Los vídeos, grabados con teléfonos móviles y publicados en Internet, mostraban a Priyantha Kumara Diyawadanage, de 49 años, un ciudadano de Sri Lanka y gerente de una fábrica de ropa, y mostraban cómo le daban puñetazos, patadas, le golpeaban con piedras y barras de hierro y le mataban. No contentos con todo ello, sacaron su cadáver de la fábrica y le prendieron fuego.

Sucedió el 3 de diciembre en la misma ciudad que en 2010 fue testigo del linchamiento de dos hermanos, Hafiz Muhammad Mughees Sajjad (22) y Mohammad Muneeb Sajjad (16), con el apoyo de la policía local, ras ser acusados de robo. Posteriormente, sus cuerpos fueron colgados boca abajo en la plaza de la ciudad.

Deben haber sido no menos de 2000, hombres, en su mayoría jóvenes, excitados y en frenesí colectivo, cantando «Labbaik Ya Rasool Allah» (Aquí estoy a tu servicio, oh Mensajero de Alá), un lema utilizado por un partido político de extrema derecha islámista, Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP)», dijo Sakhawat Mughal, un reportero que trabaja para Hum News, un canal de televisión privado, al recordar la atrocidad de la que fue testigo.

“Muchos hombres tenían porras en la mano. La policía miraba y esperaba los refuerzos”, dijo, y añadió: “Si el puñado de agentes de la ley hubiera reaccionado, se habrían perdido muchas más vidas”.

Personas de todas las clases sociales se han mostrado conmocionadas y han condenado el nuevo linchamiento en Pakistán.

“El incidente de Sialkot es un ejemplo horrible del crecimiento del extremismo y de la anarquía violenta de las turbas», dijo la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rabiya Javeri Agha, según la cual el gobierno debe garantizar una justicia rápida y equitativa, y los autores deben enfrentarse a todo el peso de la ley.

De acuerdo al activista de derechos Usama Khilji, director de Bolo Bhi, una organización de la sociedad civil orientada a la defensa, la política y la investigación de la responsabilidad cívica y los derechos digitales, el TLP ha conseguido infiltrarse en la clase media de Pakistán, desencantada con los partidos políticos mayoritarios.

Ese partido, consideró a IPS, agita los sentimientos de la gente común utilizando herramientas como «la pasión religiosa y el odio hacia cualquier acto percibido como antiislámico» para conseguir aumentar sus seguidores y lograr que respondan con violencia a supuestas agresiones.

Lo que resulta aún más perturbador es que la gente no solo se congregó en masa para ver el horrendo incidente, sino que también lo filmó e incluso se hizo autofotos mostrando el cuerpo de Diyawadanage quemándose en el fondo.

“Algunos sectores de la juventud de clase media se sienten orgullosos del linchamiento a nivel genocida, creyendo que matar a presuntos blasfemos es un acto de valor», se lamentó Khilji.

A 130 kilómetros de distancia, en Lahore, la capital de la provincia de Punyab, a Mukhtiar, perteneciente a la comunidad cristiana, las noticias sobre el linchamiento le resultaban aún más inquietantes que a la mayoría.

Junto con las imágenes de la turba y la quema del cuerpo de Diyawadanage, los distintos canales de televisión también mostraron fotos de archivo de su difunta hija, Shama, y de su marido, Shahzad.

La pareja fue linchada por otra turba en 2014 y empujada a un horno de ladrillos en llamas donde trabajaba el marido, en la aldea de Kot Radha Krishan,  cerca de la ciudad de Kasur, también en Punyab. Fueron asesinados bajo la denuncia de que supuestamente habían quemado páginas del Corán.

“Sus tres hijos, que viven conmigo, se conmocionaron y lloraron mucho al ver los rostros de sus padres en la pantalla, ya que los dos mayores recuerdan el incidente con bastante claridad», dijo el abuelo a IPS por teléfono al ser entrevistado desde Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, en e sureste de este país asiático.

Para Mukhtiar, su único nombre, el nuevo linchamiento “fue un acto criminal, al igual que el linchamiento de mi hija y mi yerno». “¿Cree que alguna persona civilizada querría llevar a cabo un acto sacrílego contra cualquier fe?”, inquirió con la voz abatida.

Peter Jacob, director ejecutivo del Centro para la Justicia Social, se dirige a una multitud de manifestantes en Lahore. Él y otros activistas de derechos humanos han condenado el asesinato colectivo de un gerente de una fábrica textil por presuntamente haber cometido un acto blasfemo contra el Islam. Foto: Cortesía de CJS

“Nada de lo que se dice que hizo Diyawadanage constituye un delito de blasfemia, como ocurre en casi todos los casos procesados por estas leyes”, señaló Peter Jacob, director ejecutivo del Centro para la Justicia Social.

