El conflicto entre israelíes y palestinos se adentra en un marco desconocido hasta ahora tras el anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de «lanzar una investigación sobre la situación en Palestina». La fiscal jefa Fatou Bensouda emitió un comunicado en el que aclaró que «la investigación abarcará crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte que supuestamente fueron cometidos (...) desde el 13 de junio de 2014«, pidió colaboración a todas las partes y aseguró que »nuestra preocupación principal serán las víctimas de los crímenes, tanto palestinas como israelíes». La Autoridad Nacional Palestina (ANP) aplaudió la decisión, mientras que el Estado judío la tachó de «puro antisemitismo» al tiempo que alertó a «cientos» de israelíes de que pueden ser acusados de crímenes de guerra. La lista va desde el primer ministro, hasta el jefe del Ejército y altos mandos de las unidades principales. Después de seis años de pesquisas y apenas unas semanas después de declararse competente para investigar crímenes de guerra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental, la CPI lanza este nuevo proceso que tratará de aclarar si Israel y Hamás cometieron crímenes de guerra en la 'Operación Margen Protector' de 2014 contra Gaza, la política de expansión de asentamientos y la respuesta del Ejército israelí a las protestas de la Marcha del Retorno, organizadas en Gaza desde marzo de 2018 a diciembre de 2019 y que dejaron 183 manifestantes muertos y 6.106 heridos, la mayoría con disparos en las rodillas, recogen los datos de la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Pese a que un proceso de este tipo puede ayudar a hacer justicia con los civiles israelíes víctimas de los lanzamientos de cohetes por parte de los brazos armados de Hamás o Yihad Islámica, Israel ha intentado por todos los medios posibles evitar que se llegara a este momento. La fiscal jefa ha superado la presión desde el Estado judío o países aliados como Estados Unidos, que se oponen a la investigación y durante la era de Donald Trump le impusieron sanciones cuando intentó procesar a militares estadounidenses por acciones en Afganistán. Netanyahu califica la medida de «puro antisemitismo» y lamentó que «se ha decidido que nuestros valientes soldados que luchan contra los crueles terroristas son en realidad los terroristas». El ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi, rechazó la decisión de la CPI por considerarla «moral y legalmente arruinada». El actual ministro de Defensa, Benny Gantz, que era jefe del Ejército durante la Operación Margen Protector de 2014, declaró el martes que «cientos» de israelíes podrían ser objeto de la investigación por crímenes de guerra. Un mensaje de alerta que tuvo mucha repercusión en los medios locales. En un principio, se espera que los expertos internacionales se centren en altos cargos del Ejército y la política y no en oficiales de bajo rango. En Margen Protector, el Ejército dirigido por Gantz mató a 2.251 personas en los 40 días de ofensiva, la mayoría civiles, según la ONU, y Hamás mató 66 soldados y siete civiles. A Israel no le tranquiliza que Bensouda prometa una investigación «independiente, imparcial y objetiva» y trata de lograr el apoyo de países amigos para que no respeten en el futuro una hipotética sentencia desfavorable. Aplauso palestino La decisión de la CPI es una consecuencia de la vía diplomática para resolver el conflicto que Mahmoud Abbas tomó desde el día en el que llegó al poder. El presidente se negó de manera frontal desde el primer instante a la lucha armada y ha tratado de abrir todos los frentes posibles en el campo de la diplomacia. «Los crímenes cometidos por los dirigentes de la ocupación israelí contra el pueblo palestino, que son crímenes continuados, sistemáticos y generalizados, hacen que la investigación sea necesaria y urgente», indicó la ANP en un comunicado. Hamás, que es uno de los actores que será investigado, también se mostró favorable. Hazem Qassem, portavoz islamista, declaró a Reuters que «es un paso adelante en el camino para lograr justicia» y se mostró tranquilo porque la ley internacional aprueba «la resistencia legítima». (Reuters)