El gobierno mexicano presentó este miércoles, ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, una demanda en contra de productores y distribuidores de armas, a los que acusa de comercio negligente e ilícito del armamento que es traficado a México y llega a grupos criminales.

Este litigio estratégico no es en contra del gobierno de Estados Unidos, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y aseguró que el objetivo es que la industria armamentista demandada compense a México por el daño causado al país por prácticas consideradas negligentes.

Se trata de una demanda civil que busca la reparación de daños, pues esa venta de armamento está "íntimamente vinculada a la violencia que ha vivido nuestro país durante todo el siglo XXI", dijo Ebrard.

No solo se reclama el pago, sino que los objetivos centrales son que "cese esta impunidad en el tráfico ilícito de armas a nuestro país", que las empresas se responsabilicen de pagar campañas para prevenir el uso de armamento y que modifiquen sus conductas de realizar ventas de armas sin control ni verificar antecedentes de los compradores, explicó el canciller.

¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes, el monto será determinado en el juicio".

Además, se busca que fabricantes y comerciantes de armas desarrollen estándares razonables para monitorear su venta, y que los modelos tengan candados para evitar que su uso sea por personas no autorizadas o por la delincuencia, "y en su caso disciplinar a sus distribuidores".

"Argumentan no tener responsabilidad, pero sí la tienen y tienen información precisa" de quién compra las armas y, en tiempo real, saben que van para narcotraficantes, detalló Ebrard. Agregó que estas compañías incluso ya han desarrollado "diferentes modelos para el narco", con diseños estéticos, personalizados o con adaptaciones para su uso.

El consejero jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, explicó que este litigio "no atenta contra la Segunda Enmienda, que da derecho constitucional a los estadounidenses a portar armas; aquí estamos demandando por daños en territorio mexicano, donde no rige la Segunda Enmienda sino la ley mexicana, que tiene estricto control del comercio de armas, y un civil no puede comprar armas de fuego de manera legal y regular en México si no es con autorización de dependencias del gobierno".

Además, no se busca solo contrarrestar venta de revólveres, sino de armamento de guerra y equipos de alto poder que vienen a México.

Steve Shadowen, de la firma dedicada a litigios complejos y derechos humanos Shadowen PLLC, uno de los dos bufetes que ayudarán a México, indicó que productores de armas las venden a cualquier persona sin ver antecedentes.

"No queremos estar en una situación en que se presenta la acción legal en México y los productores se quejen de que tienen una desventaja porque no están en territorio nacional o no hagan caso de las resoluciones que emitan jueces mexicanos, por eso estamos presentando esta acción en su casa", dijo.

La académica María De Hass Matamoros advirtió que hoy es un problema de seguridad pública, pero si no se actúa el problema será una amenaza a la seguridad nacional, por lo que la demanda puede representar un cambio de paradigma en México.

En la presentación estuvieron los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues, de acuerdo con Ebrard, desde ambas cámaras se trabajará en reformas legales que apoyen esta estrategia legal presentada en Estados Unidos.

Monreal afirmó que se irá "no solo la reparación del daño, sino para evitar que se siga generando esta tragedia de violencia en México", fomentada por el tráfico continuo de armas. (Expansión)