Dentro de 15 años, Gastón Revol, el capitán del seleccionado de rugby-seven que obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos, podría jubilarse. Santiago Lange (59), el abuelo que ya fue oro en Río 2016 y sigue compitiendo en Tokyo 2020, podría haberlo pedido hace tiempo. También José Chamot y el Cholo Simeone (plata en Atlanta ’96), Gaby Sabatini (Seúl ’88), Hugo Sconochini (oro en Atenas 2004) y Juan Curutchet (oro Pekin 2008) también cumplieron con las condiciones necesarias para poder pedir una pensión olímpica vitalicia en la ANSES. Manu Ginóbili, Marcelo Gallardo, Carlos Tévez, Juan Román Riquelme y Leo Messi, entre otros, deberían esperar un poco más.

El sistema, reconoce un beneficio a quienes cumplieron 50 años (40 en el caso de medallistas paralímpicos) y les otorga una remuneración de una, dos o tres haberes mínimos según sea su medalla (bronce, plata u oro) y demuestren que no tienen ingresos superiores a cinco jubilaciones mínimas (hoy de $ 23.064). “Es una clara muestra de un sistema que reconoce méritos a las personas mediante el sistema previsional, que no está pensado para eso”, explica Rafael Rofman, Director del Programa de Protección Social de CIPPEC.

Si hay una palabra que se asocia con la previsión social es, paradójicamente la de emergencia, situación reconocida desde hace más de medio siglo y que dio lugar a respuestas diversas, casi siempre cortoplacistas por parte del administrador de turno. Sobre todo, en años electorales, cómo este, que otorgó un justo pero arriesgado reconocimiento por hijo para cada mujer para llegar a jubilarse.

Para Nuria Susmel, Economista Senior de FIEL, “el síntoma más preocupante del sistema es que han ido quitando los incentivos a aportar, por las continuas moratorias que hace que aportar o no parezcan lo mismo”, sentencia. Justamente por eso, agrega la economista, padece un déficit creciente, con la incorporación de beneficiarios a través de las moratorias mientras “los que más crecen son los regímenes especiales que tienen aportes muy bajos (monotributistas y servicio doméstico)”. Conclusión: aumento del déficit para un futuro cercano.

Diferencias. No hay un sistema sino un complejo de subsistemas, producto de la fragmentación y cada uno con diferentes exigencias y prestaciones. Lo excepcional, como es el ilustrativo caso de los medallistas olímpicos, jueces y empleados judiciales, miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, por citar sólo unos casos, tienen diferentes edades y años de servicio para poder acceder al beneficio del sistema ordinario, que estipula 65 años para los varones, 60 para las mujeres, con 30 de servicio. Además, hay 13 provincias que conservan su propio sistema previsional, en general mucho más flexibles y generosos que el nacional.

Evaluación. En su última edición anual, el Índice Mundial de Pensiones de Mercer y el CFA Institute coloca al sistema argentino en el anteúltimo lugar: 37° sobre una muestra de 38 en total. Atribuye tal aplazo a falencias en los tres factores que se combinan para el índice numérico: adecuación (40%), sostenibilidad (35%) e integridad (25%).

Conceptualmente, para realizar una evaluación general hay tres aspectos que vale la pena considerar a la hora de plantearse una radiografía del sistema previsional en su conjunto: cobertura (la parte de la población que está alcanzada), adecuación (el monto de las retribuciones) y la sostenibilidad (cuánto cuesta a la sociedad y si el esfuerzo puede mantenerse en el tiempo). Sintéticamente, el sistema argentino tiene muy buena puntuación en cobertura, regular en adecuación y muy malo en sostenibilidad.

La universalización del sistema hace que, a diferencia de otros de América latina, el sistema argentino sea inclusivo, pero la asignatura pendiente tiene que ver con la duplicidad de algunas prestaciones y la falta de equidad.

