El abogado Alejandro Rúa afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri "se certificó la existencia de maniobras de espionaje ilegal en innumerables llamados entre personas detenidas y sus abogados" y por este motivo se hizo la ampliación de su denuncia ante las Naciones Unidas (ONU).
Además, el letrado afirmó que la Agencia Federal de Inteligencia "se interesó durante el gobierno de Mauricio Macri por la situación de los presos políticos a propósito de una instrucción realizada por el (fallecido) juez (Claudio) Bonadío".
"Esto es una gravedad increíble porque se trató de una práctica masiva. Se hizo sobre todos los abogados, y a todas las personas detenidas, indiscriminadamente. Fue algo hecho por una agencia del estado (la AFI). Además, había áreas del Gobierno que utilizaban esa información para actuar como contraparte de los defensores", expuso Rúa en declaraciones para El Destape Radio.
El abogado formuló esta nueva presentación ante la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, luego de que el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi certificara, en el marco de una investigación judicial, que más de 200 conversaciones entre personas privadas de la libertad y sus respectivos abogados habían sido interceptadas por la AFI.
En la presentación a la que accedió Télam, Rúa aportó un anexo documental que da cuenta del detalle de estas maniobras y señaló que corresponde a la certificación de las intercepciones realizadas “solo en los meses de enero y febrero de 2019 hasta que cesó la escucha ilegal, estando pendiente de relevar aún todo el resto de la interferencia de las comunicaciones”.
Rúa recordó en su entrevista radial que "la intervención era de todos los teléfonos de dos pabellones, del C y el D (del penal federal de Ezeiza) , dónde estaban alojados los presos de la causa Cuadernos".
"Estábamos desguarnecidos de hacer ninguna defensa, arreglábamos cierta información y eso lo conocía la otra parte casi en tiempo real", apuntó.
En los documentos se observa la captación de conversaciones de quienes serían, entre otros, de los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y los empresarios Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián de Sousa y Cristóbal López con sus respectivos abogados.
"Recordemos que la comunicación de un detenido con su abogado es confidencial y no puede ser intervenida de ninguna manera", subrayó el abogado.
En este sentido, Rúa indicó que tienen pruebas de que "un grupo de tareas de la AFI se encargaba del espionaje en general".
Las certificaciones que ya se lograron son las de las comunicaciones que utilizó Bonadio, en el marco de la causa conocida como “Puf”, iniciada a partir de una denuncia anónima en medio de las repercusiones originadas por el caso del falso abogado Marcelo D´Alessio.
"Se les pone una intervención que no llevaba a ningún resultado a la investigación judicial. El objetivo era "realizar el espionaje que había ordenado Bonadío", concluyó.