actividad económica y un empobrecimiento general.

“En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”, dijo Fernández. “No habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del gobierno nacional”, agregó.

Los analistas, sin embargo, no toman al pie de la letra la palabra presidencial. “Es cierto que el acuerdo es bastante razonable para la situación en la que estaba argentina pero, como en cualquier programa del Fondo, ajuste va a haber”, afirmó Borenstein.

“Se vienen fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos y eso tendrá un impacto indirecto sobre la inflación y el consumo de la población”, añadió.

Efectivamente, en un breve comunicado, el FMI destacó que acordó con el gobierno argentino la reducción de los cuantiosos subsidios estatales a las empresas de energía, con el objetivo de reducir progresivamente el déficit fiscal, lo que aumentará la carga sobre la sociedad.

Entre el realismo y el escepticismo

Aunque el acuerdo fue calificado como positivo por la mayor parte de los economistas e incluso por la oposición, generó una crisis interna en el gobierno, con un ala que cree que la negociación fue demasiado blanda.

El síntoma más evidente fue la renuncia de Máximo Kirchner (hijo de la expresidenta y actual vicemandataria Cristina Fernández) a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, con una carta en la que afirmó que el FMI ha sido “el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia” en Argentina, en 1983.

En la calle, sin embargo, lo que predominó fue el escepticismo. Ante la consulta de IPS, el comentario más escuchado fue que esta noticia no cambiará nada para la gente común, que ve en la inflación a su principal problema cotidiano y se prepara para que lo siga siendo.

Juan Galíndez, quien cada día viaja casi dos horas desde un suburbio pobre de Buenos Aires hasta la ciudad para cuidar autos estacionados en la puerta de un club, dijo a IPS: «No me importa el acuerdo con el FMI porque sé que no me va a cambiar nada. Mientras yo pueda sacar unos pesos para vivir acá, yo estoy bien». La actividad de Galíndez es informal y depende de las propinas que le den los socios del establecimiento.

La situación de los más pobres en la Argentina, de todas maneras, está amortiguada por un fuerte esquema de ayuda social que beneficia a casi a 45 % de la población en sus distintas formas.

“Argentina viene de una década de estancamiento económico y 30 años de un deterioro más estructural. Desde 2018, lo que hemos visto es una crisis de deuda a la que se sumó la pandemia y esto tuvo consecuencias durísimas: elevó los niveles de pobreza de un 35 un 48 % en su pico máximo, en 2020”, dijo a IPS Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la privada Universidad Católica Argentina (UCA).

El especialista indicó que a partir de  2021, cuando llegaron las vacunas, se relajaron las restricciones de circulación y se generó un proceso de recuperación económica, la pobreza disminuyó pero no volvió a los niveles prepandemia.

Una tienda de ropa y calzado del centro de Buenos Aires intenta atraer clientes con grandes rebajas, a pesar de los precios que aumentan constantemente en Argentina. Foto: Daniel Gutman / IPS“Se estabilizó alrededor de 40 %, porque hay escasas inversiones de pequeñas o grandes empresas que generen empleo de calidad. Lo que más crece es el trabajo informal, con precariedad, bajas remuneraciones que pierden contra la inflación, y el cuentapropismo” o trabajo autónomo, dijo Salvia.

La inflación que castiga a los más pobres es motorizada fundamentalmente, según los economistas, por un déficit fiscal que en 2021 alcanzó los tres puntos del producto interno bruto (PIB) y que es difícil de bajar sin costo social, en un país que destina 40 % de su presupuesto en jubilaciones y otras prestaciones de la seguridad social.

En el entendimiento con el FMI se fijó una senda de reducción progresiva del gasto estatal, que posterga la meta del déficit cero hasta 2025, en el próximo período presidencial, que comienza en diciembre de 2023.

“El acuerdo impone, por supuesto, algunos condicionamientos, pero el FMI no exige esta vez reformas estructurales que afecten derechos jubilatorios o laborales, como ha hecho en el pasado, lo que habla de que están un poco más laxos”, rescató el economista Martín Kalos.

Kalos dijo a IPS que la reducción del déficit fiscal es un camino que Argentina iba a tener que recorrer con o sin la vigilancia del FMI: “Aunque a ningún país le gusta ser auditado en sus decisiones políticas soberanas, esta era una agenda de la cual Argentina no iba a poder escapar”. (IPS - ED: EG)