“Cargamos el dolor desgarrador de más de 50 muchachas y muchachos asesinados. Pedimos que no maten más. Que no usen contra la vida las armas del Estado y que atajen los disparos de civiles” fueron las consignas de la Comisión de la Verdad, a través de un documento de tres páginas conocido este lunes en el que aseguran que los miembros de la entidad han vivido como ciudadanos desde los distintos territorios del país los acontecimientos del Paro Nacional. Los pronunciamientos los hicieron a propósito de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia.

“Acogemos con esperanza y confianza plena la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos humanos. Exigimos que se hagan pronto las investigaciones y se castigue a los responsables de todos los lados. La historia de la violencia que analizamos nos enseña que dejar pasar crímenes impunes consolida la incertidumbre y destruye la institucionalidad de la justicia y la democracia”, dijo la entidad en cabeza del padre Francisco de Roux quien añadió que desde la Comisión han sido testigos de todo lo ocurrido en el territorio nacional desde que se adelantan las manifestaciones.

La Comisión de la Verdad está segura de que la llegada de los Comisionados de la CIDH servirá para contribuir al esclarecimiento de hechos que debe hacer la Fiscalía y los jueces. “Pedimos protección para ellos y ellas. En nuestra tarea de esclarecer las verdades de la historia del conflicto encontramos que estigmatizar la movilización social provoca nuevas indignaciones, sobre todo de los jóvenes ante los compañeros asesinados; y constatamos que enfrentar la protesta civil con estrategias de guerra ha empujado la continuación del conflicto armado interno”.

La entidad que fue producto del acuerdo de paz celebrado por el Gobierno Nacional y las extintas Farc es consciente que las movilizaciones masivas registradas durante los últimos 40 días son una fiel muestra de la insatisfacción, hambre y desconfianza de los ciudadanos hacía las instituciones del Estado. “Esto no es subversión armada. Cierto que quedan grupos insurgentes y mafias que pueden aprovecharse de las circunstancias, pero los líderes del Paro han protegido la movilización de esas pretensiones y es irrespetuoso y mal intencionado tratar la protesta colectiva de más de 600 municipios como idiotas útiles de la subversión cuando no hay fundamentos para afirmarlo”.

Tras la negativa, la Comisión expuso que reconoce la preocupación de los ciudadanos, comunidades y empresas afectadas por el vandalismo que ha destruido edificios públicos, infraestructura, negocios pequeños y medianos, centros comerciales y transporte. De ahí que “rechazamos estos hechos que sobre todo perjudican a los sectores populares y destruyen los bienes comunes. Los jóvenes han insistido en que esa violencia no es de ellos y que la utilizan para estigmatizarlos. Estos actos brutales también tienen que ser

Para la entidad, las manifestaciones han puesto en evidencia que las formas como se da el “modelo económico” en Colombia profundizan la exclusión y el racismo y generan una desigualdad que deja a la mitad de los colombianos en la pobreza, a multitudes campesinas sin tierra y a millones de jóvenes sin educación, empleo ni esperanzas hasta llevar a algunos a tomar el camino del mundo del crimen. Con todo lo anterior, la Comisión es consciente que los bloqueos de carreteras y ciudades han mostrado la determinación de los jóvenes y de las comunidades populares, indígenas y afro a no aceptar situaciones que, a su juicio, está cargado de injusticia.

Si bien, para la entidad dirigida por De Roux es claro que los bloqueos nacionales indefinidos llevan al mismo tiempo costos para el pueblo en alimentación, salud e incluso genera pérdidas de bienes para toda la sociedad que no pueden seguir acrecentándose. Son conscientes que la comunidad requiere de los espacios convocados para mostrar su insatisfacción frente a las directrices que ha tomado el Gobierno Nacional. “El bloqueo fue un medio para conseguir un fin. El fin está ya en marcha en la ruta hacia el pacto social por un nuevo país que han emprendido los indígenas, afros, campesinos y universitarios”.

El análisis de las causas del conflicto, a juicio de la Comisión, los ha enseñado que una vez que se mete la violencia de asesinatos, odios y venganzas la confrontación convertida en un fin en sí misma lleva a la degradación y la deshumanización y se naturalizan violaciones salvajes a los derechos humanos. Por eso, según la entidad, es necesario que el gobierno acoja las garantías de dialogo que pide el Comité Nacional del Paro y que éste no se pare de la mesa e inicien ya la negociación impostergable. De ahí que considere importante que delegados del Comité de Paro dialogue con la mesa de trabajo establecida por los jóvenes en cali, lugar donde lo actos vandálicos se han agudizado.

 “Constatamos con preocupación la manipulación que se hace a través de las redes cuando se incentiva la rabia contra otros, o cuando se propaga el miedo para llamar a acciones de fuerza o generar emociones que lleven a votar con ira en las próximas elecciones. Este es un momento que pide responsabilidad personal y respeto para no dejarse manipular ni manipular a otros. Estamos convencidos de que el espíritu de dignidad y justicia que se expresa en esta manifestación ciudadana nos llevará, en la escucha y el diálogo y a una democracia más profunda e incluyente donde nadie sea considerado como enemigo y todos y todas disfrutemos de las condiciones para vivir plenamente como seres humanos”, expuso la entidad. (El Espectador)