La Jurisdicción Especial para la Paz les cerró la puerta, en segunda instancia, a los exfiscales Fabio Augusto Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, el primero investigado y el segundo condenado a ocho años de prisión por interceptar ilícitamente las comunicaciones de un líder sindical de Avianca. La JEP basa su decisión en dos razones. La primera es temporal. El tribunal, que tiene competencia para investigar y juzgar hechos cometidos antes del 1° de diciembre de 2016, no pudo establecer que las conductas que les son atribuidas a Martínez y Gómez efectivamente hayan sucedido antes de esa fecha, sino entre 2017 y 2018. La segunda es que los espionajes no estaban relacionados con el conflicto armado. Los exfiscales, entonces, no podrían acceder a los beneficios de la JEP, como la libertad condicionada y las sanciones. Sin embargo, lo que Martínez y Gómez les han dicho a las víctimas del conflicto armado de regiones como Urabá y Cauca dista de la decisión de la JEP. “Nosotros vamos a aportar información relacionada, que vivimos y que al formar parte de estas organizaciones del Estado podemos dar testimonio sobre la forma en que de manera sistemática se desarrollaron actividades propias de un régimen opresor, con aparente legalidad, a través de diferentes instituciones de seguridad y de investigación”, fueron las palabras de los exfiscales en una comunicación dirigida a víctimas presentes en la Cena de las Memorias en Turbo (Antioquia), en la que se conmemoraron los 24 años de las operaciones Génesis y Cacarica, la primera militar y la segunda paramilitar, que causaron el desplazamiento de alrededor de 4.000 personas del territorio colectivo de Cacarica, en Riosucio (Chocó), en febrero de 1997. En esta ocasión estaban presentes líderes y lideresas de procesos de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas de Urabá, Cauca, Putumayo, Montes de María y otros sitios, acompañadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, así como varios responsables del conflicto: exparamilitares, exguerrilleros y exmilitares investigados por ejecuciones extrajudiciales. En ese espacio se conocieron las intenciones de aportar verdad sobre presuntas actuaciones dentro de la Fiscalía General de la Nación, como seguimientos y perfilamientos, contra varios procesos comunitarios y líderes, incluso desde los años 90. “Para el caso de la Fiscalía, como ente investigador de los fenómenos de criminalidad, esta actúa de la mano de los organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas, que a su vez cohabitan con los grupos armados en las regiones como una forma de permanencia pacífica que justifica su coexistencia. Por ello, el control y los esfuerzos por mantener el orden público recaen sobre localizar y controlar las voces de líderes y personas de la comunidad que hacen sentir sus voces de protesta social justificada por el abandono, la represión militar y la falta de oportunidades en todos los aspectos”, dijeron. Luego, en su comunicación también se explica cómo ocurren esos controles. “(Los líderes) al llamar la atención perturban la coexistencia y son señalados, y luego identificados por las fuerzas que operan en la región, estas sean legales o ilegales, y por ello terminan siendo asesinados y ligados como justificación a grupos armados ilegales que existen en la región. Y para ello se justifica con la existencia de un grupo de limpieza social responsable de acallar cualquier brote de insubordinación en los territorios influenciados”. Danilo Rueda, director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que ha acompañado a varias de estas comunidades desde hace dos décadas, calificó esta información como novedosa, pues hasta ahora ninguno de los responsables con los que han trabajado en festivales de memoria y reconocimientos privados de verdad y responsabilidad, había hablado sobre “cómo se utilizó un aparato para la justicia para la persecución y la destrucción de procesos comunitarios en diversos territorios, desde la década de los 80”. Precisamente, la Comisión durante varios años ha denunciado intimidaciones, amenazas y restricción a la libre movilización de líderes de distintas zonas. Incluso, en 2003, un grupo de líderes de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (CAVIDA), así como integrantes de la Comisión fueron señalados como criminales, tras una operación militar de inteligencia articulada, en ese entonces, con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La trayectoria de los exfuncionarios Martínez y Gómez hace pensar a las víctimas que sí pueden aportar información valiosa sobre perfilamientos, seguimientos y montajes. Martínez, por ejemplo, trabajó durante 32 años en el ente investigador, desde cuando era la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Hizo parte del DAS desde 1981 y luego en la Policía Judicial, la DNIC y el CTI de la Fiscalía, y en sus últimos 14 años en la institución se desempeñó como fiscal. Gómez, por su parte, comenzó su formación como agente estatal en 1985, cuando fue integrante de la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Luego se retiró e integró un grupo de la CIA y, en 1994, entró a la Fiscalía. “Por la falta de experiencia de muchas áreas, fui el creador de las salas de interceptación a nivel nacional tanto de telefonía fija como de telefonía celular”, manifestó en su comunicación a las víctimas. Las comunidades, acreditadas en los casos 04 sobre la situación territorial en Urabá y 05 sobre Cauca, recibieron una segunda comunicación por parte de los exfiscales, pero esta vez en Bogotá hace dos semanas. En esa ocasión Martínez y Gómez reiteraron sus ofrecimientos. Esa verdad, que la gente dijo que espera, sigue en el tintero. Para Danilo Rueda esta verdad es clave para las víctimas porque, según él: “Las operaciones de inteligencia militar definieron como blancos legítimos a pobladores que cometieron como único delito el ser y el ejercer un liderazgo social, ambiental y territorial, esa información y esas técnicas de montaje de pruebas y de cómo realizar seguimientos a las personas las tienen estas personas. Y, además de decir la verdad, tienen la posibilidad aun de que las pruebas que se encuentran en su conocimiento puedan ser custodiadas por la JEP”. (El Espectador)