La cartulina blanca, de tres por cuatro pulgadas, lleva el logotipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y contiene algunos datos clave, incluido el nombre del destinatario, la fecha de nacimiento y el tipo y número de lote de la inyección administrada. Sin embargo, el país está convulsionado por el debate sobre la información que ésta posee y si se convertirá en la base para los pasaportes de vacunas emitidos por el gobierno. ¿Podrían esos pasaportes dictar dónde trabajamos y jugamos, si podemos ir a la escuela o cómo viajamos? ¿Quién tendría la autoridad legal para emitirlos o exigir su uso? ¿Los datos que los respaldarían serían precisos y seguros? ¿Sería intrínsecamente injusto un sistema que involucre el uso de pasaportes de vacunas? Las respuestas a estas preguntas se complican por el sistema federalista de Estados Unidos, que faculta a los estados y condados a tomar la iniciativa en las políticas relacionadas con la salud pública. Más allá de eso, los estadounidenses valoran sus libertades personales y desconfían de las acciones gubernamentales que las restringen. Todos estamos ansiosos de que la pandemia termine para que las empresas puedan reabrir sus puertas, a fin de poder viajar y relacionarnos libremente, y la vacunación masiva es la única forma de llegar a esa instancia sin cientos de miles de muertes más. Un regreso seguro a la vida como la conocíamos puede depender de los registros de vacunación, y tener una forma de prueba de ello sería, al menos, una conveniencia. Si esto se convierte en un requisito para reincorporarse al mundo, es más controvertido. A continuación, un análisis más cercano a los pasaportes de vacunas y por qué su uso se ha vuelto tan polémico. ¿Existen los pasaportes de vacunas? Hasta cierto punto. Por ahora, todas las personas vacunadas en EE.UU obtienen esas tarjetas de los CDC, que luego son guardadas en billeteras, colocadas en las mesitas de noche y, a veces, compartidas en las redes sociales. La información que contienen estas tarjetas es recopilada por los registros estatales de vacunación. Todos los estados y territorios, excepto New Hampshire, han tenido durante mucho tiempo un sistema para rastrear las vacunas infantiles, y todos -incluido New Hampshire- ahora comparten sus datos de vacunación contra el COVID-19 con los CDC. Eso es lo que le permite al gobierno federal rastrear cuántos estadounidenses se han vacunado, junto con algunos detalles demográficos. En este momento, solo un estado, Nueva York, ha dicho que emitirá un “Excelsior Pass” (Pase Excelsior) a los residentes vacunados contra el COVID-19. Impreso o descargado en un dispositivo digital, el pase “avalará una reapertura segura” de Nueva York y se utilizaría “según sea necesario para acceder a los principales estadios y arenas, recepciones de bodas o eventos que superen el límite establecido para las reuniones sociales”, según el gobernador Andrew Cuomo. El pase, una versión del Digital Health Pass (Pase digital de salud) de IBM, haría que los datos de los resultados de las pruebas o la vacuna contra el COVID-19 fueran presentables sin la necesidad de compartir otra información personal o médica. La Unión Europea (UE) planea emitir “Certificados Verdes Digitales” a mediados de junio. Estos permitirían a los residentes de la UE descargar pruebas de vacunación contra el COVID-19, una infección pasada o resultados de pruebas. Israel ya ha emitido un “pasaporte verde” que permite a los vacunados concurrir a restaurantes y asistir a reuniones públicas que están prohibidas o limitadas por los aislamientos. ¿Puede el gobierno exigir pasaportes de vacunación? Los estados tienen amplia libertad para establecer reglas sobre dónde y cuándo se requiere prueba de vacunación y bajo qué circunstancias se pueden emitir exenciones. El gobierno federal, no tanto. La semana pasada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la administración Biden no emitiría pasaportes de vacunas. “El gobierno no apoya ahora, ni apoyará, un sistema que exija que los estadounidenses porten una credencial”, enfatizó Psaki a los periodistas. “No habrá una base de datos federal de vacunas ni un mandato federal que exija que todos obtengan una única credencial de vacunación”. Eso es bueno, ya que una exigencia a nivel federal sería “cuestionable legalmente, y no hay muchos precedentes de ello”, indicó Lawrence Gostin, experto en leyes de salud pública de la Universidad de Georgetown. “Los poderes obligatorios son el tercer carril de la política en Estados Unidos. Por eso, el gobierno federal quiere mantenerse bien alejado de cualquier cosa que sugiera que está obligando a la vacunación”, comentó. Pero puede ser difícil librarse de cierta participación federal, advirtió el Dr. Marcus Plescia, director médico de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales. “Me sorprendería que no tuviéramos órdenes o expectativas federales en torno a los viajes internacionales”, manifestó. La inmigración y el control fronterizo son responsabilidad del gobierno federal, y las personas que vienen a Estados Unidos desde otros países podrían tener que presentar pruebas de vacunación, indicó Plescia. De manera similar, a los estadounidenses que viajan a países donde el coronavirus continúa circulando se les puede solicitar que demuestren que no ingresan el virus consigo al volver. El gobierno federal también tiene un papel crucial en el apoyo a los sistemas estatales de registros de vacunas, agregó. Sin el apoyo técnico, la orientación y la financiación de la salud pública que brinda, los