Nicolas Sarkozy, quien goza de una inmunidad presidencial de cara a este caso, había intentado evitar que tuviera que declarar como testigo debido al daño que ha sufrido su imagen durante los últimos meses. En lo que va de año el exmandatario conservador ha sido juzgado y condenado dos veces en casos separados.

Pero el juez encargado del caso aseguró que el testimonio de Sarkozy era "necesario para determinar la verdad" sobre las encuestas de opinión encargadas cuando era presidente y le ordenó comparecer el 2 de noviembre. Los representantes de Sarkozy dijeron que no tenían la intención de comentar "en este momento".

Los acusados ​​son cinco exayudantes y aliados del derechista que dirigió Francia entre 2007 y 2012. Se enfrentan a cargos que van desde el favoritismo hasta la conspiración y el uso indebido del dinero público por la adjudicación de contratos electorales por un valor combinado de 7,5 millones de euros (8,7 millones de dólares).

Entre ellos se encuentran el exjefe de gabinete de Sarkozy, Claude Gueant, así como Patrick Buisson, exasesor y consultor líder de políticos conservadores.

Los fiscales afirman que los contratos a menudo se firmaban directamente con institutos como Ipsos, violando las leyes francesas sobre financiamiento público que requieren procesos de licitación transparentes y competitivos.

Los críticos acusaron a Sarkozy de ser "adicto" a las encuestas de opinión durante su mandato 2007-2012, en temas que iban desde su propia popularidad y políticas hasta las percepciones públicas de Carla Bruni, la cantante y exmodelo con la que se casó mientras estaba en el cargo.

La orden de testificar marca el último encontronazo entre el expresidente y el poder judicial francés. A finales de septiembre, un tribunal francés condenó a Sarkozy a un año de prisión por financiar ilegalmente su fallida candidatura a la reelección de 2012. El fallo se produjo siete meses después de que recibió una pena de cárcel separada por corrupción.

El político está apelando ambas sentencias y no se espera que cumpla condena en prisión. En su lugar, los tribunales contemplan que pueda tener libertad condicional y un rastreo de su ubicación por medio de un brazalete electrónico.

El hombre de 66 años también ha sido acusado por sospechas de que recibió millones de euros por su campaña electoral de 2007 del difunto dictador libio Mohamed Gadafi.  (France 24, este artículo ha sido adaptado de su original en inglés.)