El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó este martes que, con base al audio revelado por el portal The Intercept hace varios meses, se puede establecer que el exministro de Defensa, Luis Fernando López, es el autor intelectual del “intento de magnicidio” del presidente Luis Arce en 2020.

“Con el audio, podemos determinar que el señor Luis Fernando López (de quien se presume que huyó a Brasil) es el autor intelectual del intento de magnicidio del excandidato y actual presidente Arce. Sin embargo, las investigaciones van a poder determinar mayores elementos para ver quienes (más) han participado” en ese hecho, dijo Ríos en una entrevista con La Razón.

El lunes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que hace un año hubo un intento de magnicidio del presidente Arce mediante la contratación de “paramilitares” extranjeros y presentó el audio de The Intercept en el que se escucha hablar a López con una persona identificada como J. E. P –quien actualmente está recluido en Chonchocoro por presunta estafa– y un traductor conocido como “Cyberambo”.

“En ese audio se puede escuchar la intención del señor López por desconocer la voluntad del pueblo (expresada) en las urnas (en octubre de) 2020 con la victoria de Luis Arce contratando, mediante empresas tercerizadoras, a denominados sicarios o paramilitares para realizar acciones violentas en nuestro país”, sostuvo Del Castillo.

¿Por qué no se ejecutó el “magnicidio”?

Ríos considera que el “magnicidio” no se ejecutó porque se tomaron las medidas de precaución y Arce, incluso, ya estaba en alerta desde antes de asumir la presidencia de manera oficial en noviembre de 2020.

De hecho “el hermano Presidente no participaba (ni en todos los) eventos abiertos (y asimismo) ya se establecieron cordones de seguridad para precautelar y resguardar su vida y esto puede ser uno de los motivos que les (podría haber) dificultado a ellos a realizar el trabajo” que buscan concretar, sostuvo el Viceministro.

Pero también, entre otras hipótesis, Ríos presume que una “descoordinación” entre López y el ahora exministro de Gobierno Arturo Murillo, podría haber influido para que no se ejecute el presunto plan para acabar con la vida de Arce.

No obstante, “son algunas hipótesis que se manejan y esperamos que la investigación nos pueda dar mayores luces respecto a por qué no lograron su cometido”, sostuvo.

La seguridad del Presidente

Respecto a la seguridad del Jefe del Estado, Ríos indicó que, cuando asiste a algún evento, las mismas organizaciones sociales que respaldan su gobierno “se encargan de brindar anillos de seguridad”.

“Esa es la primera seguridad que tiene, además del grupo de seguridad que es normal que tenga una autoridad (y) también a nosotros, como Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, nos corresponde (cuidar su seguridad) en el marco de los eventos y reuniones que asiste siendo él la primera autoridad del país”.

TRAS DENUNCIA DE EEUU, GOBIERNO ANUNCIA QUE TOMARÁ LOS ‘RECAUDOS NECESARIOS’

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció este martes que se tomarán los “recaudos necesarios”, después de que la Embajada de Estados Unidos en Bolivia denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al Gobierno su “desmantelamiento”.

 “Mediante el Viceministerio del Régimen Interior, el cual dirige Nelson Cox, se van a tomar los recaudos necesarios y también se va a solicitar (a las personas amenazadas) a que se apersonen a la Policía a fin de que mediante esta instancia se pueda garantizar las medidas de seguridad y garantizar en realidad el resguardo que deben tener para que no atenten contra su vida ni contra su integridad (física)”, dijo Ríos en una entrevista con La Razón Radio.

En los últimos días, la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Thomas Becker –ambos ciudadanos estadounidenses– denunciaron que sufren constantes amenazas por parte de determinados grupos.

Becker acusó a los “cívicos” por las amenazas y en el caso de Ledebur apuntó a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue identificado como un grupo “parapolicial”.

De hecho, el propio presidente Luis Arce, al recibir el informe del GIEI en agosto, había anunciado que se iba a “desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado” durante la crisis de 2019.

Sin embargo, Ríos reconoció que a la fecha estas organizaciones continúan operando, aunque sus principales líderes se encuentren procesados y en algunos casos, encarcelados.

“Estos grupos continúan desinformando a la población boliviana y causando temor, zozobra y miedo en las personas que no comparten su forma de actuar y de proceder”, afirmó el Viceministro.

No obstante, aseguró que el Ministerio de Gobierno está trabajando “en la identificación y la desarticulación de estas organizaciones paramilitares”.

Pero “también estamos atentos y a la espera de cuáles serán las directrices que van a emitir desde el Órgano Judicial para poder definir cómo se va a proceder con estos grupos que generan un nivel de zozobra en nuestra población boliviana”, señaló.  (La Razón-Bolivia)