Para el investigador, Piñera trata de "buscar el orden" frente a las presiones de la industria forestal.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción el pasado 12 de octubre en la llamada Macrozona Sur, que comprende las provincias de Biobío y Arauco (Región del Biobío), Cautín y Malleco (Región de la Araucanía). Zona conocida para la cosmovisión del pueblo mapuche como Wallmapu o territorio histórico en lengua mapudungún.

Distintas organizaciones mapuches, tanto socioculturales como armadas, que defienden las demandas territoriales ancestrales del pueblo mapuche en la zona —eje del conflicto con el Estado de Chile por más de dos siglos—, han sido vinculadas a través de los años a ataques incendiarios en territorios administrados por corporaciones forestales y en manos de colonos.

El estado de emergencia permite al Ejecutivo el despliegue de Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad y orden público en la zona en coordinación con Carabineros —Policía ya en extremo militarizada en el Wallmapu— y le otorga facultades especiales para eliminar procesos burocráticos a la hora de gestionar tareas de seguridad.

La actual Constitución chilena, herencia de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), permite al mandatario presentar este decreto sin necesidad de una aprobación del Congreso Nacional. En caso de prorrogar la medida otros 15 días, necesitará obligatoriamente la aprobación del Parlamento.

Presiones forestales

Según Nicolás Pareja, sociólogo de la Universidad de Chile e investigador de la Universidad de la Frontera de Temuco —capital de la Región de la Araucanía—, las presiones desde los gremios forestales y del transporte, que cortaron las principales rutas de la zona durante días, "no fueron un 'tira y afloja' muy grande, ya que el Gobierno perdió toda legitimidad y respaldo político y no tiene mucho más que perder".

Ante atentados incendiarios, sabotajes y robo de maquinarias —atribuidos a grupos de resistencia mapuche y ataques comunicacionales de 'falsa bandera'—, la administración de Sebastián Piñera —quien debe enfrentar una acusación constitucional en su contra, producto de la filtración de la investigación Papeles de Pandora— resolvió entregar el control del orden público a las Fuerzas Armadas.

"El contexto del estado de excepción que se generó, viene de la mano de la derecha empresarial más recalcitrante, que lo viene pidiendo desde hace mucho tiempo como una solución, cuando ellos mismos saben que no es una solución, sino una forma de control más", sostuvo el sociólogo.

Los militares se encargan de la seguridad de la zona, en respaldo a Carabineros, mediante limitaciones al derecho a reunión y desplazamiento. "Eso en la práctica, no se ha visto en democracia, no se ha utilizado mucho. Eso lleva a que los militares puedan fiscalizar y detener a personas por mera sospecha de un ilícito", agregó Pareja.

La zona ya se encontraba militarizada, prácticamente desde el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) en adelante, por lo que el decreto de un estado de excepción responde a nuevos factores que han entrado en juego.

"Efectivamente, el Wallmapu —la zona de la Araucanía y el Biobío—, ya estaba militarizada. Carabineros tiene una división especial con tanquetas, blindados y fusiles de asalto. Tienen el armamento, contingente y entrenamiento antisubversivo en Colombia. No existe una justificación real para el estado de excepción", subrayó Pareja.

"Es un espacio de control social ganado, es echarle más bencina al fuego. Algo que es sabido y está documentado, que no resulta. La represión no resuelve en ningún caso la violencia", agregó el sociólogo temuquense.

Terrorismo, crimen organizado y narcotráfico

Durante la actual administración del presidente Piñera, se profundizó en el relato de vinculación de grupos de resistencia territorial mapuche con esferas del crimen organizado y narcotráfico en la zona, junto con las ya sabidas acusaciones de terrorismo.

"La dominación cultural busca deslegitimar los movimientos por la emancipación y liberación de los pueblos. Eso se ha hecho en toda Latinoamérica. Se ha actuado comunicacionalmente de esa forma, porque así se puede justificar la violencia del Estado, o 'buscar el orden' como ellos le llaman", enfatizó el sociólogo chileno.

No hay hasta la fecha, procesamientos ni conclusiones de algún tipo de investigación por parte de fiscalías competentes o fuerzas de orden y seguridad que demuestren y persigan vínculos entre crimen organizado, narcotráfico y resistencia mapuche en Chile.

Para el investigador chileno, autor de Trayectoria histórica del problema de la tierra en la Araucanía: Estructura agraria y conflictos campesinos/mapuches (1934-1997), existe un proceso de legitimación del uso de la fuerza legal en un proceso de "allanamiento del camino para implementar el estado de excepción por parte del Gobierno".

"Han existido hechos de violencia común y narcotráfico, claro que sí. Pero como en todo Chile. No imagino que decreten un estado de excepción en el norte por eso. Yo creo que no existe un vínculo de la lucha armada o la lucha mapuche reivindicativa con el narcotráfico y el crimen organizado, no existe ese vínculo", concluyó Pareja.  (Sputnik)