El pedido de Colombia a Estados Unidos para que incluya a Venezuela en su lista de países promotores del terrorismo cayó como un balde de agua fría al gobierno de Nicolás Maduro por diferentes motivos. El primero es que en la actualidad solo cuatro países forman parte de la lista: Siria, Corea del Norte, Irán y Cuba, que fue agregada el pasado 12 de enero por orden del expresidente Donald Trump. Sin embargo, todavía es incierto que Estados Unidos acceda al pedido de Colombia, teniendo en cuenta que en su momento el exsecretario de Estado Mike Pompeo no quiso incluir al país latinaomericano cuando el cerco diplomático estaba en su momento más álgido. El segundo es que la solicitud llega en un momento en el que gobierno y oposición anunciaron negociaciones para salir de la crisis política.

El gobierno del presidente Iván Duque ha acusado en reiteradas ocasiones a Nicolás Maduro de proteger a disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales en su territorio. Sin embargo, el atentado que sufrió el mandatario colombiano el pasado 26 de junio, cuando le dispararon a su helicóptero, fue la gota que derramó el vaso, pues el Gobierno colombiano denunció que se había gestado desde Venezuela. “Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de Estados Unidos como un país promotor del terrorismo”, reclamó Duque el pasado martes en el III Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, que se desarrolló en Bogotá y en el que participó el embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg.

Duque agregó que esa declaración tiene como objetivo “no solamente develar esa relación connivente y perniciosa, sino también que puedan ellos tomar un camino o seguir patrocinando al terrorismo, o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando”. Como era de esperarse, la reacción de Venezuela fue casi inmediata y llegó de la mano de su canciller Jorge Arreaza, quien publicó en su cuenta de Twitter: “No sea tan cínico. Usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar a presidentes en la región”.

Sobre el asunto, sin embargo, solo se ha dado una conversación el pasado lunes entre el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, y Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta colombiana, en la que se habría reafirmado la alianza entre ambos países. “Blinken hizo hincapié en la importancia de defender y promover la democracia en la región, particularmente en Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba”, y agradeció la acogida en Colombia de más de 1,7 millones de migrantes venezolanos que huyeron de la crisis económica, según se lee en un comunicado difundido en Washington.

¿Qué significaría para Venezuela pertenecer a la lista? En término generales, el Departamento de Estado de EE. UU. afirma que sobre el país incluido caen “restricciones a la ayuda exterior de EE. UU., la prohibición de las exportaciones y ventas de armamento, ciertos controles sobre las exportaciones de productos de doble uso y diversas restricciones financieras y de otro tipo. Además, implica otras sanciones que penalizan a las personas y los países que participan en determinados intercambios comerciales con los Estados patrocinadores”.

Benajmin Gedan, director adjunto para el Programa Latinoamericano en el Wilson Center y exdirector para Suramérica en el Consejo Nacional de Seguridad durante la administración de Obama, le dijo a El Espectador que una posible entrada de Venezuela podría tener efectos importantes en el país: “La designación podría interrumpir la asistencia humanitaria para un país que sufre hambre generalizada y el colapso catastrófico de su sistema sanitario incluso antes de la pandemia. También podría desbaratar los esfuerzos, apoyados por Estados Unidos y facilitados por Noruega, para reunir a la dictadura y a la oposición para un diálogo político”.

En efecto, la negociación que actualmente se gesta entre las partes en Venezuela es clave para la región, porque podría destrabar un nudo político que hasta ahora parece ciego. Justo la semana pasada Nicolás Maduro anunció que esperaba que la mesa de diálogo se instalara en México este agosto. Si bien el mandatario había condicionado su participación al levantamiento de sanciones económicas, que incluyen un embargo al petróleo venezolano, dijo: “Estamos a punto ya, yo diría: del uno al diez, podríamos decir hemos llegado al nueve y en los próximos días esperamos que en las negociaciones, que hasta ahora son secretas, se llegue a un acuerdo definitivo”.

La lista de Estados Unidos fue creada en 1979 en el marco de la lucha del país “contra el terrorismo y es un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que abandonen el negocio del terrorismo”. A lo largo de las décadas sus miembros han ido cambiando. Por ejemplo, en ese año fueron incluidos Irak, Libia y Yemen del Sur. El primero fue removido en febrero de 1982 y luego puesto nuevamente en 1990, luego de que el ejército iraquí invadiera Kuwait. Finalmente, fue retirado en 2004, estado que se ha mantenido hasta el momento. Libia, por su parte, salió de la lista en 2006 y Yemen del Sur en 1990.

Si Venezuela va a ser incluida o no todavía está por verse. Lo cierto es que el pedido de Colombia podría influir en la decisión. Benjamin Gedan recuerda que Colombia es un importante socio de Estados Unidos en América Latina y que “la administración Biden se toma muy en serio las amenazas que suponen para la seguridad de Colombia, las guerrillas que operan al otro lado de la frontera, en Venezuela. Dicho esto, la petición de Colombia de que Estados Unidos designe a Venezuela como Estado patrocinador del terrorismo no está garantizada”.

Además, en otros momentos de mayor tensión Estados Unidos no lo ha hecho. Incluso, la llegada de Biden ha comenzado a suavizar las relaciones bilaterales. El pasado abril Julie Chung, subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, aseguró que para comenzar a flexibilizar las sanciones el gobierno de Maduro debía garantizar elecciones libres y justas, liberar a los presos políticos, respetar los derechos humanos y la libertad de prensa, y cesar la persecución contra la oposición.