Las duras imágenes trasmitidas por las redes sociales y el volcamiento del interés de la comunidad internacional sobre las sistemáticas violaciones de los derechos humanos durante las protestas (después del 28 de abril), revelaron la cara negativa de una democracia imperfecta. La apariencia de una supuesta fortaleza institucional, que al final mostró ser incapaz para garantizar el derecho a la participación en las calles.

El foco de atención y preocupación de la opinión pública se centró en los duros enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en las principales ciudades del país como Cali, Medellín y Bogotá. Pero, a medida que pasaron los días fue mutando hacía epicentros de fuerte conflictividad como Popayán y Tunja. El paro logró, no solo sensibilizar a la ciudadanía sobre el inconformismo popular, también conectó a grandes capas de la población con las problemáticas nacionales. Pero ¿Qué pasó en las áreas rurales en donde el conflicto es a otro precio?

Las dinámicas parecen ser las mismas y el conflicto armado interno tiende a concentrarse en nuevos focos o a complejizar las zonas en donde ya existían riesgos. La crisis humanitaria regional continúa su grave degradación -sin importar la pandemia- con un gran costo en víctimas.

En la costa Caribe de Colombia los focos del conflicto en donde hacen presencia viejos, nuevos y reciclados actores ilegales, están claros. Según el investigador Luis Trejos, en la actualidad existen cinco focos de conflicto en el Caribe los cuales son: la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, el sur del Cesar, el sur de Bolívar y el sur de Córdoba. Por último, en la región de la Mojana sucreña es un territorio donde posiblemente se reactive el conflicto debido al aumento y presencia de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Un informe elaborado por el Centro de Pensamiento UNCaribe (2020), muestra que en estos focos de conflicto hacen presencia diferentes grupos armados al margen de la ley. En el sur de Córdoba: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Frente 18 de las FARC-EP, y los Caparros. En el sur de Bolívar y Sur de Cesar el Ejército de Liberación Nacional - ELN. En el sur del Cesar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC. En los Montes de María las AGC, excombatientes de las FARC-EP -que nunca se incorporaron al proceso de paz-, al igual de las Águilas Negras y Los Rastrojos. Por último, en la Sierra Nevada las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y de las AGC. Estos grupos disputan el dominio territorial, ligado sobre todo a las rutas y corredores estratégicos del narcotráfico, puntos de producción y abastecimiento; así como, las zonas de salida para la comercialización.

De todas las regiones mencionadas solo el sur del Cesar no es un territorio PDET – Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Tema que debería preocupar tanto a las instituciones como a la sociedad civil porque mostraría un territorio no priorizado por el proceso de paz que se encuentra en grave riesgo. No podemos olvidar que este proceso, no

es solo entre el Estado Colombiano y las antiguas FARC-EP, también involucra a la sociedad en general.

En medio de esta difícil situación que viene agravándose con el tiempo, ha sido la sociedad civil quien se encuentra amenazada. Situación que se expresa en graves violaciones a los derechos humanos, en particular, con un alto costo en la pérdida de vidas. Según Deutsche Welle (2021) desde 2016 más de 900 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Esta situación se pone de manifiesto en la región Caribe, que en el último reporte del Centro de Pensamiento UNCaribe para el período de enero-junio de 2021, 6 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados.

Todo esto ocurre sistemáticamente bajo la poca actuación de los agentes estatales. Los y las líderes asesinadas son pertenecientes a comunidades étnicas, de procesos de reemplazo de cultivos ilícitos, de restitución de tierras y ambientalistas. Los datos así lo evidencian. Karina Cuesta, asesinada el 25 de marzo de 2021, era líder social en Córdoba, miembro de ASODECAS y beneficiaria del PNIS. Al igual que la lideresa anterior, Fredman Herazo, activista en Córdoba, defensor de los derechos de la comunidad afrodescendiente, fue asesinado el 15 de julio de 2021. Jaime Enrique Basileo primer alguacil del cabildo indígena Libertad de la Etnia Zenú de San Onofre -Montes de María-, fue asesinado el 1° de marzo del presente año. El 17 de abril de este año fue asesinado en Santa Marta, Francisco Guiacometto, miembro de la JUCO, del Partido Comunista y fundador sobreviviente de la UP. El líder medioambiental en Rincón Hondo y exconcejal de Chiriguaná, Yobani Carranza Castillo, fue asesinado el 27 de enero de 2021. Esta tenebrosa lista la cierra, hasta ahora, Aura Esther García, autoridad tradicional Wayuu, asesinada el 31 de marzo de 2021.

La Defensoría del Pueblo también ha emitido alertas tempranas. De las 13 emitidas este año dos han sido sobre la costa Caribe. La primera de ellas en mayo la Alerta de Inminencia 009-21 sobre el municipio de Ovejas (Sucre) -territorio integrante de los Montes de María- advirtiendo la configuración de un escenario de riesgo debido al reposicionamiento de la AGC -cuya actividad económica en esta zona es el contrabando-. La Defensoría advirtió que este grupo ilegal está tomando el control en la zona rural de Ovejas a través de las siguientes acciones: confinamiento, amenazas, regulaciones a la movilidad, imposición de horarios y normas de conducta, homicidios selectivos, tránsito de actores armados no Estatales, ataques y estigmatización.

La segunda, la Alerta Estructural 012-21, emitida en el mes de junio de 2021 contempla a los municipios de El Banco, Guamal y San Sebastián de Buenavista -en el sur del Magdalena- y los municipios de Astrea, Chimichagua y Tamalameque -en el sur del Cesar-. En esta zona los grupos armados tienen como principal sustento el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Adicionalmente la Defensoría del Pueblo ha identificado las siguientes modalidades de operación de los actores armados: trata de personas, combates, reclutamiento de menores y adolescentes, violencia sexual, demarcación de territorio, despojo, extorsión, tránsito de actores armados no Estatales, contaminación de minas antipersonal, tortura, imposición de horarios y secuestro. También, advirtió en dicho informe sobre el uso de las siguientes modalidades de operación: desplazamiento forzado, violencia basada en género, amenazas, regulaciones a la movilidad, imposición de normas de conducta, homicidio selectivo, desaparición forzada, confinamiento, masacre, enfrentamientos con interposición de la población civil y tráfico de migrantes.

Con las protestas sociales de este año, el foco volcó hacia las problemáticas de la población urbana, pero a la par en el campo continuaron las dinámicas de conflicto y la violencia, las cuales no han tenido el mismo nivel de atención. En la costa Caribe siguen activos cinco focos de conflicto -junto a un foco que probablemente se reactive-. La presencia de actores armados ilegales en esas zonas de la costa norte de Colombia, cuyas actividades económicas ilícitas se enlazan con un modus operandi criminal, impactan la vida de sus habitantes. El crítico panorama del área rural - posible escalamiento de la violencia- deja un escenario complejo: actores armados ilegales fortaleciéndose y una sociedad civil desprotegida. ¿Cuándo ocuparán estas problemáticas un lugar protagónico en la agenda nacional? (El Espectador)