Cuando a mediados de mayo se conocieron las primeras noticias sobre un aumento en la llegada de migrantes a la ciudad de Ceuta, territorio español situado en el continente africano, Santiago Abascal, el líder del partido de extrema derecha español Vox, no tardó en dirigirse al enclave. Una vez allí, exigió la presencia urgente del ejército, calificó la situación de invasión marroquí, compartió en sus redes sociales un vídeo de menores migrantes sin respetar su privacidad a los que acusó de provocar ruina e inseguridad en el país e inflamó el debate público.

Un mes antes, durante la campaña de las elecciones madrileñas en las que arrasó Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, Vox señalaba a estos menores migrantes que se encuentran solos en el país como chivo expiatorio de los problemas de Madrid. Daba igual que los ‘menas’, la manera despectiva de referirse a ellos, no sean ni 300 jóvenes en una región cercana a los siete millones de habitantes. O que muchos acaben en la calle al cumplir los 18 años por una situación legal que el gobierno español plantea subsanar. Al final, el reduccionismo y las mentiras de Vox fueron premiados: obtuvieron casi 43.000 votos más que en las anteriores elecciones.

El uso explícito del racismo como arma electoral da votos, lo que ni ha sido inventado por Vox ni es de su patrimonio exclusivo. Dirigentes y formaciones del mundo, de Donald Trump en EE. UU. a Matteo Salvini en Italia, se han apoyado en propuestas políticas racistas que han prosperado sin ser verdad, ni apoyarse en datos o evidencias científicas. El avance de estos líderes se explica por un racismo estructural presente también en España pero que apenas se reconoce como un problema del país.

Los que vivimos las consecuencias de la discriminación estamos cansados de recibir gestos o palabras como la solución. La acción antirracista, individual y colectiva, será el camino para construir el mundo de justicia e igualdad sin espacio para el odio de la extrema derecha.

La condición racial atraviesa todos los detalles de nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro futuro. En mi caso, nací en España como hijo de migrantes gambianos. En mi documentación fui extranjero hasta los ocho años, cuando mi padre completó el trámite para conseguir la nacionalidad, que yo recibiría después. Desde entonces, creciendo como un chico negro, he experimentado algunos de los efectos del racismo. La desaprobación del contrato de alquiler de un piso cuando llegué a Madrid bajo el único criterio del color de piel, las amenazas e insultos racistas en las redes sociales como Twitter o las paradas policiales por perfil racial. Esas y otras experiencias las cuento en mi libro, Qué hace un negro como tú en un sitio como este, para entender la dimensión del problema.

El racismo no se reduce a episodios aislados, ni situaciones provocadas solo por extremistas. Si hablamos del acceso a la vivienda, un estudio encargado por el gobierno español señala que siete de cada diez inmobiliarias aceptan sin miramientos que los caseros les pidan explícitamente no alquilar a inmigrantes (o a quienes perciben como tales), mientras el 80 por ciento estaba de acuerdo con imponerles condiciones más difíciles.

Otro estudio en todo el territorio sobre las paradas policiales por perfil racial, apunta a que las personas racializadas son detenidas por los agentes entre seis y diez veces más que las blancas: el color de piel o el origen entrañan una sospecha eterna de culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario.

El racismo y la antinmigración siempre han ido de la mano. Ser negro en España me convierte a ojos de la mayoría social en migrante, aunque no lo sea, pero esa extranjerización la noto en mi día a día: desde que me hablen en inglés en restaurantes hasta las paradas policiales asumiendo que estoy indocumentado. La extrema derecha lo sabe bien cuando sus discursos y acciones se dirigen contra las personas racializadas. Si simplemente les preocupase la migración, apuntarían también a la tercera comunidad extranjera más numerosa en España: los británicos. Pero no lo hacen, porque la condición racial es un marcador indispensable.

Para cerrar la brecha de las desigualdades raciales que la extrema derecha explota una y otra vez, España necesita una apuesta decidida por un antirracismo de acciones y hechos, más allá del marketing y los gestos, como el fallido intento con los sellos postales que dieron la vuelta al mundo por otorgar menor valor a las estampillas negras. Así, la oportunidad de sacar rédito político del racismo se diluirá y las vidas racializadas y migrantes se podrán desarrollar en una mayor igualdad.

Situaciones como las de Ceuta pueden evitarse. Fuera de las cámaras y al margen de titulares, casi el 80 por ciento de la migración irregular a España entra por los aeropuertos, con visado, no saltando una valla o tirándose al mar. Solo se ven empujados a arriesgar la vida quienes tienen dificultades para obtener visados, una situación que afecta mayoritariamente a quienes proceden de países africanos. La posibilidad de establecer una política migratoria basada en un modelo común de apertura y acogida, está en manos de la Unión Europea y el gobierno español.

Mientras esto no ocurra, los políticos demagogos seguirán exacerbando su discurso racista.

Al inicio de la pandemia, el movimiento antirracista español propuso una regularización migratoria que hiciera frente a las consecuencias de la crisis. La medida no prosperó y mientras tanto se complicó la posibilidad de acceder a citas para tramitar la documentación. Vivir en situación irregular impide acceder a medidas sociales como el Ingreso Mínimo Vital, instaurado para hacer frente a la pandemia. También limita derechos, como el voto, incluso hasta cuando tienes papeles: en 2019, el 73 por ciento de los extranjeros que vivían legalmente en España no podían votar. España dispone de acuerdos de reciprocidad con algunos países para que sus ciudadanos puedan elegir a sus representantes públicos, pero es insuficiente. Una solución es que el criterio para votar no se base en la nacionalidad, sino en la residencia, como ya ocurre en las elecciones europeas.

Introducir la perspectiva antirracista en las leyes es urgente. Ahora mismo hay una oportunidad para evitar la discriminación racial en el acceso a la vivienda mediante el debate sobre la ley de vivienda. Los datos y las experiencias que justifican la acción están ahí, solo queda la iniciativa política. En la anterior legislatura el gobierno español mencionó que se prohibirían las actitudes racistas en los anuncios del alquiler. Esta mención no llegó a nada.

Con educación y cultura, la sociedad española tiene margen para mejorar su racismo estructural. Educación para difundir el conocimiento antirracista que reconozca la diversidad del país, su historia e imagine el futuro. Cultura para romper prejuicios y moldes con una visión antirracista. Ya se dan avances, como el anuncio de Netflix de que adaptará la novela Hija del camino, de la periodista española de ascendencia ecuatoguineana Lucía-Asué Mbomío Rubio, en una serie. Un proyecto liderado por personas negras sin precedentes en el país.

Me gusta decir que cada minuto más en un mundo racista es uno menos en una sociedad antirracista. Hubo momentos en mi vida, ante una situación de discriminación, en los que el silencio y la inacción, tanto míos como sobre todo del entorno, me dolieron más que el incidente. Hemos normalizado el racismo, de ahí que hablar claro y actuar decididamente sea la receta para proteger nuestras vidas. (The New York Times)