El Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría proceso comunitario del año, por su lucha en Buenaventura.

Gustavo Torrijos Zuluaga

Benjamín Mosquera es habitante y profesor en el río Anchicayá en Buenaventura. Desde la avalancha de 2001, cuando la Hidroeléctrica de Anchicayá abrió las compuertas de la presa generando una catástrofe en el río, ha sido uno de los abanderados de la lucha jurídica de su comunidad por obtener justicia y reparación integral por esos daños. Hoy trabaja como asesor del Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá, la organización que acaba de ser ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en su versión 2021. Mosquera conversó con Colombia+20 sobre la lucha de su comunidad contra la hidroeléctrica y las expectativas que tienen con el premio.

¿Cuándo empezó esta historia?

La hidroeléctrica de Anchicayá fue construida en 1956 con capital del Estado colombiano. Luego fue operada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y más tarde pasó a la empresa española Unión Fenosa, que la vendió en 2009 al Sindicato Antioqueño, operada por la Empresa de Energía del Pacífico, hoy por CELSIA. Era una presa con capacidad para cinco millones de metros cúbicos de agua que generaban la energía. La empresa tenía tres máquinas para sacar los sedimentos del embalse: una draga, una pala-grúa y un sauermann que iba por el fondo recogiéndolos y enviándolos por un túnel a salir más abajo del río. La draga se dañó y se hundió hace más de veinte años. Lo mismo que ocurrió con la pala-grúa y la empresa no las recuperó. Además, la central operaba antes del 2010 sin plan de manejo.

Entonces, el embalse que tenía capacidad para cinco millones de metros cúbicos de agua se llenó de sedimentos, de lodo, porque las máquinas no lo sacaban. Fueron veinte años de sedimento acumulado, putrefacto, descompuesto. Al final, cuatro millones setecientos mil metros cúbicos eran de sedimento y sólo trescientos mil de agua, con ese poquito de agua movían las turbinas. Preocupados y desesperados por recuperar la capacidad del embalse de esa central, el 21 de julio de 2001 decidieron abrir las compuertas y derramar todo ese lodo al río Anchicayá aguas abajo. Con ello generaron una avalancha de lodo que acabó con la fauna acuática, con los cultivos de la gente, con la única ruta de navegación que tenemos, que es el río. Tampoco tenemos acueducto y alcantarillado, entonces el agua viene del río, la gente usaba las playas como sitio de esparcimiento. Todo eso se dañó, el sedimento acabó con los pescados, con la flora fluvial, enfermó mujeres que trabajan con la piangua. Fue un impacto social terrible.

Cuéntenos cómo fue la lucha por obtener justicia.

Con toda esa situación empezamos tres luchas: una por el reconocimiento del territorio étnico colectivo, teníamos derecho al uso del territorio y sus espacios como las playas, los charcos, los espacios de trabajo comunitario, porque la avalancha afectó eso. Otra lucha por el resarcimiento de los daños económicos a las familias, hicimos unos peritajes para cuantificar los perjuicios. Y la tercera era sobre el tema ambiental: la recuperación del río, de la fauna acuática y la salud de la población. Ese aspecto fue lo más importante en la discusión. Interpusimos una acción de grupo para incluir a todos los damnificados de la cuenca, que somos más de seis mil personas reconocidas como víctimas de ese daño. Para nosotros era muy importante defender la forma de vida de la gente en su territorio, sus costumbres, la pesca, la agricultura.

En Buenaventura tuvimos el primer fallo a favor, después pasó a segunda instancia en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, donde fue ratificado en 2009 y Unión Fenosa fue condenada a pagar 169 mil millones de pesos. En ese año ellos vendieron al Sindicato Antioqueño y dejaron en reserva la plata para pagar esa indemnización. Pero lo que hizo el Sindicato Antioqueño fue impugnar el fallo en lugar de acatarlo, aún cuando la plata estaba. Luego la Corte lo tomó para revisión eventual y pasó mucho tiempo hasta que se declaró la nulidad del proceso con la sentencia T – 274 de 2012. Para nosotros fue muy grave porque se desconoció un derecho ya reconocido, apelamos ante la sala plena de la Corte que ratificó los fallos de primera y segunda instancia, entonces volvió a revivir el proceso. Durante estos veinte años la comunidad ha estado movilizada por el país, en Cali, en Buenaventura, en Bogotá, haciendo marchas, denuncias. La plata es importante, pero lo que nos ha movido más es la defensa de los recursos naturales y el derecho a la vida de la gente y la comunidad, que ha sido vulnerado.

