De las 225 personas asesinadas en todo el mundo, informa Global Witness, 65 corresponden a Colombia, es decir el veintinueve por ciento. Esto nos otorga por segunda vez consecutiva el deshonroso primer lugar en la lista de países donde defender los recursos naturales constituye una actividad de altísimo riesgo para la vida y la integridad de las personas.

El Acuerdo de Escazú, firmado por Colombia en 2018, es una herramienta valiosa para frenar esa funesta tendencia. Señala en su artículo 9.1: “Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Para ese efecto, “tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente (…) (artículo 9.2)”. Además, deberá hacer lo necesario para “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones” de las que puedan ser objeto los defensores ambientales (artículo 9.3).

No es esta la única razón por la cual Colombia necesita el Acuerdo de Escazú. Hay por lo menos otras dos que no han sido del todo consideradas: la primera se relaciona con el hecho que el Acuerdo introduce una mirada alternativa sobre el medio ambiente: a diferencia del paradigma reinante, que concibe la cuestión ambiental como costo y barrera para el crecimiento económico, el Tratado pone el foco en la consideración de los derechos humanos y la participación ciudadana como requisitos necesarios para asegurar una economía próspera y garantizar el derecho a un ambiente sano. Es un enfoque de democracia ambiental.

La otra razón tiene que ver con la jerarquía que han ganado los temas de acceso a la información y de participación ciudadana en los actuales enfoques de gestión pública. Colombia posee una legislación de buen alcance en ambas materias: entre otras, las leyes 1712 y 1757, sobre acceso a la información pública y participación ciudadana, respectivamente. Sin embargo, por razones socioculturales, institucionales y políticas, tales normas no han tenido una apropiada y suficiente aplicación en el país. El Acuerdo no solamente sería un aliciente para su mejor aplicación, sino que aporta un valor agregado en ambos campos a través de estándares de fácil cumplimiento que no han sido aplicados en Colombia en su total dimensión. Por ejemplo, en materia de participación, el Acuerdo invita a las autoridades ambientales a dar respuesta a las observaciones e iniciativas del público, señalando si estas fueron aceptadas o no, y, en este último caso, por qué. De otro, propende por una participación a todo lo largo del ciclo de decisiones ambientales, no solo en una de sus fases, como ocurre actualmente en el país.

Sin embargo, la historia de la ratificación de Escazú en Colombia es, por decir lo menos, vergonzosa. Pero no sorprende. Por el contrario, demuestra una vez más la doble moral con la que las élites en el poder, en particular el actual gobierno y sus aliados, manejan los asuntos de interés público y, en especial los temas relacionados con el medio ambiente. En 2020, el gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley para la ratificación de Escazú, fruto del único acuerdo del gobierno con la Mesa Ambiental que creó en respuesta al paro de noviembre de 2019. El proyecto llevaba mensaje de urgencia. Tan pronto fue radicado, las voces en contra de su aprobación no se hicieron esperar. Procedían del propio partido del presidente Duque, el Centro Democrático, de congresistas de la bancada de gobierno y, sobre todo, de los gremios empresariales que en coro y con una buena carga de argumentos sin fundamento lograron que, al final de la legislatura, el proyecto fuera archivado.

El gobierno no movió ni un dedo para sacar adelante la ley de ratificación, ni argumentó en contra de los engañosos argumentos esgrimidos por quienes se opusieron a la ratificación. Demostró así que su matrimonio con el empresariado es indisoluble y que su altisonante discurso verde en los estrados internacionales no pasa de ser una retórica que solo pretende maquillar la extrema pobreza de su gestión. Ahora, el mismo gobierno que presentó el anterior proyecto de ley con mensaje de urgencia quiere dilatar la radicación de un nuevo proyecto en el Congreso, para lo cual se inventó unos talleres regionales para lograr consensos antes de presentar el nuevo texto al Legislativo. Una vez más, la doble moral: de la urgencia a la calma y la parsimonia.

El gobierno ha hecho oídos sordos al clamor de la gente en los territorios, de las organizaciones sociales y ambientalistas, de los pueblos y las comunidades étnicas, de las ONG, de los expertos y los académicos e, incluso, de sectores políticos que sí se tomaron el tiempo para leer el Acuerdo y entender los beneficios que traerá al país. Todos ellos han expresado de mil maneras al Presidente y al Ministro de Ambiente que la ratificación de Escazú es para ya y que no puede esperar años de años.

Sin embargo, todo parece indicar que para no contrariar a sus amigos empresarios y no enredarse en negociaciones políticas, este gobierno no será el que lidere la ratificación del Acuerdo. Además, los Congresistas están en campaña electoral y poca atención le pararán a un asunto que muy posiblemente no les garantizará muchos votos en las elecciones del próximo año, aunque es posible que sí les quite algunos. “El palo no está para cucharas”, dirán ellos, por lo que es muy probable –ojalá nos equivoquemos– que debamos aguardar la llegada de otro gobierno y otro Congreso para que Colombia ratifique el Acuerdo. De los actuales, poco hay que esperar. A ellos solo quedará aplicarles la máxima del Evangelio: “Por sus obras los conoceréis”.  (El Espectador)