La suspensión provisional de la propiedad intelectual sobre estos fármacos se discutía a partir de una propuesta presentada por India y Sudáfrica con la finalidad de acelerar la producción de los inmunizantes y cerrar la enorme brecha abierta entre naciones ricas y pobres en la protección de sus ciudadanos ante el coronavirus.

Debe recordarse que en abril pasado legisladores federales y líderes sindicales, de salud pública y defensa de los consumidores entregaron a la Casa Blanca una petición con 2 millones de firmas en la que se instaba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a sumarse a los 100 países que ya entonces promovían poner a la gente primero que las ganancias, garantizando acceso universal a las recetas y materiales para producir vacunas anti-Covid-19. Unos días después, la administración demócrata anunció que apoyaría la moción porque, pese a creer con fuerza en la protección de la propiedad intelectual, reconocía que las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigen medidas extraordinarias. El posicionamiento estadunidense abrió una esperanza de que se avanzara en la dirección correcta debido a la gran influencia de esta nación dentro de la OMC.

En el casi medio año transcurrido desde entonces, la vigencia de las patentes ha sido uno de los factores que mantienen a los países pobres en un deplorable rezago en la vacunación. Con datos de finales de septiembre, 3 mil 420 millones de los 7 mil 874 millones de habitantes del planeta habían recibido al menos una dosis de alguno de los antígenos disponibles, pero mientras las naciones desarrolladas ya iniciaron la aplicación de terceras dosis, en África apenas seis de cada 100 personas contaban con la primera o segunda. En algunos países africanos –y de otros continentes–, menos de uno por ciento de la población ha sido inmunizada.

En este escenario, el fracaso de las negociaciones en el organismo multilateral deja al descubierto que, para las grandes trasnacionales farmacéuticas y para los gobiernos que respaldan sus intereses, las ganancias privadas están efectivamente por encima de la vida humana. Se trata de una política tan egoísta como autodestructiva, pues se sabe que la pandemia no terminará mientras haya amplias regiones expuestas a la propagación del virus, el cual aprovechará a la población vulnerable para continuar mutando y generando nuevas (y potencialmente más dañinas) variantes. Debido a la globalización, éstas circularán lejos de sus zonas de origen, y podrían ser resistentes a las vacunas desarrolladas hasta ahora, por lo que suponen un riesgo latente de nuevas olas pandémicas.

Cabe hacer votos porque las sociedades, principalmente las naciones más ricas, presionen a sus gobiernos para que dejen de lado esta cortedad de miras y tomen las decisiones correctas con la finalidad de superar la emergencia sanitaria que por más de 19 meses ha golpeado la salud tanto física como mental, la vida y la economía de miles de millones de personas.  (Others News)