estados se verían presionados a desarrollar un sistema que funcione para las empresas y los individuos que cruzan las fronteras estatales. ¿Pueden los estados exigir prueba de vacunación? Sí. Los estados tienen el poder de exigir vacunas en interés de la salud pública, requerir prueba de ello y especificar las circunstancias bajo las cuales se otorgarán excepciones, comentó Gostin. La Corte Suprema ha confirmado repetidamente su autoridad para exigir la inmunización contra las enfermedades infantiles para la asistencia de los niños a las escuelas y para el empleo en sectores donde el riesgo de infección es alto, incluso en los hospitales, añadió. Los poderes de los gobiernos locales para exigir la vacunación derivan principalmente de una decisión judicial de 1905, dictada durante la epidemia de viruela, hace 115 años. En 1902, la ciudad de Cambridge, Massachusetts, exigió que sus residentes fueran vacunados contra la enfermedad altamente infecciosa o pagaran una multa de $5. Un ciudadano demandó a Massachusetts por la ley, argumentando que infringía sus libertades. En respuesta, la Corte Suprema dictaminó que “los derechos del individuo pueden en ocasiones, bajo la presión de grandes peligros, estar sujetos a tal restricción y ser controlados por regulaciones razonables que la seguridad del público en general pueda exigir”. “Una comunidad tiene derecho a protegerse contra una epidemia que amenaza la seguridad de sus miembros”, escribió el juez John Marshall Harlan en un fallo por 7-2. Si los estados utilizarán esos poderes, y cómo lo harán, posiblemente sea dispar. Así como los gobernadores han restringido las operaciones de los establecimientos comerciales y puesto límites al tamaño de las reuniones, podrían hacer que la prueba de la vacunación sea una condición para reanudar las actividades. Algunos estados lo descartaron. Los gobernadores republicanos Greg Abbott, de Texas, y Ron DeSantis, de Florida, dijeron que prohibirían el uso de pasaportes de vacunas por parte de cualquier entidad en sus estados, incluidas las empresas privadas. Para Gostin, las prohibiciones generales como esas probablemente enfrentarán objeciones legales. No solo van en contra del rol del estado en la toma de medidas positivas para proteger la salud pública, señaló. También evitan que las entidades privadas tomen medidas para proteger a sus empleados y clientes de infecciones. Y el derecho de las entidades comerciales y asociaciones privadas -desde tiendas y restaurantes hasta universidades y hospitales- de proteger a sus empleados y clientes de daños es muy amplio, alegan los expertos. ¿Pueden los empleadores privados exigir una vacuna? Pueden y ya lo han hecho, informó Joanne Rosen, experta legal y profesora principal de políticas y gestión de la salud en el Centro de Derecho y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. Si bien un empleador debe tener una “base razonable” para exigir el requisito, ello es común, comentó Rosen. Los hospitales y las instalaciones de atención a largo plazo ahora requieren de forma rutinaria que su personal se vacune cada año contra la gripe. Incluso si ni el estado ni el condado lo han exigido, estas exigencias de los empleadores pueden defenderse en los tribunales porque los empleados tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades prevenibles con vacunas y porque realizan tareas con personas especialmente vulnerables a las infecciones. ¿Es justo exigir un comprobante de vacunación contra el COVID-19? Tanto legal como éticamente, tal imposición sería difícil de defender ahora, cuando la vacuna no está igualmente disponible para todos. La inmunización como condición indiscutible para cualquier actividad perjudicaría a aquellos que aún no son elegibles, por ejemplo quienes son demasiado jóvenes para recibir las vacunas con autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Además, en las actuales condiciones de escasez, se podría decir que tales mandatos tendrían un efecto discriminatorio en las comunidades de bajos ingresos y para los grupos étnicos que enfrentaron obstáculos para vacunarse. Para resistir los desafíos legales, cualquier orden de vacunación tendría que demostrar que el acceso a las dosis y a los registros que lo demuestren es justo, gratuito y fácil, detalló Gostin. El gobierno federal tildó una de esas casillas al asumir el costo de la vacunación y, más recientemente, al financiar los planes de distribución estatales. A medida que las dudas por la vacuna entre las comunidades de color comiencen a ceder y la distribución en las comunidades desfavorecidas gane terreno, estas preocupaciones sobre la equidad “desaparecerán”, señaló Plescia. Sin embargo, exigir pasaportes de vacunas sería casi imposible siempre que las del COVID-19 sean dispensadas bajo una autorización de uso de emergencia de la FDA. Hasta que obtengan la aprobación formal de la agencia, todavía se consideran “de investigación”. Por lo tanto, la renuencia de un individuo a aplicársela por razones de seguridad probablemente no sería motivo para negarle nada. La medida que concedió a la FDA el poder de otorgar una autorización de uso de emergencia requiere que quienes reciben tal producto sean informados “de la opción de aceptar o rechazar la administración”. Ello surgió cuando el ejército de EE.UU quiso obligar a sus miembros a inmunizarse contra el ántrax. A pesar de una variedad de maniobras legales, el estado de investigación de la vacuna aseguró que no se pudiera exigir a ningún miembro del servicio aplicársela en contra de su voluntad. (Los Ángeles Times)