“Ayer, la expresidenta constitucional de Bolivia prestó su declaración informativa de manera amplia sobre las imaginarias y fantasiosas nuevas acusaciones del gobierno del MAS”, escribió la exmandataria, encarcelada desde el 13 de marzo de este año.

A instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, Áñez fue acusada inicialmente por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el llamado caso “golpe de Estado” cuyo proceso está foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”.

Sin embargo, en el transcurso del proceso, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, solicitó la acusación contra Áñez por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en razón de la sucesión ocurrida dos días después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

El 12 de noviembre, la exsenadora de Unidad Demócrata (UD) se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores, primero, y mandataria transitoria, después, en sendos actos sin resolución ni quorum, menos asistencia de la bancada mayoritaria del MAS.

Otros procesos fuero adicionados a petición del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. La exmandataria detalló esos juicios por “anticipación y prolongación de funciones, asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes y seducción de tropas”.

Áñez, junto a otros 16 colaboradores suyos, es requerida también como testigo en el proceso seguido en Estados Unidos y Bolivia a raíz de la detención de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusado de sobornos e intento de lavado de dinero.

En 2019, el exministro propició la compra de material antidisturbios a un costos de $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones resultaron sobreprecio para el pago de sobornos a funcionarios bolivianos, entre ellos Murillo, por parte de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions.

¿Golpe o no? A los hechos

Algún día habrá terminado esta disputa ideológica sobre si hubo o no golpe de Estado en 2019. Por el momento, esas diferencias han vuelto a poner en vilo al sistema político nacional, que precisamente ayer se enfrentó incluso a puños durante la interpelación al ministro Eduardo del Castillo a raíz de la detención de Jeanine Áñez.

¿Fue golpe el que desembocó en la renuncia de Evo Morales? Los detractores de la hipótesis defienden la versión de que no fue así, que Morales sucumbió debido a un “monumental” fraude, que renunció por cuenta propia y que fue “el pueblo” el que terminó con su destino.

Luego de las fallidas elecciones de aquel año, una sucesión de hechos puso en duda la teoría negacionista del golpe o el quiebre institucional, como quisieran matizarlo quienes aceptan el hecho pero no se animan a decirlo con sensatez.

Ya meses antes de las elecciones, cierto funcionario de la Embajada de Estados Unidos difundía en sus encuentros con los medios de información una encuesta que señalaba que el 72% de los bolivianos cree que en octubre “va a haber fraude”.

Meses antes también Luis Almagro se había “ganado la confianza” de Morales para conseguir que una misión de la OEA asista a los comicios. Fue llamativo el cambio de actitud del uruguayo cuando incluso consideró que Morales tenía el derecho de asistir a una repostulación, meses después de haber cuestionado el fallo del Tribunal Constitucional que habilitó al entonces mandatario para las elecciones o la negativa de Morales de respetar los resultados adversos del referéndum de 2016.

Almagro se convertiría luego en la pieza clave de la caída de Morales. ¿Narrativa? No, hechos reales.

Luis Fernando Camacho, entonces líder cívico cruceño, apareció en escena también. Fue quien motivó el motín de la Policía Boliviana, invocó a las Fuerzas Armadas (“Fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan”, admitió después) y horas antes de la dimisión de Morales plantó en el Palacio de Gobierno una Biblia, una bandera y una “carta de renuncia” de Morales.

Morales renunció luego de varios actos previos de desobediencia de parte de, primero, el comando de la Fuerza Aérea y otros jefes militares. Y, finalmente, fue el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas el que le pidió renunciar, en absoluta violación del principio constitucional de subordinación.

Horas antes, varios ministros, legisladores y un gobernador, incluso su hermana, habían sufrido amenazas, presiones, ataques y quema de sus viviendas. El caso de César Navarro fue grave: lo amenazaron de muerte para obligarle a renunciar, lo presionaron con la vida de su sobrino si no tomaba esa decisión y quemaron su casa.

Fue llamativa también la renuncia de la línea de sucesión: Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, tenía orden de aprehensión, y a Víctor Borda, de Diputados, le quemaron su vivienda en Potosí. Rubén Medinaceli también sufrió amenazas.

La “sucesión” no consideró la Constitución ni los reglamentos legislativos. Fue definida en una reunión extralegislativa en la Universidad Católica bajo un argumento “lo más cercano posible a la Constitución”, como diría luego Waldo Albarracín, y con personalidades sin función pública.

La noche del domingo de la renuncia, Áñez ya se sabía presidenta. Al día siguiente llegó a La Paz bajo una cápsula presidencial y en la noche conminó a las Fuerzas Armadas a salir a las calles. Prometió ese día promover la lectura de las renuncias de Morales y de Álvaro García. Mientras, Carlos Mesa exhortaba a los políticos de oposición a garantizar para el acto de sucesión la instalación de la Asamblea Legislativa, para no darle pretexto al MAS de posicionar la idea del golpe de Estado. No ocurrió así, como se demostró después.

El 12 de noviembre, luego de suspender una sesión de la Cámara de Senadores, Áñez se hizo de la titularidad del cargo. Minutos después, se proclamó presidenta en un acto en el que no hubo resolución ni quórum, menos presencia de la bancada de los dos tercios del MAS.

Solo un discurso hegemónico niega esos hechos, y en esto muchos medios de información, analistas y periodistas “independientes” juegan un rol importante.

¿Hubo golpe o no? Los hechos muestran que sí, aunque con eufemismos. La historia tendrá su palabra, más allá de que Morales no tenía la legitimidad para ser candidato aquel fatídico año. (La Razón-Bolivia)