Se trata de la investigación de los planes federales de viviendas, que sumó 80 millones de dólares. Las audiencias se repetirán en las cuatro jurisdicciones, en las próximas dos semanas.

Las investigaciones penales por los planes Techo Digno, iniciadas hace cinco años, comenzaron esta semana con los cargos de imputación para los ex intendentes y los constructores por la irregular utilización de esos fondos nacionales para la construcción de viviendas.

1-¿Cuándo y cómo era la operatoria y el mecanismo de la maniobra observada?.

Techo Digno era un plan de Nación de financiamiento de viviendas.
Los municipios firmaban directamente convenios con el ministerio de Obras Públicas de Nación. Las ejecuciones eran responsabilidades de los gobiernos municipales. Los barrios investigados se concentran -mayormente- entre el 2013 y 2015.

2-¿Cómo Nación enviaba fondos a las administraciones locales?.

Se cumplía según el avance de la obra, previa entrega de la certificación de la construcción por parte de las autoridades de los municipios. En el 2015, antes del recambio del gobierno nacional, Obras Públicas suspendió las transferencias y las ejecuciones se paralizaron.

3-¿Cuántos municipios fueron alcanzados por esa situación?. ¿Cuantos viviendas eran?.

Eran 15 municipios: Roca, Viedma, San Antonio, Sierra Grande, Conesa, Choele Choel, Río Colorado, Godoy, Cervantes, Fernández Oro, Cipolletti, Cinco Saltos, Campo Grande, Bariloche y Jacobacci. Quedaron paralizadas más de 3.000 unidades.

4- ¿Cómo se finalizaron esos barrios?.

En el 2016, con un acuerdo de la Provincia con Nación, el IPPV se hizo cargo para su conclusión, con fondos federales y aportes provinciales. Roca no aceptó ese plan de intervención provincial y no ingresó con sus 231 viviendas pendientes.

5-¿Cuándo se originan las causas penales?.

Existían críticas a las gestiones locales por esas ejecuciones. También se originó un debate por la competencia porque, inicialmente, la Justicia provincial derivó la cuestión a la Federal por el origen de los fondos. Pero, el impulso estuvo en el 2016 con la intervención del ministerio de Interior que incluyeron denuncias en distintos juzgados federales. Al final, la competencia se declaró para los tribunales provinciales y los expedientes volvieron a Río Negro en el 2018.

6-¿Qué irregularidades se habían detectados?.

La mayor observación técnica estaba en la inconsistencia entre los fondos enviados por Nación y el nivel de construcción de los barrios por parte de los municipios. Eso se advertía con los informes efectuados para el traspaso a la Provincia. La falsedad de las certificaciones del nivel de ejecución, que las autoridades locales enviaron a Nación, quedaba en evidencia con esa disparidad detectada.

7-¿Cuáles son las conclusiones iniciales de los fiscales para las imputaciones?.

En esta primera parte, los fiscales de las cuatro circunscripciones plantean acusaciones para once gestiones municipales. Dos irregularidades repetidas son la falsedad de las certificaciones y pagos a las constructoras por encima de los avances reales. Después existen variantes en los casos, como los destinos de excedentes de las transferencias nacionales.

8-¿Qué gestiones están acusadas?.

En los juzgados de Roca, los expedientes comprenden a cuatro municipios (siempre entre el 2013 y 2015): Cervantes, Choele Choel, Godoy y Río Colorado. En Viedma son: Conesa, Sierra Grande y San Antonio. En Bariloche alcanza al municipio andino; y, en Cipolletti son tres administraciones: Campo Grande, Cinco Saltos y Fernández Oro.

9-¿Cuál es la reacción política?.

Tiene un alto impacto. Los debates judiciales coincidirán con la campaña electoral y las denuncias alcanzan a importantes dirigentes del FdT, que reaccionan con que la “causa es política”. Esta investigación se concentra en ex intendentes del FdT, pues fueron los firmantes de esos acuerdos directos con Nación, con la gestión del entonces senador Miguel Pichetto.

10-¿Quiénes son los acusados?.

La nómina de acusados incluye al hoy diputado nacional Pedro Dantas (fue intendente de Campo Grande), y los legisladores del FdT, María Martini (Bariloche), Alejandra Mas (Conesa) y Daniel Belloso (Choele Choel). Figuran, además, tres actuales jefes comunales: Liliana Alvarado (Cinco Saltos), Renzo Tamburrini (Sierra Grande) y Luis Ivancich (Godoy). Las acusaciones llega también a los titulares de las constructoras. (RN)