Muestran que el verdadero alcance de los embates a la democracia por parte de Donald Trump aún está saliendo a la luz y probablemente todavía no se conozca del todo.
Pero esto no es solo un drama sobre el supuesto mal comportamiento de un expresidente. Junto con la negativa del Partido Republicano de responsabilizar a Trump, que sigue siendo la figura dominante del Partido Republicano, por la insurrección del Capitolio y sus esfuerzos a nivel nacional para restringir el voto, las nuevas acusaciones también indican que las libertades y los valores fundamentales que han sustentado el estilo de vida estadounidense durante dos siglos y medio siguen estando en un peligro casi sin precedentes.
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En una de las revelaciones más escalofriantes hasta el momento de las tendencias autocráticas de Trump, el diario The New York Times destapó a última hora del jueves un plan secreto de los fiscales contra los miembros del Congreso que llevaban a cabo la auditoría presidencial.
El Departamento de Justicia, en busca de filtraciones de información clasificada sobre contactos entre asociados de Trump y Rusia, citó a Apple para obtener datos de las cuentas de los demócratas de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, de su personal e incluso de sus familias, entre ellos un menor. En un giro siniestro de la historia, los fiscales también consiguieron una orden de silencio contra Apple, impidiéndole informar a los clientes de que sus metadatos habían sido incautados.
La historia ha conmocionado a Washington y los legisladores se esfuerzan ahora por comprender el alcance de lo que parece uno de los escándalos más graves de una administración anterior impregnada de corrupción política. Si el nuevo drama es lo que parece, daría validez a los temores de quienes sostenían que Trump, o su personal, utilizaba el Departamento de Justicia como un mecanismo personal de imposición política en lugar de como garante del Estado de Derecho. También echaría más leña al fuego a los argumentos de quienes advertían que un segundo mandato de Trump habría puesto aún más en peligro la supervivencia de la democracia de Estados Unidos.
En este caso, los fiscales no investigaban la desastrosa exposición de un sistema de armamento secreto o unos planes de guerra secretos. Según los informes del diario, estaban investigando a miembros del Congreso, entre ellos el representante californiano Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y el representante demócrata Eric Swalwell, también de California.
«Tenías al presidente pidiendo que se investigara a sus oponentes», dijo Schiff en el programa «Cuomo Prime Time» de CNN el jueves. «Un muro de contención tras otro simplemente destrozado por este expresidente poco ético».
Swalwell, que dijo a CNN el jueves por la noche que le habían notificado que sus datos habían sido incautados, dijo a Jim Sciutto de CNN el viernes por la mañana que nunca había filtrado información clasificada y expuso por qué los ciudadanos deberían preocuparse.
«Esto se trata de los estadounidenses de a pie que no quieren ver cómo su gobierno arma a las fuerzas del orden contra ellos debido a sus creencias políticas», dijo Swalwell.
Por qué es tan importante
La razón por la que resulta tan importante este último episodio es que parece mostrar al poder ejecutivo del gobierno ejerciendo el poder presidencial para atacar al poder legislativo, y a los enemigos políticos personales del presidente. Sería difícil encontrar un abuso más claro y flagrante del poder presidencial. Este comportamiento no solo supondría una perversión del papel fundamental del Departamento de Justicia para garantizar la aplicación neutral y apolítica de la justicia, un requisito clave para una sociedad democrática. También supondría un reflejo de las acciones de los autócratas de todo el mundo, muchos de los cuales Trump admira abiertamente.
Además, todo esto ocurría en un momento en que Trump despotricaba contra un «Estado profundo» de profesionales y funcionarios de inteligencia y mientras mentía repetidamente. Y la única razón por la que las revelaciones surgen ahora es que las órdenes para silenciar sobre esta y otras investigaciones iniciadas por la anterior administración están expirando y no están siendo renovadas por el Departamento de Justicia de Biden.
En la primera reacción del gobierno de Biden ante las cámaras el viernes, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, calificó los informes de «atroces».
Durante una aparición en MSNBC desde Cornwall, Inglaterra, Bedingfield sugirió que el presidente Joe Biden tiene una «relación muy diferente» con el Departamento de Justicia que su predecesor, señalando el «abuso de poder» del gobierno de Trump con el departamento, y añadiendo que el Departamento de Justicia de la administración de Biden está «dirigido de manera muy, muy diferente».
