Más de 2.500 migrantes han sido detenidos en Italia por "tráfico de personas" o "ayudar a la inmigración ilegal" en los últimos 10 años. Aunque también sean migrantes desesperados por llegar a Europa y lo único que hayan hecho es conducir el bote con sus compañeros de travesía a través del Mediterráneo. Cientos de ellos cumplen o han cumplido largas condenas de prisión basándose en leyes anti-mafia para encontrarles culpables, según revela un informe elaborado por varias ONG italianas al que ha tenido acceso este diario. El documento pone de manifiesto la criminalización de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país transalpino.

En el último año, la policía italiana ha detenido a un migrante de cada 100 llegados a sus costas, acusándoles de "facilitar la inmigración ilegal", un crimen que puede conllevar hasta 15 años de cárcel y multas de millones de euros. En algunos casos, señalan las ONG, si se producen muertes durante la peligrosa navegación, las sentencias escalan hasta incluso los 30 años o la cadena perpetua.

"Estas personas no son tratadas como refugiados, sino al mismo nivel que un criminal de guerra o un terrorista. Cuando son condenadas no tienen opción a arresto domiciliario y son descritas como 'socialmente peligrosas'", apunta Richard Braude, portavoz de ARCI Porco Rosso a EL MUNDO.

El informe "Del mar a la cárcel" ha sido elaborado por ARCI Porco Rosso y Alarm Phone, con la colaboración de Borderline Sicilia y Borderline Europe, y ha recolectado datos oficiales y revisado más de 1.000 casos criminales llevados ante la Justicia por la Fiscalía contra los refugiados acusados de pilotar las embarcaciones. El trabajo se ha basado también en cientos de entrevistas a migrantes sentenciados, abogados, jueces, funcionarios de prisiones y miembros de la Guardia Costiera italiana. En su análisis se han encontrado evidencias de cómo los agentes policiales ofrecen papeles y otros incentivos a los migrantes llegados a Italia por mar, para persuadirles de testificar contra los supuestos patrones de los botes. Éstos, en muchos casos, son simplemente migrantes o refugiados forzados por los traficantes en tierra a conducir la navegación.

"Está claro que conducían el bote, pero no tenían otra opción. Es el caso, por ejemplo, de dos sirios que huyeron del país [en guerra desde 2011] y que hoy están cumpliendo dos años y diez meses de prisión en Italia", explica Braude. "Esto es debido a la criminalización de los patrones de las embarcaciones: antes, un piloto conducía el bote; ahora, como son perseguidos, rehúsan hacerlo y son los propios migrantes los que lo hacen. Cada vez hay más casos de personas que no saben cómo manejar un barco". Y esto, añade, tiene consecuencias trágicas: "Contribuye a que se produzcan más muertes en el mar".

Forzados a punta de fusil

El 'dossier' recoge cómo se desarrolla el proceso de captación. Antes de que salga una embarcación hacia Italia desde Libia, Túnez o Turquía, las mafias eligen a un migrante para guiarla a través del mar. Puede ser esa persona que no logró reunir el suficiente dinero para pagar a los contrabandistas o que ya haya hecho el camino antes y haya sido devuelto. Puede ser que el capitán inicialmente elegido no esté en condiciones de conducir el bote y otro tenga que ocuparse de dirigirlo para no hundirse. Otras veces, son forzados a punta de fusil en la misma playa. "Un árabe se acercó a mí con un arma y me dijo que tenía que coger la brújula mientras que al hombre detrás de mí le dijo que él guiaría el barco o si no, nos dispararía", relata L. M. un migrante de 15 años cuyo testimonio se plasma en el documento. "No puedes hacer nada, todo el mundo en Libia tiene armas. Quién puede decir que no cuando alguien te ordena que hagas algo", sentencia.

Cuando llegan a suelo italiano, las autoridades piden a los pasajeros que identifiquen al supuesto patrón, que es detenido. Aunque muchos jueces reconocen el "estado de necesidad" -un supuesto en el que la ley italiana contempla que la conducta aunque sea ilegal está justificada para proteger al perpetrador o a otras personas de un peligro más grave- cientos de casos se abren paso en los tribunales, a veces en forma de juicios exprés.

Los datos analizados contabilizan 2.559 detenidos bajo este supuesto desde 2013. El pico máximo se alcanzó en 2016, con 770. En 2021, según datos recogidos entre enero y agosto, las ONG han tenido evidencia de al menos 44 arrestos. Desde 2013, los investigadores han registrado al menos 24 personas condenadas a 10 años de cárcel y otras seis a prisión perpetua de 1.000 casos revisados.

Los cargos pueden ir desde tráfico de inmigrantes a asociación con banda criminal, incluso homicidio si se producen víctimas mortales, aplicándose las leyes contra el crimen organizado y las mafias criminales. Esto puede llevar a situaciones en que personas con derecho a asilo en Europa por provenir de países en guerra como Afganistán, Siria o Libia, acaben en prisión.

Cabezas de turco

Maria Giulia Fava, asesora legal coautora del informe, subraya que los migrantes acusados de pilotar los barcos son sometidos a "juicios políticos", ya que el trabajo -que se extiende a lo largo de 94 páginas- ha encontrado que muchas sentencias se producen aunque las pruebas sean débiles o escasas. "En la caza por un cabeza de turco, alguien a quien culpar de la muerte y el desastre, las garantías de un juicio justo se dejan a un lado. Los principios que deben estar en la base de la ley simplemente se olvidan", dice. La tendencia se viene incrementando en Italia especialmente desde 2015, aunque los expertos señalan que se enmarca en un contexto europeo.

Los colectivos autores del 'dossier' instan a las autoridades italianas y europeas a "descriminalizar la conducción de las embarcaciones y el transporte, crear canales legales y seguros para la migración y dejar de criminalizar a las personas migrantes 'per se'".

"Criminalizar la migración es simplemente parte de un violento sistema de fronteras que necesitamos abolir. Europa necesita reconocer y tomar responsabilidades por esas políticas migratorias injustas y mortíferas y las consecuencias que tienen en las vidas de las personas afectadas. Enviar a gente a la cárcel no va a parar la migración ni va a hacerla más segura", denuncia Sara Traylor, activista de Alarm Phone.  (EFE)