"El préstamo apresurado de armamento letal y no letal de Ecuador a Bolivia en los primeros días del golpe de 2019 es una vulneración grave del derecho internacional, esto requiere una investigación seria con la participación de organismos internacionales", dijo Pary a la televisión estatal.

Quito prestó a La Paz en noviembre de 2019 al menos 5.500 granadas de gas lacrimógeno y casi 3.000 proyectiles diversos, incluidas municiones de guerra, en apoyo a la entonces recién instalada presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), en una operación revelada en los últimos días en la capital boliviana.

El caso ganó actualidad tras el arresto en Estados Unidos del exministro boliviano Arturo Murillo, señalado como principal gestor del préstamo ecuatoriano y de una compra paralela de materiales antidisturbios con sobreprecio, sobornos y una trama de lavado de dinero, delitos por los que ahora está procesado.

Plan Cóndor

Pary dijo que el nuevo Gobierno presidido por Luis Arce considera "solicitar una investigación internacional sobre el caso", en el cual se habrían violando normas tanto ecuatorianas como bolivianas.

"Una operación como el préstamo de materiales militares y policiales solo es posible mediante un acuerdo de cooperación internacional que normalmente toma su tiempo, no se hace en dos o tres días, sino en meses y hasta años, pero en ese caso se lo hizo de la noche a la mañana", afirmó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró el pasado fin de semana a la prensa, como prueba del apoyo del Gobierno ecuatoriano de Moreno a Áñez, una comunicación oficial de Quito, de mayo de 2020, en la que pedía la devolución de los materiales.

"Es el Plan Cóndor II; el funcionamiento de esta organización básicamente se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor que hemos vivido en los años 70, donde varios países cooperaban regionalmente para la represión", afirmó Del Castillo en referencia a la colaboración entre gobiernos dictatoriales latinoamericanos de décadas pasadas.

Medios locales, que divulgaron el fin de semana varios documentos oficiales que confirmarían el préstamo de los materiales policiales y militares de Ecuador a Bolivia, indicaron que esa operación fue iniciada el 14 de noviembre de 2019, apenas dos días después de la instalación del Gobierno transitorio de Áñez.

En las semanas siguientes, operaciones conjuntas de militares y policías contra manifestantes que protestaban contra el golpe que derrocó al Gobierno de Evo Morales (2006-201) dejaron una treintena de civiles muertos en varios puntos del país.

Tras 6 días de remezón por su declaración a la Fiscalía, Áñez aclara que se basó en vivencias y un libro

La exmandataria rompió el silencio en el caso "golpe de Estado", en su comunicado de este lunes no se refiere específicamente a temas como la oposición de Mesa a la sucesión de Adriana Salvatierra, pero pide investigar todos los hechos y defiende su autoproclamación.

Mediante un comunicado en su cuenta de redes sociales, desde la cárcel de Miraflores, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, señaló que las revelaciones que hizo ante la Fiscalía sobre cómo llegó al poder el 12 de noviembre de 2019 se basaron en vivencias y un libro publicado por un medio de prensa; eso sí, defendió su autoproclamación.

Seis días después de haber ocasionado un remezón, tras haber decidido romper el silencio en el caso “golpe de Estado”, Áñez intentó poner paños fríos, aunque sin referirse de manera específica a los hechos que relató como episodios del libro o de sus vivencias, como que Carlos Mesa se opuso a una sucesión de la exsenadora Adriana Salvatierra.

“Respecto a mi declaración informativa ante el Ministerio Público, realizada los días 7 y 8 de junio del presente: Aclaro que al empezar mi declaración señalé que la narrativa sobre los antecedentes sucedidos antes de mi llegada a La Paz, y sobre hechos que no estuve presente, se basan en el libro ‘La revolución de las pititas’, publicado por Página Siete”.

Y añade: “Y otra parte de mi declaración desde mi llegada a La Paz el 11 de noviembre sobre mis vivencias en tales hechos. En todo caso, ambos elementos he pedido y pido investigarlos, para que se manifieste justicia, ya que en su momento los principales órganos del Estado (Legislativo con 2/3 del MAS y Tribunal Constitucional como guardián de la CPE) avalaron mi sucesión como presidenta constitucional transitoria de Bolivia”.

La exmandataria fue detenida junto a dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en la investigación por el derrocamiento de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, Áñez, siendo segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó, primero, presidenta de la Cámara Alta y, posteriormente, presidenta del Estado.

Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), denuncian un “golpe de Estado”, mientras que sus opositores lo niegan y hacen énfasis en que la salida del líder de los cocaleros del Chapare se debió a una movilización ciudadana por un “fraude electoral” en las elecciones del 20 de octubre de ese año, cuando Morales ganó precisamente a Mesa.

Las protestas convocadas por Mesa y el entonces dirigente cívico cruceño Luis Fernando Camacho pusieron a Morales contra las cuerdas, que tomó su decisión también asfixiado por un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude”.

En sus declaraciones a la Fiscalía, sin embargo, Áñez admitió que estaba enterada de las reuniones extralegislativas que al final allanaron su camino al poder y recordó una reunión en la editorial Plural, en la que se abrió la opción de Salvatierra como sucesora de Morales si éste renunciaba, lo que fue consultado con Mesa, que rechazó la opción.

De todas formas, la Fiscalía anunció el domingo que todos los aludidos por Áñez serán convocados a declarar por el caso “golpe de Estado” abierto por la exdiputada del MAS Lidia Patty. Asimismo, el expresidente Morales, tras enterarse de las revelaciones de la exmandataria, acusó a Mesa de ser “el principal golpista” en lo sucedido en 2019.

Eso no es todo. El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que Mesa buscó entonces un vacío de poder para cumplir una “hoja de ruta” que lo beneficie con la convocatoria rápida a elecciones, o sea para llegar a la presidencia. El vocero de Mesa, Jairo Guiteras, negó a La Razón que el jefe de CC haya cumplido algún rol en la sucesión de Áñez. (Sputnik-La Razón)