Dicen los asesores de Joe Biden que el sureño estado de Georgia es “el vientre de la bestia” de la ofensiva emprendida por los republicanos para, mediante maniobras como las 34 leyes estatales de restricción del voto promulgadas el año pasado, dificultar o impedir el derecho al sufragio de las minorías; es decir, para poner impedimentos a colectivos que en su mayoría votan demócrata. De ahí que el presidente acuda hoy a la capital de Georgia, Atlanta, para lanzar un duro discurso contra esas regulaciones estatales y demás triquiñuelas de los conservadores tendentes a tomar ventaja con vistas a las elecciones de renovación de las cámaras a medio mandado, en noviembre, y en las presidenciales del 2024.

La reversión de esos ataques republicanos, en los que Biden ve una “amenaza existencial” para la democracia de Estados Unidos, se ha convertido en su primer objetivo político más allá del siempre prioritario combate de la pandemia. El discurso de Atlanta marcará el arranque de una campaña especial sobre el derecho al voto que tal vez dé inicio, al mismo tiempo, a la campaña para los comicios a medio mandato.

El Parlamento estatal de Georgia aprobó en marzo una ley que penaliza la distribución de agua y comida a los votantes que hacen cola en la calle, limita drásticamente el número de urnas, politiza la junta electoral del estado y otorga a este órgano poderes para destituir a los funcionarios profesionales y tomar el control en jurisdicciones específicas. Es el paradigma de las reformas electorales de los republicanos. El fiscal general del Estado impugnó el texto en junio por incluir unas disposiciones que, a su juicio y el de un sinnúmero de organizaciones pro derechos civiles, buscan discriminar a los electores negros y a los más desfavorecidos, vulneran principios fundamentales y amenazan el proceso democrático.

En su discurso de hoy en Atlanta, se espera que Biden defienda con toda pasión –la pasión que los colectivos interesados echaban ya a faltar por su parte– las dos leyes federales que frenarían las regulaciones restrictivas impulsadas por los republicanos tras la derrota de Trump en el 2020. Se trata de a ley de Libertad de Voto, con estándares mínimos para garantizar la votación anticipada y por correo en todo el país, y la ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis, destinada a restaurar aspectos clave de la histórica ley electoral de 1965 tras su mutilación por el Supremo. En concreto, la nueva regulación recuperaría la disposición de la norma de 1965 que supeditaba las reformas electorales en estados con historial de discriminación a la aprobación del Departamento de Justicia. Aquella ley nació para poner fin a la marginación racial en los comicios, y fue crucial para el desarrollo de la democracia de este país. Pero en el 2013 el Tribunal Supremo acabó en la práctica con ella al levantar dicho requisito de autorización previa y, así, allanar el terreno a reformas como las emprendidas en el 2021.

Las dos leyes de restauración de derechos de voto que Biden quiere aprobar cuanto antes tienen un camino difícil en el Senado. El líder de los demócratas en la Cámara, Chuck Schumer, ha puesto la fecha del 17 de enero, día en que se honra a Martin Luther King, como límite para votar o dejar encarrilada la doble legislación. Pero su aprobación requeriría acordar una excepción a la regla del “obstruccionismo” o “filibusterismo”, que impone una mayoría de 60 votos sobre 100 para sacar adelante los proyectos. Y el senador demócrata de vocación republicana que es Joe Manchin, el mismo que torpedea el billonario plan social y climático de Biden, no está en principio por la labor de dar luz verde a esa excepción. Los demócratas buscan convencerle o hallar otra vía legislativa. No es fácil. Y Biden puede estar metiéndose en un lío al arriesgarse al fracaso en un asunto vital. Pero tiene que intentarlo con todas sus fuerzas. Sus votantes, en especial los afroamericanos, no le perdonarían que no lo hiciera. Puede que en ello le vaya la supervivencia política.  (AP)