Piden priorizar los municipios de Frontino, Dabeiba, Murindó, Ituango y Cáceres, en el Bajo Cauca Antioqueño.

Al menos 32 resguardos indígenas en Antioquia tienen minas antipersonales instaladas en su territorio. En los primeros cinco meses del año, se presentaron 18 accidentes con artefactos explosivos entre comunidades de este departamento y las colindantes con Chocó.

Gustavo Torrijos Zuluaga

Ad portas de que el Alto Comisionado para la Paz reanude sus labores de desminado humanitario en los departamentos de Antioquia y Chocó, tras seis meses de haberse suspendido, el pueblo Emberá Chamí, uno de los grupos étnicos más afectados por la instalación de minas antipersonales en sus territorios ancestrales, dice que, aunque celebra la decisión, no hay hasta ahora un plan que garantice que no se reinstalarán estos artefactos nuevamente, como, explican, ya sucedió en el municipio de Ituango. En los primeros cuatro meses del año en estos departamentos hubo 18 víctimas por estos explosivos.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el primer semestre de 2021 han registrado 263 víctimas en 10 departamentos del país. Eso, según el organismo internacional, representa el 67 % de todas las víctimas que hubo en el mismo periodo en 2020. Para Wilfer Sánchez, vocero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) el 2021 ha sido uno de los años más preocupantes por esta problemática. En entrevista con Colombia+20 explicó que hay, por lo menos, 11.000 indígenas confinados en Antioquia y parte del Chocó por cuenta de las minas sobre vías primarias, secundarias, terciarias y sobre sus cultivos de pancoger.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido la alerta temprana 027 en junio de 2019, en la que reportó “graves afectaciones a los derechos étnico-territoriales de sujetos de especial protección constitucional, como lo son la población indígena y afrocolombiana”. Sin embargo, ante la omisión de acciones por parte del Gobierno Nacional, casi un año más tarde, en abril de 2020, la Defensoría emitió un oficio de consumación de riesgo de la alerta temprana, en el que reiteraban la falta de garantías de seguridad. “Si bien es cierto que se cuenta con pelotones del Ejército Nacional, estos no están garantizando la seguridad, puesto que se observa el tránsito regular de integrantes de las Agc por toda la zona, sin que se evidencie ningún tipo de acción en contra”.

Aunque la petición de los pueblos indígenas es garantizar que el desminado surta efecto y no se vuelvan a reinstalar artefactos explosivos como viene sucediendo en el municipio de Ituango, el Alto Comisionado para la Paz aseguró que esta es una labor del Ministerio de Defensa y no de esta oficina. Por ahora, para los Emberá, ninguna entidad gubernamental quiere asumir la responsabilidad de establecer una mesa de negociación con los grupos armados que les garantice la seguridad en sus territorios ancestrales.

¿Conocieron el informe de la Procuraduría en el que se le pedía al Alto Comisionado para la Paz retomar las labores de desminado humanitario en Antioquia y Chocó?

Sí. Celebramos que el Ministerio Público tome acciones para dar respuesta a un llamado que como Organización Indígena de Antioquia venimos haciendo desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Aunque todos estos años hemos visto cómo otros grupo armados, como el Eln, han venido ocupando territorios que históricamente fueron de las Farc, hay que decir que el año 2021, sobre todo en el tema de instalación de minas antipersonales, ha sido impresionante, aterrador y desastrozo. Como OIA sabemos que tenemos un llamado a tocar puertas a diferentes mecanismos nacionales e internacionales para salvaguardar el mayor número de vidas posibles, sobre todo para defender nuestros gobiernos propios y la autonomía de nuestros pueblos.

En ese documento la Procuraduría pidió también que se hiciera un nuevo estudio de seguridad para adelantar esa labor, ¿qué tanto ha cambiado el panorama en los municipios para hacer un nuevo diagnóstico?

Mucho. Por lo menos, del año pasado a acá, como lo veníamos hablando, la mayor problemática ha sido la reinstalación de las minas antipersonales luego de que las comisiones de desminado humanitario salían del territorio. Eso, por supuesto, nos ha generado más desplazamientos que el año pasado y ya sabemos que los desplazamientos generan la reconfiguración y reacomodación de los grupos armados. Nos gustaría hacer parte de ese nuevo documento diagnóstico, sobre todo para entender que si bien no hay ningún tipo de garantías de seguridad para hacer esta labor, bien sea humanitaria o militar, si se entra a los territorios de la mano con la OIA, los resguardos y la comunidad, es posible que se logre algo de mayor impacto.

¿Los han buscado para ese fin?

Directamente no. Sólo hemos tenido acercamientos con la Personería Municipal de Murindó (Antioquia) porque desde el año pasado este ha sido uno de los municipios más afectados por minas y sabemos que el Gobierno lo tuvo priorizado para la labor humanitaria. Pero eso tuvo todo un proceso detrás porque ellos tuvieron que elevar una petición a un Tribunal en Antioquia para lograr ser priorizados y eso luego llegó a la Corte Suprema de Justicia, quien respondió que efectivamente las entidades encargadas debían tomar acción. Pero más allá de eso no nos han buscado.