Claro que la adecuación tiene que ver, básicamente, con dos factores: la evolución de la economía y en particular de la evolución de la masa salarial que financia las jubilaciones. “En promedio cobran menos de lo ideal, pero cuando vemos contra salario mínimo: para las variables argentinas, es razonable”, explica Rofman.

Finalmente, en la sostenibilidad está la debilidad mayor. Muchas veces se ve sólo el rojo que obliga al Estado (nacional o provincial) a poner la diferencia entre los aportes y las erogaciones. Un curioso “sistema de reparto” en el que ni siquiera alcanza con repartir todo lo que se recauda. Actualmente se calcula que el 12% del PBI se dedica a sostener el sistema previsional. “Si hay que dedicarle 1 de cada 8 pesos generados por toda la economía, evidentemente es un sistema muy caro para el nivel de prestaciones que ofrece”, subraya Rofman que pone cifras a su afirmación. Calcula que si cada uno de los mayores a 65 años (5 millones de personas) cobrara la jubilación promedio (no la mínima), el gasto sería de la mitad: 6% del PBI. ¿Dónde está el resto? Una sucesión de privilegios, medidas tribuneras y la desnaturalización del ANSES como organismo previsional.

No todos se jubilan a los 65 años: las mujeres lo pueden hacer a los 60 y en algunos regímenes especiales, unas y otros lo pueden hacer con menos edad o por condición (militares, trabajadores en zonas desfavorables, excombatientes, por citar sólo algunos casos). Se calcula que esta situación se encuentra el 40% de los casos, que consumen más del 50% del gasto. Una excepción que ya constituye la regla: casi un millón de jubilados son “jóvenes” y 1,1 millón tienen duplicidad de beneficios.

El financiamiento de este laberinto muestra signos de agotamiento. “Dentro de los países de la región, Argentina tiene la mayor tasa de aportes (11% personales y 10% patronales), junto con Brasil (20% y entre 7,5% y 16%)”, acota Susmel. Algunos sistemas provinciales o especiales, incluso, aumentan las alícuotas previsionales, pero el Estado cubre la brecha: 4,5% del PBI para 2020, con algo de “gasto Covid”. Este déficit está vinculado con tres cuestiones estructurales: el estancamiento del empleo formal y sostén del sistema, la performance de la economía, también frenada desde hace una década y los cambios demográficos (envejecimiento de la población, principalmente).

Escenarios. El dilema al que se enfrenta el Gobierno cuando termine la efervescencia electoral no es el de si reformar o no el sistema, caro, ineficiente y que mostró claros signos de agotamiento, sino cómo se hará y, especialmente, el timing. No hacerlo implica seguir financiando un déficit creciente o aumentar las cargas sociales con que se fondea. Algunas pistas se dieron con el reciente cambio al agujero negro que significa el régimen de moratoria. Al reconocerle años de aportes por cada hijo o incluso triplicarlos en el caso de las beneficiarios de AUH, se camina a la equiparación de la edad mínima de jubilación entre mujeres y varones y, si no alcanzara, probablemente la elevación paulatina de esa otra variable clave que se podría realizar gradualmente. Decisiones antipáticas pero que la observación de derechos adquiridos mandaría hacerlo en forma gradual. Otro tanto ocurre con la equiparación de los regímenes especiales y el sistema de pensiones por viudez, para evitar abusos e inequidades. Cambios que, a diferencia de otros que se adoptaron en sentido opuesto, deberían contar con amplio consenso político para que no sean efímeros.

Ante semejantes desafíos en el presente y un horizonte más comprometido, la solución debería contemplar una gradual corrección las distorsiones. Una oportunidad para generar un nuevo sistema sobre las ruinas del actual, reformulando su sostenibilidad y blindándolo de los continuos vaivenes de la economía argentina (ser más “anticíclico”). Como reconocía Rofman, “gracias” al desajuste tan grande, hay un colchón suficiente para mejorar. Otra paradoja argentina. (Perfil por TRISTÁN RODRÍGUEZ LOREDO)