Las nuevas revelaciones plantean la cuestión de si existen más alarmantes abusos de poder por parte de Trump que todavía no se han descubierto, una cuestión que aumentará la presión sobre el nuevo fiscal general Merrick Garland para que dé cuentas. La vicefiscal general, Lisa Monaco, pidió al inspector general del Departamento de Justicia que analice el manejo de la investigación por parte del departamento, según dijo este viernes a CNN un funcionario del Departamento de Justicia informado sobre el asunto.
A primera vista, el nuevo escándalo parece merecer un lugar en el panteón de los usos más fuera de los límites del poder gubernamental con fines políticos en la historia moderna de Estados Unidos, incluyendo el escándalo del Watergate que derribó al presidente Richard Nixon y la extensa lista de transgresiones del propio Trump.
Esta última categoría incluye un juicio político por intentar que una potencia extranjera, Ucrania, interfiriera en las elecciones de EE.UU. y otro por incitar a una insurrección de la multitud en el Capitolio de EE.UU. que rompió la tradición de las transferencias pacíficas de poder. Trump trató de amedrentar a los funcionarios del Partido Republicano en Georgia para que anularan unas elecciones justas en 2020, como parte de una campaña de mentiras sobre el fraude que ha hecho que millones de sus partidarios se sientan disgustados por el sistema político de EE UU. Y despidió al director del FBI James Comey y dijo que lo hizo por la investigación sobre Rusia.
Los nuevos informes no son solo nuevos ejemplos de ataques a los guardianes de la democracia de Estados Unidos por parte de la Casa Blanca de Trump. Llegan en el momento en que el mismo objetivo es perseguido por los legisladores estatales del Partido Republicano dificultando el voto y facilitando el robo de elecciones y por los negadores de la insurrección del expresidente en el Capitolio.
En lo que supone otra muestra de la profundidad del ataque a los valores democráticos en Estados Unidos, esta semana se supo que el Departamento de Justicia de Trump obtuvo una orden de silencio para evitar que CNN revelara otra investigación de filtración secreta que afectó a su reportera del Pentágono Barbara Starr. Los periodistas que trabajan para los diarios The Washington Post y The New York Times también han sido informados recientemente de que el Departamento de Justicia de Trump buscó sus registros de correo electrónico y metadatos sin informarles.
Los gobiernos tienen derecho a investigar las filtraciones de seguridad nacional. Y los filtradores, cuya denuncia puede ser necesaria para la rendición de cuentas en una sociedad democrática, saben que se enfrentan a un posible enjuiciamiento por infringir la ley.
Pero no está claro que éste haya sido el caso, y el fundamento de la investigación del Departamento de Justicia es oscuro.
Este hecho por sí solo renovará el escrutinio sobre el exsecretario de Justicia William Barr, cuyo nombramiento inicial fue recibido con alivio en Washington dada la anterior anarquía de Trump, pero que a menudo parecía actuar sobre todo como abogado personal de Trump. En el ejemplo más famoso de esto, tergiversó públicamente el informe de Robert Mueller sobre los vínculos de la campaña de Trump con Rusia y el esfuerzo de intromisión electoral del Kremlin en 2016.
La clave para entender el nuevo caso es saber si está justificada por alguna prueba demostrable de filtración por parte de altos cargos demócratas o si, por el contrario, fue un esfuerzo vengativo de un presidente que presionó constantemente al Departamento de Justicia para que investigara a sus enemigos.
La noción de que la investigación estaba justificada parece verse socavada por el abrumador alcance de las citaciones, que se extienden incluso a los familiares de los congresistas. También parece que la investigación no ha revelado ninguna infracción.
El resultado más concreto de otro escándalo de abuso de poder de Trump puede ser subrayar la verdad sobre la democracia estadounidense revelada una y otra vez por una de las administraciones más corruptas de la historia. Las estructuras del gobierno de Estados Unidos son frágiles y los muros que separan a un presidente de ejercer un poder absoluto, casi monárquico, suelen ser tan fuertes como el respeto del comandante en jefe por la propia democracia. Cuando un presidente aberrante está en el cargo, esas restricciones se vuelven mucho menos eficaces.
Los nuevos informes sobre abusos de poder pondrán a prueba una vez más la constante elección del Partido Republicano de defender el comportamiento extravagante de su expresidente en lugar de defender los principios tradicionales de la democracia de Estados Unidos.
Si la historia reciente sirve de guía, solo hay una forma de reaccionar para la mayoría de los miembros de un partido que se ha entregado por completo al culto a la personalidad de Trump. (CNN)
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