En los últimos días, el Gobierno comenzó a difundir varios mensajes de propaganda que buscan resaltar los logros alcanzados en la primera mitad de gestión. Uno de ellos dice: “Vos sabés que frenamos la suba de las tarifas de servicios públicos”. Y agrega: “Nosotros sabemos que falta recuperar el poder de compra de los salarios para poder crecer. Muchas cosas hechas. Muchas por hacer”.

Si bien cuando asumió el presidente Alberto Fernández, en diciembre de 2019, sus funcionarios repetían que habían aprendido de los errores del pasado y no iban a congelar tarifas, esa medida fue una de las primeras que extendieron -la gestión de Mauricio Macri había tomado la misma decisión a mitad de ese año, previo a las elecciones- antes de que comenzara la pandemia.

En aquel momento, el usuario residencial promedio pagaba el 55% de lo que costaba producir la electricidad y no recibía transferencia directa por el consumo de gas (el Estado subsidiaba parte de la producción a través de planes de estímulo). Más de un año y medio después, el usuario residencial cubre solo el 29% del costo de electricidad, mientras que en gas, si bien la proporción es mayor, del 75%, hace menos de dos años no tenía subsidios.

Como contrapartida, en el primer semestre de este año los subsidios a la energía aumentaron 65,4% con relación al mismo periodo de 2020 (un crecimiento de 14% real, según la consultora LCG), y se espera un incremento mayor en la segunda parte del año, cuando el consumo de gas es mayor. Según las proyecciones privadas, se estima que los subsidios a la energía finalizarán este año en US$8400 millones, un incremento de 34% con relación a los US$6259 millones de 2020. Estas transferencias se cubren o con más emisión monetaria, más deuda o más impuestos.

El panorama se agrava, si se tiene en cuenta que los costos en dólares no son mayores porque el Gobierno decidió atrasar el tipo de cambio este año. En 2022, si el Gobierno quiere disminuir el gasto en subsidios, las tarifas deberán aumentar por arriba de la tasa de depreciación, una medida que parece poco probable.

En números concretos, en junio, el costo promedio de la generación eléctrica se disparó a $8252 el MWh (US$85), el doble de los $4508 que costó la energía en el mismo mes de 2020, según datos de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho eléctrico. De ese total, los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagan una tarifa promedio de $2402 el MWh (US$25).

El mayor costo se explica en parte por la caída de 34% de la generación hidroeléctrica (producto de la sequía), que es más económica, y a la menor disponibilidad de gas, que debió ser sustituido con más importaciones de combustibles líquidos, más caros.

En los próximos meses se espera que el costo de energía eléctrica disminuya a US$68, ya que con las mayores temperaturas habrá menos necesidad de importar combustibles. Esto permitiría que los usuarios paguen una mayor proporción del costo de generación (podría subir a 35%). Sin embargo, seguiría siendo el nivel más bajo desde 2015.

Con relación al gas, a fines del año pasado el Gobierno lanzó el Plan Gas.AR y firmó nuevos contratos en dólares con las productoras a precios mayores, de modo tal de que haya más inversiones y así frenar el declino de producción. Pero no pudo trasladar a los usuarios residenciales esos precios y tuvo que absorber parte de los mayores costos. Por lo tanto, en la actualidad, subsidia alrededor del 25% de la tarifa residencial de gas.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el congelamiento tarifario fue una apuesta política que le permitía a los usuarios percibir una mejora en el poder adquisitivo. En el último mandato de la actual vicepresidenta, los usuarios de electricidad llegaron a pagar menos del 25% por la generación eléctrica. Si se toma en cuenta también los costos de transporte y distribución, los clientes de luz en el AMBA pagaban solo el 15% del total.

Algunos analistas económicos consideran esta medida como el talón de Aquiles de su gestión, ya que el congelamiento tarifario generó una caída en la producción de gas y electricidad, que debió ser sustituida con importaciones, algo que a su vez implicó un stress cambiario. Esto generó que se perdieran el superávit comercial y fiscal, que habían sido la base de crecimiento durante el gobierno de Néstor Kirchner. Además, el servicio eléctrico se deterioró y se masificaron los cortes de luz.

En la primera parte del año, las importaciones de energía representaron US$2281 millones, lo que implica una suba de 59,3% en comparación al primer semestre de 2020 y un impacto directo en las reservas del Banco Central. Solo por gas, las estimaciones privadas señalan que en el año se importarán US$1992 millones, considerando un precio promedio anual de importación desde Bolivia de US$5,7 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) y de US$7,8 en GNL (sin incluir regasificación). (La Nación - Sofía Diamante)