"Entraban como Andrés por su casa", señaló este fin de semana el presidente Andrés López Obrador al referirse al anuncio de la Cancillería sobre la entrega de los permisos a los agentes, que desde la mitad del 2020 México mantenía en compás de espera.
"Es nuestra soberanía" y la "tenemos que proteger", actuando "con respeto" y "apego al ordenamiento legal", afirmó el mandatario al justificar la postura de su país sobre el tema, que llevó al gobierno estadounidense a hacer reclamos cada vez más fuertes al mexicano, según analistas políticos.
El canciller Marcelo Ebrard informó que la próxima semana sobre el número total de visados que se entregará a los agentes de la DEA para que operen en el país, a quienes en el pasado se les ha acusado de entrometerse en los asuntos internos del país.

López Obrador señaló que le pediría a Ebrard que informe "cuáles son las condiciones" y "otras medidas y requisitos" que enmarcarán este permiso a los agentes extranjeros.
En fecha reciente, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional que limitan la presencia de agentes extranjeros en México y establecen nuevas condiciones para su actuación.
Entre otras cosas, se les exige dar aviso a las autoridades mexicanas de la información que reciban, se les prohíbe andar armados y se les priva de inmunidad en caso de incurrir en delitos o infracciones, aunque suele ocurrir que algunos agentes suelen ser acreditados como diplomáticos.
El retraso en la entrega de los visados para los representantes de la DEA fue detonado después de que el gobierno estadounidense detuvo al ex ministro de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el 16 de octubre del 2020, cuando llegaba de vacaciones con algunos familiares a Los Angeles, California.
El tema generó una fuerte colisión diplomática entre los dos países, por la fuerte influencia de Cienfuegos en el estamento militar y obligó un mes después a la Fiscalía General de Estados Unidos a retirar todos los cargos contra el general y a devolverlo a México.
Al menos dos decenas de agentes debieron suspender temporalmente su labor en México debido a este incidente, lo que redujo "la colaboración en materia de seguridad y aplicación de la ley a niveles" no vistos desde inicios de este siglo, según el ex embajador mexicano en Washington Arturo Sarukhan.
"Si la relación de seguridad continúa creando ruido y puntos de fricción, podría causar estragos y contaminar la relación bilateral en su conjunto", advirtió.
La rápida liberación de Cienfuegos se debió a que el Departamento de Justicia en Washington temía que los mexicanos tomaran represalias reduciendo al máximo la cooperación migratoria con Estados Unidos.
Esto hubiera generado "una avalancha de migrantes en medio de la campaña electoral presidencial de Estados Unidos", según Sarukhán.
Hasta ahora, como resultado de este caso, "la DEA aún no puede realizar la mayoría de las operaciones en México", a pesar de que el tema ha estado presente en incontables ocasiones en los encuentros de altos funcionarios de ambos países, dijo el ex diplomático.
El embajador Todd D. Robinson, subsecretario de Estado de Asuntos internacionales sobre narcóticos y aplicación de la ley, señaló ante un comité del Senado de Estados Unidos, que finalmente México había cedido y entregaría las visas, lo que aparentemente cerró todo un capítulo de fricciones en la relación bilateral.
Robinson defendió el papel de los miembros de la DEA y de otras instituciones similares del gobierno "para reducir la delincuencia, mejorar las respuestas a la delincuencia, mejorar los procesos de justicia penal y proteger los derechos humanos".
México firmó hace poco el llamado "Acuerdo Bicentenario de Estados Unidos-México para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras", que permitirá "contrarrestar la corrupción mediante el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios corruptos y la incautación y decomiso de sus activos ilícitos". (ANSA).