Las primeras investigaciones de la policía apuntan a que la ejecución extrajudicial del gerente obedeció a que había retirado carteles con sentencias religiosas, debido a que las paredes de la fábrica iban a ser encaladas.

Mukhtiar señaló además que las consecuencias de cometer blasfemia contra el Islam en Pakistán son «demasiado graves» como para que alguien se atreva a hacerlo.

Las estadísticas también señalan que no es necesario pertenecer a una minoría religiosa para ser acusado de blasfemia y enfrentarse a la violencia de los erigidos en vigilantes religiosos. La mayoría de los acusados son musulmanes.

Entre 1987 y 2021 al menos 1890 personas han sido acusadas de cometer blasfemia, en virtud de diversas cláusulas de la ley de blasfemia, detalló dijo Jacob, que ha estado recopilando datos durante los últimos 30 años al respecto. Detalló que 2020 fue el año de mayor número de acusados.

Del total de acusados de blasfemia contra el Islam este año,  75 % eran musulmanes, 70 % del total de la rama chií, 20 % de la ahmadí y 5 % de la suní. Contra cristianos solo hubo 3,5 % del total y contra hindúes 1 %, explicó Jacob a IPS por teléfono también desde Lahore.

Desde 1992 hasta el 4 de diciembre de 2021, hubo 81 ejecuciones extrajudiciales por sospecha de blasfemia y apostasía, 45 eran musulmanes, 23 cristianos, nueve ahmadíes, dos hindúes y dos personas cuya identidad religiosa no pudo ser determinada, añadió.

En 2017, Mashal Khan, un estudiante musulmán que estudiaba en la Universidad Abdul Wali Khan, en Mardan, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, fue asesinado por sus compañeros por publicar supuestamente haber publicado contenidos blasfemos en línea. Una acusación que posteriormente se demostró falsa.

Incluso en el caso del asesinato de Shama y Shahzad, los activistas de derechos humanos descubrieron más tarde que el ataque fue instigado por el propietario del horno de ladrillos, que tuvo un altercado con Shahzad por una disputa sobre el dinero que le había dado.

Ahora, el primer ministro paquistaní, Imran Ahmed Khan Niazi, calificó el linchamiento en Sialkot un «horrible ataque de los justicieros» y prometió que todos los responsables serían castigados con «todo el rigor de la ley».

Los informes policiales  aseguran que se ha detenido a más de 100 personas, entre ellas 19 que desempeñaron un papel protagonista en la brutal matanza.

Para Mukhtiar, estas promesas suenan vacías.

“Habrá muchas promesas durante unas semanas, y luego, cuando la atención del público se desvíe, los autores serán liberados, hay que esperar y ver», dijo.

De los cinco hombres acusados del asesinato de su hija y su yerno y condenados a muerte, dos han sido puestos en libertad. “Después de siete años, estaba cansado de hacer las rondas judiciales o de buscar justicia. Soy viejo y enfermo del corazón, y también tengo la responsabilidad de estos tres niños”, explicó.

El activista Khilji también se mostró escéptico en cuanto a la posibilidad de que se administre justicia a la turba que asesinó al gerente del taller textil, dado el «historial desastroso» de Pakistán en estos casos.

El director de la organización Bolo Bhi consideró que el Estado ha hecho muchas cesiones el TLP, por su “enorme poder en la calle” y recordó que se han llegado a quemar varias comisarías por la acusación de ese partido extremista de inacción ante blasfemias.

Se trata de una «capitulación» ante los que exigen, incitan, alientan y perpetúan la violencia, señaló Saroop Ijaz, consejero principal de la división asiática de Human Rights Watch, una actitud que a su juicio ha reforzado la «legitimidad de la violencia» en la conciencia pública.

Un editorial del 5 de diciembre en Dawn, el más antiguo e importante diario paquistaní e lengua inglesa, afirmó: «En el último día de su vida, el señor Diyawadanage se enfrentó a las consecuencias de la política de apaciguamiento de los extremistas religiosos que el Estado paquistaní lleva a cabo desde hace décadas».

El asesinato colectivo de Sialkot “es otro recordatorio de que la violencia y la impunidad están ahora arraigadas en la sociedad en lo que respecta a la blasfemia», dijo Ijaz a IPS, antes de subrayar la urgencia de mantener un «diálogo nacional sobre la violencia» y, en particular, sobre cómo la religión se utiliza a menudo para incitar a la violencia.

Pero el activista humanitario no está seguro de que el gobierno de Islamabad esté «preparado y dispuesto a crear un entorno propicio para esa conversación».  (IPS)