En el anterior estudio de seguridad quedaron priorizados 28 municipios de Antioquia y apenas dos en Chocó. ¿Cuál es la expectativa ahora?

Desde la OIA puntualmente hemos tratado de enfocarnos en el oriente y occidente antioqueño, el Atrato Medio y el Urabá. Nosotros hemos tratado de aunar esfuerzos con Descontamina Colombia, por supuesto, visibilizando la situación, pero ahora creemos que Ituango debe ser el foco. La situación en ese municipio sabemos que es compleja porque son muchas las partes que tendrían que confluir para lograr un desminado humanitario allá, justo ahora que la comunidad vive esos oleajes de desplazamiento tan grandes y que hay tanta zozobra. Sin embargo, nuestros resguardos indígenas allá, el pueblo Emberá Eyábida son, de alguna forma, los que más han estado en riesgo por las zonas donde se sitúan, porque muchos ni siquiera tienen la opción de desplazarse porque por donde transiten, hay riesgo de minas. Y esa es una problemática que hay que analizar también y que no se ha abordado como debería cuando se habla de la situación en Ituango. Estamos dispuestos a ayudar para entrar al territorio y lograr desminar algunas zonas para disminuir sus riesgos.

La situación es tan grave que en 2019, cuando desde la OIA comenzamos a ser insistentes con el tema de desminado humanitario, recibimos un audio de Whatsapp y un panfleto en el que nos intimidaban y amenazaban como autoridades indígenas con seguir minando los caminos primarios que comunican a los resguardos con los cascos urbanos, justo después del desminado que se realizó en marzo, abril y mayo.

En estos territorios desde 2017 se vienen haciendo jornadas de desminado humanitario y, de hecho, hay tres municipios (Sonsón, Santo Domingo y Yolombó) que, según el Gobierno, ya iban a ser declarados como libres de minas, ¿qué ha pasado en el resto del departamento?

Es que más allá de propiciar el desminado, ya sea militar o humanitario, lo que nosotros exigimos y necesitamos es que activen una mesa de diálogo con los actores armados que hacen presencia en nuestros resguardos, como el Eln, y se logre llegar a un acuerdo para no volver a instalar artefactos, por lo menos, en los territorios ancestrales. El desminado sin esa garantía no es efectivo porque nada vamos a ganar si el Ejército o las comisiones humanitarias realizan procesos de desminado, como el que hicieron todo el 2020, si tras su salida se reinstalan minas inmediatamente. Es que eso ya nos ha venido pasando. Ahora bien, tenemos otra problemática y es que hasta el año pasado, la orden era desminar los caminos primarios, secundarios y terciarios, pero si identificaban una mina a 2 o 3 metros de esos caminos, no la levantaban. No sabemos si eso va ser así en este estudio de seguridad, pero de serlo, el desminado no va surtir efecto nunca. Por eso insistimos en que más que adelantar esas jornadas, lo que se necesita es darle una salida negociada, sino al conflicto armado, al menos a la instalación de artefactos explosivos que no va parar con el desminado humanitario.

¿En dónde, particularmente, se han reinstalado minas luego de jornadas de desminado humanitario?

En Ituango. En 2019 ya se habían realizado unas labores de desminado, pero desafortunadamente allí, apenas salieron las comisiones humanitarias, se reinstalaron artefactos explosivos y hasta ahora no están incluidos, hasta donde sabemos, en una lista de municipios priorizados por el Alto Comisionado para próximas jornadas. Allí hemos advertido que el territorio que más nos preocupa. Hace poco cayó un indígena en esos campos minados y es tanto el riesgo de transitar desde el casco urbano, qu el cuerpo lo tuvieron que sacar con helicóptero los del CTI de la Fiscalía. Esa es una zona muy delicada y si no es priorizada en el desminado humanitario, sería un golpe para las comunidades Emberá del país. Por eso es importante que se haga ese estudio de seguridad pero con las comunidades indígenas, no entre las mismas autoridades.

¿Qué municipios priorizarían ustedes ahora mismo?

Los más afectados este año han sido Frontino, Dabeiba, Murindó, Ituango y Cáceres, en el Bajo Cauca Antioqueño. Hoy, por ejemplo, podríamos decir que tenemos alrededor de 7.000 hombres y mujeres indígenas confinados por la presencia de actores armados y los campos minados únicamente en esos municipios. Contando los que colindan con Chocó podrían ser más de 11.000. Yo creo que a veces a las autoridades y a la gente se le olvida que para nosotros los indígenas la riqueza no es abrir la nevera y sacar la carne, la leche y los huevos, sino poder desplazarse al río a pescar, entrar al monte a cazar y poder ir a sus cultivos de pancoger a sembrar. Y esas son realidades que hoy ya no existen en el departamento de Antioquia.  (El Espectador)