Imaginemos por un momento que la jefa del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva y su gente, debidamente avergonzadas por el aporte que el organismo que manejan ha hecho a la miseria mundial, decidieran regalarle a la Argentina los casi 50.000.000.000 de dólares que le debe. ¿Ayudaría la rendición incondicional del FMI a sacar la economía de la espiral de la muerte en que está atrapada desde vaya a saber cuántos años?

Claro que no. Luego de disfrutar de un boom breve, el país volvería a las andadas. Dentro de un par de años, quizás tres, el gobierno estaría pidiendo ayuda financiera a cualquiera que pareciera dispuesto a escucharlo. Lo haría porque los sectores dominantes de la clase política nacional están programados para gastar más de lo que les es posible recaudar. Ni siquiera los gobiernos presuntamente tentados por “el neoliberalismo”, como los de Carlos Menem y Mauricio Macri, pudieron obrar de otro modo porque despilfarrar dinero ya formaba parte del ADN nacional.

Como ha ocurrido con regularidad exasperante desde mediados del siglo pasado, los preocupados por el destino de la economía nacional están pendientes de las negociaciones de los funcionarios de turno con el FMI. ¿Logrará Martín Guzmán persuadir a Kristalina que convendría estirar los pagos para que sea el próximo gobierno el que tenga que encontrar la plata necesaria? ¿Está dispuesta Cristina a cohonestar un acuerdo que acarree algunas obligaciones molestas? ¿Realmente tiene Alberto Fernández la lapicera o sólo se trataba de un chiste un tanto malicioso de la señora? ¿Qué piensa Máximo del asunto? Como suele suceder cuando está en juego la relación con el FMI que, no lo olvidemos, representa a los gobiernos de los países más fuertes del planeta, todo es muy confuso.

A los políticos les gusta que sea así. Para ellos, los debates en torno a las exigencias del FMI sirven para distraer la atención, tanto la propia como la ajena, de algo que es incomparablemente más importante: ¿Qué tendría que cambiar para que la economía argentina se haga capaz de valerse por sí misma, como aquellos de los países “normales” que pueden endeudarse hasta el cuello sin que nadie se sienta perturbado? Temen que la respuesta a este interrogante sencillo sea tan desagradable que prefieren continuar hablando de los pros y los contras de un hipotético acuerdo con el Fondo, de tal manera postergando cada vez más la toma de medidas que a buen seguro ser verán resistidas por los muchos perjudicados y garantizando que, cuando ya no les sea dado seguir procrastinando, será traumático para virtualmente todos el choque contra la realidad real, no la simbolizada por el FMI que, como sabemos, no es más que un tigre de papel.

Los guerreros anticapitalistas quisieran ver abolido el Fondo porque a su entender es tan rabiosamente ortodoxo que toma en serio los malditos números. También quisieran abolirlo los llamados neoliberales porque su mera existencia protege de los rigores del mercado a países gobernados por políticos que desprecian la disciplina fiscal. A juzgar por la experiencia a través de los años de la Argentina, estos últimos tienen razón; hubiera sido mejor para el país un mundo sin una institución internacional que fue creada para desbaratar amenazas a la estabilidad financiera.

Una y otra vez, ha brindado a gobiernos en apuros una alternativa a los ajustes severos que en otras circunstancias hubieran tenido que emprender y, lo que es peor, les ha permitido atribuir la necesidad de reducir el gasto público a la malignidad de una banda de técnicos cosmopolitas despiadados. Para muchos kirchneristas, trotskistas y otros, negarse a manejar la economía con racionalidad es patriótico porque significa desafiar al FMI; a su juicio, tiene sentido sacrificar el futuro de decenas de millones de personas en aras de sus propias fantasías ideológicas.

Con todo, aunque a esta altura parece evidente que la Argentina se ha visto perjudicada por su relación con el FMI que, sin proponérselo, ha suministrado a generaciones de políticos buenos pretextos para aferrarse a distintas variantes del populismo manirroto, ello no quiere decir que sería mejor para el país que el gobierno kirchnerista rompiera con el organismo. Aun cuando a la larga resultara beneficioso, es tan frágil la economía nacional que los encargados de administrarla no pueden sino privilegiar el corto plazo. Si todo se desplomara de golpe, las consecuencias sociopolíticas serían tan graves que podrían transcurrir años antes de que el país se recuperara, lo que sería terrible para muchísima gente y podría tentar a predadores deseosos de aprovechar las abundantes riquezas naturales que seguirían estando disponibles; según algunos medios africanos, China acaba de privar Uganda del aeropuerto internacional de Entebbe por incumplimiento de su deuda con el Banco de Exportación e Importación.