¿En qué va el proceso?

En este momento el tema está en que ganamos el debate jurídico, el fallo nos reconoce en junio, pero desconoce los listados de víctimas de los peritajes técnicos que hizo la Gobernación del Valle en su momento. El fallo dice que las listas las pueden armar los consejos comunitarios y para nosotros eso es una caja de pandora porque cualquiera puede decir ‘yo tengo derecho’. Ahora hay una reclamación al Consejo de Estado por personas que no quedaron en los listados de víctimas. Estamos esperando que se solucione esa reclamación para que procedan a cumplir con la sentencia del 10 de junio de 2021. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un capítulo para estudiar el tema, porque creemos que ese fallo es una sentencia perversa que deja por fuera muchos de los aspectos básicos de las sentencias en primera y segunda instancia. Hay que resaltar que, desde el 2001, año en que la central hidroeléctrica abrió las compuertas y hubo la avalancha, no han vuelto a operar las máquinas de mantenimiento de la central.

¿Eso significa que va a volver a pasar lo mismo?

Exactamente. Hoy tiene más sedimento que lo que vaciaron hace veinte años. La central está colmatada. Nuestra preocupación es que haya dilación en el cumplimiento de la sentencia y se pueda generar una contaminación peor. No se han cumplido las cuatro medidas para recuperar el río que ordenó el Ministerio del Medio Ambiente: un programa de repoblamiento piscícola, un programa de fomento piscícola, sustitución alimentaria y asistencia técnica agropecuaria para las comunidades. Ninguna se ha hecho. Ha sido una batalla muy dura porque peleamos contra el Estado colombiano y contra el sector privado.

¿Cómo este problema afectó su identidad como pueblo afro?

Para nosotros la vida no es posible sin el territorio, es la garantía de nuestra identidad étnica. Defendemos la vida y el territorio, defendemos el derecho a ser lo que somos, como vivimos, como pensamos, pero sólo es posible hacerlo si tenemos dónde. Toda esa cosmovisión de construir un modelo distinto al central, con una concepción de desarrollo distinta, que implica buenas relaciones con la naturaleza. Ese proyecto de vida, de conexión con la naturaleza, se rompe cuando las empresas multinacionales se instalan en donde están las comunidades negras. Desarrollan sus proyectos sin importar cómo impactan la cosmovisión y la vida propia de las comunidades. Es obvio que nos afecta. Hoy, por ejemplo, nos duele que en Anchicayá se haya dañado la vocación productiva del río, ya los jóvenes no quieren trabajar la agricultura, porque la avalancha dañó las tierras.

En todos estos años, ¿han tenido amenazas o presiones?

No ha sido fácil. Cuando interpusimos la demanda se presentó la masacre de Zabaletas. Luego la toma de la guerrilla a la hidroeléctrica. Después una situación compleja de rompimiento de relaciones entre la empresa y la comunidad porque exigíamos el cumplimiento del fallo. Quienes lideramos el tema hemos tenido amenazas y ofrecimientos, que no hemos aceptado. A mí me mandaron a la casa a alguien para hacerme ofrecimientos a cambio de que cediera o corría riesgos. Ha habido desplazamientos, amenazas. Nos enfrentamos no sólo al Estado colombiano y la compañía sino a cientos de accionistas, por eso el tema ha sido complejo y riesgoso. No peleamos con cualquiera, sino con los más poderosos de este país. A los líderes las familias nos ha pedido que nos retiremos de esto. El abogado del caso, Germán Ospina, ha jugado un papel trascendental, es una persona muy honesta. A él le tocó salirse de Buenaventura, lo estuvieron extorsionando y hace poco tuvo que cambiar de residencia.

¿Qué significa para ustedes el Premio Nacional de Derechos Humanos?

Ya somos ganadores porque ganamos la demanda, la justicia reconoció que tenemos la razón. Somos ganadores por el hecho de ser nominados y finalistas del premio, eso ya es un logro grandísimo. Y esperamos el premio porque lo merecemos por toda la lucha que hemos llevado. Esperamos que esto nos permita mostrar con más fuerza este caso en el mundo. Esperamos que sirva de ejemplo para otras comunidades a las que las empresas les han vulnerado sus derechos y sienten que no hay esperanza en la justicia. Ojalá el caso de Anchicayá sirva para que no se repita esto otra vez: que haya justicia, reparación y no repetición en estos atropellos contra las comunidades.  (El Espectador)