Los talibanes rechazan los señalamientos. 

Desde la asunción en el poder de Afganistán por parte de los talibanes en septiembre pasado, las repercusiones en la escena internacional aparecen de manera constante. Mientras Francia y Qatar continúan sus incursiones evacuando civiles y países europeos buscan formar una embajada conjunta para tener presencia diplomática, Estados Unidos encabezó un nuevo reproche contra los talibanes en el poder. 

Cuando tomaron el control del país semanas atrás, los talibanes aseguraron que su mandato sería distinto al que dominó Afganistán 20 años atrás: dijeron que respetarían los derechos humanos, no oprimirían la libertad de las mujeres ni tendrían interpretaciones extremistas islam, además de prometer de una amnistía general para aquellos que hubieran colaborado con Occidente.

Sin embargo, las promesas iniciales se han venido desdibujando tras poco tiempo de su regreso a Kabul. Junto a un grupo de naciones occidentales, Estados Unidos expresó su preocupación por una serie de "ejecuciones sumarias" de las que distintas organizaciones de derechos humanos acusan a los talibanes de estar llevando a cabo en el país contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas. 

Human Rights Watch denuncia 47 ejecuciones o desapariciones forzadas

Al comienzo de la semana, un informe difundido por Human Rights Watch denunció que en los últimos meses ha documentado ejecuciones o desapariciones forzadas de 47 antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas, entre otro personal militar, policías y agentes de inteligencia. 

En una declaración conjunta, los países instaron a los talibanes a realizar investigaciones rápidas y esclarecedoras. "Estamos profundamente preocupados por los informes de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, según lo documentado por Human Rights Watch y otros", manifiesta una carta publicada por el Departamento de Estado estadounidense, apoyada por los países de la Unión Europea, Reino Unido, Australia y Japón, entre otros.

"Los casos denunciados deben investigarse con prontitud y de manera transparente, los responsables deben rendir cuentas", exige el comunicado.

En la declaración, el grupo de países subrayó que estas acciones "constituyen graves abusos contra los derechos humanos y contradicen la amnistía anunciada". Además, pidieron que los talibanes aseguren que se aplique la amnistía y que esta sea válida para todo Afganistán.

Los talibanes rechazan los señalamientos de Occidente

Por su parte, los talibanes rechazaron las acusaciones de haber cometido esta serie de crímenes y aseguraron que estos señalamientos no se basan en "documentos y pruebas". Prometieron nuevamente que la nueva administración en el poder ha concedido la amnistía general a los antiguos funcionarios. 

"Rechazamos tales afirmaciones. Si tienen documentos y pruebas, deben revelárnoslos. (...) Muchos de los que han martirizado a cientos de muyahidines y los civiles viven pacíficamente en la ciudad de Kabul y en las provincias", dijo Qari Sayed Khosti, portavoz del Ministerio del Interior del gobierno talibán. 

De acuerdo con el informe de HRW, los líderes talibanes ordenaron a las fuerzas de seguridad que se rindieron registrarse para ser examinadas, con el objetivo de encontrar vínculos con ciertas unidades militares. Luego de entregar una carta que garantizaba su seguridad, habrían utilizado estos controles para detener, desaparecer o ejecutar a los uniformados. (France 24 con AFP)