Cuando de la Argentina se trata, el FMI -podríamos decir, la comunidad internacional en su conjunto- se ve frente a un dilema muy ingrato. Si es generoso y flexible, como piden muchos progresistas europeos, contribuiría a demorar la puesta en marcha de un programa más o menos sensato, ya que la reacción oficial sería seguir gastando plata por motivos “sociales”. Si asume una postura severa, ayudaría a los halcones nac&pop que, en nombre de la soberanía nacional, podrían hacer cualquier cosa. Por mucho que quisieran los técnicos ver a la Argentina reincorporarse al mundo desarrollado después de una ausencia prolongada, aún no han encontrado la forma de inducir a sus dirigentes a comportarse como sus equivalentes de otras latitudes que sí han sabido superar dificultades que eran llamativamente mayores que las que tanto intimidan a la clase política nacional.

El Fondo, y quienes le aportan recursos que proceden de los bolsillos de los contribuyentes de sus países respectivos, están esperando a que por fin Guzmán -es decir Alberto, o sea, Cristina- les entregue “un plan”. Coinciden los dirigentes de Juntos por el Cambio, si bien ellos mismos aún no han pensado en uno, aunque sólo fuera con el propósito de persuadir a la ciudadanía de que, a diferencia de los kirchneristas, sí saben lo que harían en el caso de que les tocara gobernar el país. A inicios de su gestión, Alberto informó al medio periodístico más influyente del mundo financiero que no creía en “los planes” -habrá tenido en mente los de la difunta Unión Soviética-, pero sus palabras no engañaron a nadie. Siempre ha sido evidente que, luego de enterarse de que no sería suficiente echar a Mauricio Macri de la Casa Rosada para dar comienzo a décadas de crecimiento rapidísimo, los kirchneristas no tenían la menor idea de lo que les convendría hacer.

Lo suyo es aprovechar los frutos de la labor ajena gastando plata y apoderándose de cuanta caja les parezca útil, no es llevar a cabo reformas destinadas a impulsar la productividad. En cuanto a la oposición, sus líderes comprenden que no les convendría en absoluto aterrorizar a la población hablándole de lo que le aguarda en los años próximos. Todos, tanto oficialistas como opositores, saben que tarde o temprano habrá ajustes draconianos, pero nadie se anima a decir cuáles serán los sectores más afectados si bien, para que las medidas sirvieran para algo, tendrían que comenzar con los más corporativos que han prosperado merced a sus vínculos con el poder político.

A juzgar por los resultados de las elecciones legislativas, la mayoría siente cierto apego nostálgico a la vieja “cultura del trabajo”. En las zonas más productivas del país, la oposición arrasó, dejando a los peronistas, hegemonizados por el kirchnerismo, sus bastiones en el conurbano bonaerense y las provincias “feudales” del norte del país que para subsistir dependen de la ayuda ajena. Gracias al aumento de la pobreza, que se vio agravada por la pandemia, se ha intensificado la transferencia de recursos desde el país productivo hacia el calificado por el radical Alfredo Cornejo de “parasitario”, lo que, huelga decirlo, atenta contra el desarrollo. Mal que bien, cualquier programa de recuperación tendría que favorecer a quienes están en condiciones de producir más, pero encontrar el modo de hacerlo sin provocar una gran crisis humanitaria no sería nada fácil.

Tampoco lo sería reformar el Estado nacional que, en buena lógica, debería ser ferozmente meritocrático, como en el Japón que, luego de salir de una etapa de aislamiento que por un largo rato le impidió acompañar a los países occidentales que protagonizaban la revolución industrial, después tuvo que resurgir de los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial. A partir de las décadas finales del siglo XIX, el Estado japonés desempeñaría un papel que sería aún más fundamental que aquellos de los de países como Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Podría la Argentina, en que el grueso de la población quiere que el Estado cumpla un rol importante, emular al Japón que también se veía constreñido a esforzarse por adaptarse a circunstancias internacionales materiales y culturales que para muchos eran antipáticas? Aún cuenta con el capital humano necesario pero, de profundizarse mucho más la crisis que la está depauperando cada vez más, pronto podría llegar el día en que no le quede más opción que la de conformarse con el destino triste que prevén los profetas del pobrismo. (Perfil - JAMES NEILSON - Former editor of the Buenos Aires Herald (1979-1986).