El denominado 15N coincidirá con la reanudación de la actividad turística, esencial fuente de ingresos para la economía de esta nación caribeña impactada por la covid-19 y el reforzamiento del embargo estadounidense.

“No veo un escenario de mejoría de las relaciones bilaterales después del 15N. El nivel de tensiones es muy alto y probablemente, pase lo que pase ese día, la tendencia en medios y en las redes sociales va a ser contraria al gobierno cubano… Un solo incidente, por insignificante que sea, será magnificado”, pronosticó el politólogo Carlos Alzugaray en diálogo con IPS.

La denominada Marcha Cívica del 15N ha sido convocada por sectores opositores en La Habana y otras ciudades, “para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.

Aunque la Constitución vigente desde 2019 reconoce el derecho de manifestación, las intendencias –gobiernos municipales- consideraron “ilícita” la marcha y la Fiscalía advirtió que quienes participen incurrirían en los delitos de desobediencia e instigación a delinquir, entre otros previstos en la legislación penal.

«(Si) el país comienza a salir de la crisis en que se encuentra, ello debe tener dos efectos: uno, aminorar las tensiones internas; dos, obligar a Estados Unidos a repensar su política ante la evidencia de un nuevo fracaso en provocar un estallido social”, razonó el analista político»: Carlos Alzugaray.

Para el gobierno de Miguel Diáz-Canel, tanto las protestas del 11 de julio como el 15N forman parte de una “intensa operación político-comunicacional financiada por el gobierno de los Estados Unidos”, para promover un “cambio de régimen”, si bien el texto constitucional declara “irrevocable” el sistema socialista imperante desde 1961.

Juan González, el asesor especial del presidente estadounidense Joe Biden para América Latina, advirtió el 22 de octubre que la Casa Blanca podría responder con más sanciones, si se “violan los derechos fundamentales” del pueblo cubano o se procesa a los promotores de la marcha.

El gobierno de La Habana rechazó tales amenazas, las califica de contrarias a la soberanía nacional e insiste en que Washington utiliza las privaciones provocadas, en parte, por el propio embargo para inducir un estallido social.

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden, comentó a la televisora CNN el 7 de noviembre sobre la reevaluación de la política hacia Cuba debido a que, dijo, las “circunstancias cambiaron” tras la respuesta gubernamental a las manifestaciones del 11 de julio en más de 40 ciudades de la isla y al 15N.

A juicio de Alzugaray, los nexos bilaterales “han llegado a este punto debido al veto que le ha impuesto (a Biden) el senador demócrata Robert Menéndez, cuyo apoyo es vital para el presidente”.

A juicio del exdiplomático cubano, el presidente de la importante Comisión de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense, “impidió que Biden cumpliera sus promesas de campaña. Esa situación no debe cambiar al menos hasta las elecciones legislativas de noviembre de 2022 y probablemente más allá, hasta las presidenciales de 2024”.

Durante su campaña hacia la Casa Blanca, Biden prometió revertir la política de asfixia económica impulsada por su predecesor Donald Trump (2017-ene 2021), quien limitó los vuelos directos, prohibió el atraque de cruceros y restringió el envío de remesas a la isla.

Tales disposiciones provocaron perjuicios en el turismo, en las familias cubanas y en el sector privado en desarrollo.

Manejar el conflicto y avanzar con reformas

Cientistas sociales sostienen que entre varios retos, el gobierno cubano está apremiado por un mejor manejo de la conflictividad social y el disenso político de algunos sectores sociales, aupado desde Estados Unidos.

A ello deben sumarse la aplicación plena de la Constitución y su prontuario de derechos, junto con el impulso a las reformas económicas emprendidas en 2011, a fin de que mejore de manera perceptible la calidad de vida de la personas.

En dicho proceso, agregan, tiene un peso fundamental la prioridad a sectores vulnerables y de lento ascenso social, como adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, jóvenes sin vínculo laboral y personas negras en comunidades desfavorecidas, entre otras.

Según los expertos, pese a políticas asistencialistas, sobre estos grupos recaen con rigor los efectos de la elevada inflación que hoy sobrepasa el 60 por ciento, derivada del reordenamiento monetario iniciado en enero.

Ese proceso se conjugó con el desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, el alza de precios y la ampliación de brechas sociales en cuanto el acceso a bienes y servicios, algo que no ha podido compensar el incremento de salarios y pensiones.

Alzugaray sostiene que ante la persistencia del “factor norteamericano” en la ecuación del desarrollo de Cuba, el gobierno debe “avanzar decididamente en la reforma de la economía, siguiendo el consenso entre los economistas”.

De ocurrir esto, “y el país comienza a salir de la crisis en que se encuentra, ello debe tener dos efectos: uno, aminorar las tensiones internas; dos, obligar a Estados Unidos a repensar su política ante la evidencia de un nuevo fracaso en provocar un estallido social”, razonó el analista político.

Colaboración pese a desencuentros políticos

Durante el breve deshielo, de diciembre de 2014 a enero de 2017, estas naciones vecinas, separadas por 90 millas náuticas (167 kilómetros) del estrecho de la Florida, encontraron áreas de intercambio, pese a sus diferencias ideológicas como viejos adversarios de la Guerra Fría.

Incluso con el actual deterioro de los nexos a nivel político, la colaboración entre médicos y científicos de ambos países se ha mantenido.

“Los médicos estadounidenses tienen interés en mejorar a sus pacientes y han visto la oportunidad de hacerlo con los medicamentos cubanos. Durante años, ellos se han encargado de solicitar permisos especiales a su gobierno para que esa colaboración se mantenga”, dijo a IPS Ernesto Chico, director de la empresa biotecnológica cubana-estadounidense Innovative Immunotherapy Alliance.

Fundada en septiembre de 2018, la entidad mixta es fruto de la colaboración entre el Centro de Inmunología Molecular en La Habana y el Centro Roswell Park de Nueva York, y tiene su sede en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, a 45 kilómetros al oeste de La Habana.  (IPS)